UPL propone una moratoria de dos años para las construcciones administrativas de la Junta

El procurador leonesista en las Cortes, Alejandro Valderas, ha presentado una enmienda al proyecto de ley de medidas fiscales, proponiendo que la Junta deje de construir nuevos edificios administrativos durante dos años. El PP la ha rechazado porque el “Plan de Racionalización del gasto” de la Junta que va a ahorrar 20 millones de euros este año y que fue anunciado en diciembre, ni se ha aprobado, ni se ha presentado aún.
UPL considera que esta ley, como las dos que se van a tramitar en marzo (control presupuestario y presupuesto de la Junta para 2012), van a exigir enormes sacrificios a los contribuyentes. Por esta razón la Junta “debería dar ejemplo en una de las actividades más denigradas por la población: la construcción de gigantescos edificios administrativos, con unos costes de mantenimiento disparatados, que lastran los presupuestos durante años”.
Valderas propone que mientras estén en vigor estas medidas extraordinarias anticrisis, al menos los años 2011 y 2012, la Junta “controle su megalomanía”. “Es inconcebible, que en estos cuatro años de crisis, la Junta haya continuado construyéndose macro-edificios, de muy difícil justificación social mientras en las Cortes se nos dice que no hay dinero para mejoras o nuevos edificios sanitarios, educativos o sociales”.
En 2011 la Junta inauguró varias sedes nuevas: Consejo Consultivo (Zamora, 7.000.000 €); Federación Regional de Municipios y Provincias (Valladolid, 6.000.000 €); Procurador del Común (León, 3.200.000 €); empresa pública de minería SIEMCALSA (Boecillo, Valladolid 1.400.000 €) y muchos más, con costes disparatados que pudieron ser más moderados. El presupuesto prorrogado prevé 60 millones de euros para nuevas sedes, en los apartados de Cylsopa y Provilsa. Tan sólo en los tres últimos años, la Junta ha presupuestado 250 millones de euros para grandes edificios.
Recientemente ha surgido la polémica por los excesivos costes de mantenimiento del edificio de las Cortes. Aunque es notorio que las Cortes están ahorrando de forma muy seria, hay unos gastos de mantenimiento de los que es difícil prescindir, según explica Valderas. El coste del edificio inaugurado en 2007, ha sido de 95 millones de euros (según el tomo de “inversiones reales” del presupuesto de la Junta 2011). Como todos estos grandes edificios, buena parte de la obra se debe aún; en este caso se pagan dos millones al año y su mantenimiento anual es carísimo: 500.000 euros en “obras”; 300.000 energía eléctrica; 150.000 “mantenimiento de instalaciones”; 200.000 “red de comunicaciones”; 500.000 “comunicaciones”; 600.000 “seguridad”, etc.
“La próxima reagrupación de entidades dependientes de la Junta, debería dejar disponibles muchos espacios y sedes especialmente en Valladolid donde se concentran en 90% de ellos. Siguiendo la nota de prensa que describía el supuesto 'Plan de racionalización del gasto corriente', la Junta puede obtener recursos de la venta o alquiler de estos locales innecesarios”.
En todo caso, UPL invita a la sociedad a pronunciarse sobre la conveniencia de una moratoria en la construcción de grandes edificios de oficinas para la Junta.