La alargada sombra del carbón: alerta sobre las pensiones mineras
Nuestras comarcas mineras arrastran décadas de declive económico y social que no han logrado revertir las ocho líneas de actuación desplegadas a lo largo de cuarenta años. Ni siquiera la más ambiciosa y estructural de estas políticas, el enésimo intento, la Transición Justa impulsada en 2020, ha conseguido contrarrestar ese deterioro.
Una transición que “no deja a nadie atrás”, después de dejar atrás trabajadores, pueblos, comarcas y provincias. Desde que se puso en marcha, impulsada por cuantiosos fondos públicos, todos los indicadores socioeconómicos han proseguido su imparable deterioro. El programa de Transición Justa está llegando a su fin y todos los retos originales persisten. Entre estos retos sobresale uno del que, sin embargo, apenas se habla. Un reto silencioso, pero que no ofrece incertidumbre alguna. Más bien al contrario, es el más cierto de todos: el cese de las pensiones de la minería por motivos demográficos a lo largo de la próxima década.
El jueves 19 de febrero tuve la oportunidad de trasladar mi preocupación a los alcaldes de municipios mineros de la Comunidad, así como a representantes de la Diputación de Palencia y al delegado del Gobierno en la provincia vecina, en el marco de la Asamblea de la Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León (AMUMI). Agradezco a sus responsables la invitación para impartir la conferencia inaugural.
Si bien llevo algunos meses planteando en distintos foros el debate sobre el impacto del cese de las pensiones mineras, no ha sido hasta fechas recientes cuando me he propuesto cuantificarlo. Todos los datos necesarios son públicos: la Seguridad Social facilita periódicamente el número de pensiones del Régimen de la Minería del Carbón, su cuantía y la edad media de sus perceptores. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística proporciona las dinámicas demográficas, entre ellas, de especial interés, la esperanza de vida en la provincia y la evolución de cada una de las cohortes.
Pérdida anual de rentas de 47 millones de euros
Unos sencillos cálculos conducen a una conclusión que debe ser considerada de forma urgente: León va a afrontar una pérdida anual de rentas de aproximadamente 47 millones de euros, lo que comprometerá más de 13.000 empleos en términos inducidos a lo largo de la próxima década, entre el siete y el ocho por ciento de los ocupados registrados actualmente. Estas rentas pueden verse compensadas por los jóvenes y los migrantes que se incorporan al mercado laboral, pero solo de forma parcial: sus salarios apenas alcanzan la mitad de una pensión de este régimen.
Las políticas económicas han intercambiado la dependencia de la minería por la dependencia de los pensionistas, pero en los próximos diez años muchos de ellos ya no estarán y eso supone una pérdida de capacidad económica que los sueldos de los jóvenes no podrán compensar
El impacto, calculado de forma conservadora a escala provincial por la naturaleza de los datos, va a estar concentrado en las zonas mineras y sus alrededores. A lo largo de estos años, todas ellas han apostado por el sector servicios como refugio apuntalado sobre el envejecimiento de la población. En consecuencia, han intercambiado la dependencia de la minería por la dependencia de los pensionistas. Esta configuración ha originado la tormenta perfecta: una demanda intensiva en servicios de bajo valor añadido sustentada en pensiones que se agotan.
Las pensiones mineras han sido una bendición y una condena. Fueron un colchón para el descalabro, aunque también sirvieron para posponer una parte del impacto cual detonador adherido a los cimientos socioeconómicos de León. Con las pensiones se inició una cuenta atrás que está a punto de finalizar.
Es preciso tomar conciencia de este planteamiento cruel con el objetivo de preparar el futuro y actuar a tiempo.
Quedan pocos años.
Pablo García es profesor de la Universidad de León en Economía y Estadística, miembro del Grupo de Investigación en Economía Aplicada (GIEA)
