Seis alcaldes de la provincia de León ya no gobiernan antes de acabar el año de las elecciones

Un total de seis alcaldes de la provincia de León, salidos de las urnas este mismo año 2023, tras las elecciones municipales celebradas el pasado mes de marzo, no comerán las uvas de Nochevieja con el bastón de mando en la otra mano.

Los poco más de cinco meses que han transcurrido desde que todos los regidores emanados de las urnas tomaran posesión, en el mes de julio, han sido tiempo suficiente para que seis de ellos abandonen sus cargos municipales de máxima responsabilidad, pero por motivos muy distintos dependiendo de los casos.

Así, tres de ellos se han visto forzados a dejar la Alcaldía por diferentes tipos de condenas penales que suponían inhabilitación para ocupar cargo público. Se trata por este orden cronológico de los casos de los alcaldes de Cabañas Raras, de Sena de Luna y de Cuadros, en el alfoz de León capital. Otros dos ya no gobiernan a causa de sendas y madrugadoras mociones de censura, como ha ocurrido en dos municipios del sur de la provincia, Villamañán y Soto de la Vega. Y en un último caso, Grajal de Campos, se ha tratado de una sencilla renuncia personal al cargo.

Los casos más mediáticos han sido los cinco primeros. De aquellos a los que sus delitos, con sentencia judicial, les han conllevado condena de inhabilitación, el primero en el tiempo fue el que apartó a Juan Marcos López (PP) tras la condena de la Audiencia Provincial de León a once años de inhabilitación y seis de prisión por delitos de prevaricación administrativa y gestión interesada relacionados con la adjudicación de una parcela del Polígono Industrial en la que la empresa Clínica Veterinaria Bierzoo SLP, propiedad del regidor y su esposa, construyó un crematorio de mascotas.

Siguiendo su estela, y apurando muchísimo el plazo, otro histórico alcalde del PP, José Celestino García, tuvo que renunciar también a su acta tras comprobarse que había prevaricado al haberse beneficiado a sí mismo de manera personal y directa en la cesión de unos derechos de caza en el año 2019, cuando era al mismo tiempo alcalde, presidente de la Junta Vecinal del pueblo de Robledo de Caldas y directivo de la sociedad Club Deportivo de Caza El Negrón a favor de la que se cedió derechos cinegéticos, como confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial. El PP no impidió antes de las elecciones que se pudiera presentar y tardó semanas esperando a que García renunciara tras su condena por inhabilitación.

Siguiendo esta estela, la oposición en el Ayuntamiento de Cuadros tuvo que instar y forzar con la convocatoria de un Pleno, apurando el año, la dimisión del no menos histórico alcalde de Cuadros, Marcos Martínez Barazón, quien fuera relevante miembro del PP, incluso presidente de la Diputación de León, hasta su detención por la trama corrupta que destapó en 2014 la Operación Púnica de la Audiencia Nacional, continuando después como independiente pero arrasando en las urnas.

En su caso, el alto tribunal le había condenado a ocho años de inhabilitación en una sentencia que, curiosamente, se conoció apenas unas horas después de su último éxito electoral en Cuadros. Y en la misma sentencia, idéntica pena le impuso la Audiencia Nacional a otro alcalde de un municipio leonés, Pedro Vicente Sánchez, que lo es de Puebla de Lillo, y que en su caso continúa en el cargo dado que ni él ha renunciado de motu proprio ni nadie ha instado su expulsión.

En el caso menos mediático, el alcalde recién electo de Grajal de Campos, Jesús Santos González, también del PP, presentaba su renuncia al cargo en octubre aunque en su caso continuando como concejal en una Corporación en la que los populares mantienen la mayoría absoluta alcanzada. Pocas semanas después el bastón de mando lo empuñó su joven compañera en la candidatura Tamara Alonso.

Pero antes de que acabara el año, dos mociones de censura este mes de diciembre han calentado los ánimos de sendos municipios leoneses, y en los dos para que el PP arrebatara las alcaldías, primero en Villamañán y después en Soto de la Vega.

En el primer caso, se la quitó a Unión del Pueblo Leonés (UPL), que ocupaba tras las elecciones Higinio García con apoyo del grupo socialista, pero un concejal tránsfuga del PSOE cambió de bando para convertir regidor al popular Marcos Fernández.

En el Soto de la Vega, el nuevo regidor es José Ángel López, también del PP, tras recabar ahora el apoyo del único concejal de Ciudadanos, que al principio del mandato había sustentado la Alcaldía del socialista Maxi Pérez.