UPL se opone al nuevo mapa judicial
Desde la UPL manifiestan su total y absoluto rechazo al informe del CGPJ relativo a la modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial que conllevaría la supresión de diversos órganos jurisdiccionales en toda España.
Entienden los leonesistas que la hipotética desaparición de pequeños y medianos juzgados va a suponer otro importante y gratuito impacto negativo en la economía de estas zonas rurales al perderse todos los puestos de trabajo que directa e indirectamente genera cada oficina judicial, desde funcionarios adscritos al mismo como quienes desarrollan sus funciones en estas labores jurídicas tales como abogados, procuradores, peritos judiciales, etc.
Según UPL todo ello a cambio de nada, “en una época en la que los poderes públicos aprovechan la situación de crisis y de déficit presupuestario, por ellos mismos generado, para eliminar servicios y puestos de trabajo en las zonas más deprimidas. Y, encima en el medio rural, y a la vez que se les llena la boca a algunos dirigentes cuando hablan de Planes de desarrollo para estas zonas y de generación de empleo en las mismas”.
Para UPL es necesario “realizar un estudio económico que refleje realmente si la supresión de juzgados va a suponer un ahorro para las arcas públicas lo suficientemente importante como para motivar la destrucción de una cantidad tan importante de empleos, directos e indirectos, en el medio rural”. “Y todo sin tener en cuenta la saturación que presentan juzgados como el de León que, a pesar de no tener muchos años ya se han quedado pequeños y no podrían asumir toda la actividad de Astorga, La Bañeza, Cistierna y Sahagún. Aunque, teniendo en cuenta la falta de previsión que demuestran habitualmente los poderes Estatales y Autonómicos probablemente veremos un montón de funcionarios apiñados en la capital y los edificios de las otras localidades en desuso o para fines innecesarios”.
Finalmente, desde la Unión del Pueblo Leonés recuerdan a la Junta de Castilla y León, a su Presidente y a su Consejero de Presidencia que es su partido, el Partido Popular, el que gobierna en España y el que toma las decisiones sin consultar a nadie.
Por ello, consideran, que “no nos sirve que en Valladolid emplee un discurso ambiguo hablando de fijar población en el medio rural, de Agenda de Población a la vez que se suprimen servicios en los pueblos”.
