UPL en Villaquilambre abandonará al alcalde si hay imputados y éste dice que “todo son chascarrillos de terceros”

“Si el señor alcalde, la concejala o el funcionario aparecen como investigados, dejaremos de pertenecer al equipo de Gobierno”. Con estas palabras el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, el ex regidor Lázaro García Bayón, marcaba lo más interesante del Pleno de Villaquilambre en la que la oposición pidió reiteradamente “responsabilidades políticas” al alcalde actual del PP, Manuel García, por el registro del Ayuntamiento dentro de la Operación Enredadera en la que fue llevado a comisaría junto a un funcionario y la concejal de su partido Mónica Varón.

Una sesión plenaria que se produjo a las 8:15 de la mañana después de un día de fiesta como el 15 de agosto, pero que no fue obstáculo para que se abarrotara de público crítico el Salón de Plenos; pese a que muchos ciudadanos de la provincia aún estarían volviendo a sus casas tras una notoria noche de fiesta.

Un madrugador y disperso pleno que recordó a los que tenía acostumbrados Villaquilambre en otras épocas, en el que invervinieron cinco grupos (el acalde en nombre del PP, PSOE, UPL, IU, UPyD y Ahora Villaquilambre) pero que comenzó con una extensa exposición de motivos de la concejala no adscrita Carmen Pastor (expulsada del Grupo de Civiqus-Ciudadanos). Entre los concejales de este municipio hay tres concejales no adscritos, y uno de ellos apoya al Equipo de Gobierno del PP. Hay que recordar que el pleno se compone de 17 concejales y el equipo de Gobierno de ocho (cinco concejales del PP, dos de la UPL, uno de UPyD y un no adscrito).

Al final, sólo el PSOE y la edil de Izquierda Unida solicitaron la dimisión del alcalde Manuel García y de la concejala de Personal, Régimen Interior, Participación Ciudadana y Recogida de Residuos Urbanos, Mónica Varón; que aparece en las transcripciones telefónicas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de la Operación Enredadera.

Ambas formaciones consideran al regidor responsable último del perjuicio que para el municipio supone verse implicado en una operación anticorrupción que está en manos de los tribunales. Por su parte, Juan José Moro López, el representante de Ahora Villaquilambre (Podemos) y Carmen Pastor (no adscrita) reclamaron la dimisión de la edil investigada aunque sin embargo en el caso del alcalde prefieren esperar a que el caso avance para pronunciarse al respecto.

El concejal de UPyD, Miguel Ángel Díez de Celis (que apoya al equipo de Gobierno) pidió explicaciones claras y dijo “sentir vergüenza de que este Ayuntamiento salga en prensa por estas noticias”.

El PSOE preguntó al alcalde si podía garantizar que no iba a aparecer en ninguna conversación de la intervención policial, y el primer edil subrayó que hasta la fecha él no protagoniza ninguna charla y que son terceros quienes hacen alusiones a su persona. “No se puede hacerme responsable de conversaciones que son todos chascarrillos de terceros”, reivindicó.

El Patatero de Astorga, “un fantasma sin credibilidad”

Manuel García respondió a las preguntas de la oposición en un par de intervenciones en las que mostraba una evidente tensión por el señalamiento al que se le sometía y se refirió veladamente al Patatero de Astorga como “un señor que es conocido por inventarse todo lo que dice, un señor que es un fantasma y pone palabras en mi boca que jamás he dicho, sin credibilidad alguna”.

En esas conversaciones el Patatero, Angel Luis García Martín (que está en prisión provisional) se refiere al regidor del municipio del alfoz de León como 'Manolín', lo cual le reprocharon desde la oposición “porque no es digno que se hable tan familiarmente de quien representa a los ciudadanos de este municipio”; lo que el regidor del PP volvió a negar indicando que él “no sale en todo el sumario de Enredadera, sino que son otros los que hablan por mí y pueden estar mintiendo descaradamente”.

Por todo ello anunció posibles acciones legales contra quienes considere que hayan dañado su honor “cuando termine todo esto”.

Manuel García: “No soy ningún conseguidor, soy honrado”

“No soy ningún conseguidor”, dijo, y sentenció: “No me hace falta, no tengo necesidad. Jamás he estado en ningún negociete ni he sufrido presión de nadie. No me embarraría ni por 12.000 euros ni por 120 millones. Si algo soy es honrado”, defendió después de apuntar en su primera intervención que “aquí podríamos hablar de la ética y moral de todos; vamos a ver si esa línea no la atravesamos porque si no, debería dimitir media España”.

García expresó su deseo de que el proceso judicial abierto “se resuelva favorablemente para las tres personas puestas en duda” aunque incidió en que “si alguien hizo algo que no debía hacer, responderá a los tribunales”.

Sin embargo, sus explicaciones, como era de esperar, no convencieron a la oposición y lamentó lo que calificó como un “juicio paralelo propio de otros tiempos”.

Un contrato con Gespol para gestionar los radares y los tres imputados, el foco político de 'Enredadera'

El pleno en el que la oposición, con manifiesta bisoñez en la mayoría de los casos, pedía explicaciones al alcalde de Villaquilambre por la Operación Enredadera se centraba en la investigación abierta tras el registro durante toda la mañana del 3 de julio del Ayuntamiento y la puesta a disposición policial del alcalde, la edil Mónica Varón y el funcionario responsable del Área de Informática, Jesús de Celis.

Una sesión con dos caras: toda la oposición pidió explicaciones y responsabilidades políticas al alcalde, pero al final nadie deseaba “mal personal a los implicados en todo este asunto”. Una cuestión que muestra que en estos pequeños municipios todo el mundo se conoce y que, pese a que en lo político a veces están tremendamente enconadas las posturas, la idea de que a cualquiera cercano le pueda pasar algo así está presente en todos los ediles de la Corporación Municipal.

Con la sala repleta de ciudadanos, la mayoría de Ahora Villaquilambre e Izquierda Unida —y con la presencia de la diputada de Podemos, Ana Marcello, y la de la procuradora en las Cortes de Valladolid Lorena González Guerrero de la misma formación política y el concejal de León Óscar Fuentes de la Agrupación de Ciudadanos satélite León Despierta—, la tensión y las protestas del público se pusieron de manifiesto cuando comenzó a explicarse el alcalde del PP, que tuvo que mandar callar en varias ocasiones. “Yo he dejado hablar a todo el mundo, así que ahora lo justo es que se me escuche a mí”.

Entre las cuestiones que destacaron fue la cara de pasar un verdadero mal rato durante todo el pleno de la edil Mónica Varón, sobre todo cuando desde Ahora Villaquilambre se preguntaron por qué se encargó de adjudicar a Aplicaciones Gespol el contrato de instalación de un software de gestión policial que tendría que ver con los radares de velocidad que se instalarían en la carretera León-Collanzo (la principal del municipio), “cuando no es ni siquiera la responsable del área de policía”. O por qué ninguno de los informes está firmado por ningún técnico, “ni siquiera el de policía”. O por qué no se había aprobado en Junta de Gobierno o Pleno.

Cosa que no mejoró precisamente cuando el alcalde defendió que “todos esos informes que no están firmados son borradores”, pese a estar publicada su adjudicación en la propia web del Ayuntamiento. Así, queda la duda en el aire de cómo se aprobó esta obra y si pudiera existir alguna imputación más por prevaricación por su extraña adjudicación.

El caso es que las circunstancias de la concesión de este contrato menor —unidas a la transcripción de las palabras de la edil del PP indicando a gente de la empresa que resultó vencedora por ser la única que participó, pidiéndoles que no le mandaran las condiciones de los pliegos por correo electrónico sino que se lo dijeran “de viva voz”— dejaron a Varón a los pies de los caballos. Y como no habló ni respondió en el pleno, ya que se encargó como sustituirla como portavoz del Grupo Popular el mismo alcalde, se veía por momentos cómo soportaba una franca humillación sin poder defenderse.

Otra circunstancia que llamó la atención fue cómo el anuncio del leonesista Lázaro García Bayón de que su grupo abandonaría el Equipo de Gobierno “si se demostrara oficialmente” que o el alcalde o la concejal o el funcionario afectados “estuvieran investigados” se comió el interés de las declaraciones y acusaciones en el Salón de Plenos. El mismo grupo que el PP y PSOE ignoraron durante el primer año de mandato (de lo que se quejó amargamente Bayón) es el que más interesa a día de hoy a los dos grupos mayoritarios de la Corporación.

“No ha habido interrogatorios”, asegura el alcalde del PP

Respecto a la posible imputación como investigados de los que fueron llevados a la Comisaría de León tras el registro del 3 de julio, el alcalde llegó a afirmar que “no hubo interrogatorios”, posiblemente amparado en que se negó a declarar por ser aforado al ser procurador por las Cortes de Castilla y León. Su propio abogado llegó a sugerir en nota de prensa aquel día que se había producido una “detención ilegal”.

Sin embargo, la UPL pareció haber jugado con fuego al afirmar que “si alguno de los tres se demostraba oficialmente que estaban siendo investigados” abandonaría el equipo de Gobierno y se prestaría a “hablar de lo que fuera necesario” con los demás grupos de Gobierno, dejando la puerta abierta a una moción de censura “siempre que hubiera estabilidad institucional en el Ayuntamiento, lo que dependería del candidato, cosa que no es nada fácil”.

Bayón apostó por no desestabilizar el municipio cuando entró a apoyar al PP de Manuel García, pero su rotunda afirmación, a día de hoy, puede provocar precisamente lo contrario. Puesto que si bien el alcalde de Villaquilambre no puede ser juzgado hasta que no lo apruebe el Tribunal Superior de Justicia si así lo solicitaran los jueces de instrucción, lo que no puede negarse es que éste está citado en el Sumario de Enredadera por el Ministerio Fiscal en calidad de 'Querellante' (es decir, como acusación); y que tanto Mónica Varón como el funcionario fueron 'acompañados' a Comisaría, con la edil como protagonista investigada en varias transcripciones del mismo.

Al final el Pleno, con la cantidad de medios de comunicación presentes, comenzó a derivar y dispersarse en acusaciones de todo tipo, en gritos y aplausos del público, —francamente mayoritario en contra del alcalde y con comentarios bastante despectivos sobre Lázaro García Bayón—, con acusaciones cruzadas de todo tipo desde calles que no se hacían bien. Y con cuestiones extemporáneas por cuestiones del centro de Salud o de médicos pediatras que faltaban, que si algunos concejales pagaban o no la guardería y otras cuestiones aprovechando, supónese, que había periodistas presentes y los portavoces podían colar sus cuitas con el equipo de Gobierno. Pero al final no todo puede destacar y en todo el batiburrillo se quedó en el aire lo que más destacó de toda la sesión, aunque no fuera merecedor de titular. ¿Y Mónica Varón qué tenía que decir tras la 'pillada' telefónica que se descubre en las conversaciones pinchadas de 'Enredadera'?

La concejala que aprobó el contrato no habló en la sesión

Que la concejala que llevó adelante el contrato sin ser ella responsable del área de Policía, la que sale hablando ella misma en el sumario de Enredadera para evitar que queden pruebas de lo que se está haciendo, y la que no es aforada y por tanto sí podrá ser considerada investigada en septiembre... no dijera ni Pamplona es algo que pasó clamorosamente inadvertido.

Se 'comería' la lengua durante toda la sesión plenaria cada vez que la interpelaban y le criticaban sus señaladoras conversaciones con los valedores de la empresa que se llevó “el contrato de 12.000 euros” pero Varón no dio una sola explicación.

En septiembre, cuando sea llamada a declarar judicialmente, tendrá que mover ficha la UPL; y lo más probable es que tenga que ser 'jaque' tras lo prometido en pleno. Otra cosa es que sea mate.