El aval del Consejo de Estado a las Juntas Vecinales abre nuevas incógnitas
El dictamen del Consejo de Estado, preceptivo pero no vinculante, analiza la propuesta del Gobierno de reforma de la administración local, formalmente conocido como anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Es un dictamen muy crítico que incluso pone en cuestión la constitucionalidad de varios aspectos de la propuesta.
La Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España ha expresado su satisfacción con el dictamen, al entender que cuestiona el proyecto del Gobierno del PP en argumentos coincidentes con los sostenidos por la Federación y por reconocer que la entidades locales menores son “auténticas entidades locales”. La Federación entiende que el dictamente sostiene que el Estado no podrá modificar la naturaleza jurídica de estos entes, ni su creación o extinción y competencias, al ser materia de las Comunidades Autónomas.
El Consejo de Estado también critica en su informe los criterios señalados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para evaluar el coste de los servicios de estos entes locales, así como el plazo de presentación de cuentas, lo que añade incertidumbre jurídica a la reforma de las administraciones locales.
La Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España muestra su satisfacción por el dictamen del Consejo de Estado que reconoce el valor de las entidades locales menores
Este informe puede ser obviado por el Gobierno a la hora de aprobar el anteproyecto en el Consejo de Ministros pero el propio ministro del ramo, Cristóbal Montoro, había anunciado que esperaría al informe para hacer los ajustes a su propuesta. También el informe se convierte en munición jurídica para la oposición en caso de recurso en los tribunales de la normativa propuesta.
Ahora queda esperar ver qué hace el Gobierno con su propuesta, si la modifica totalmente según el dictamen del Consejo de Estado o lo hace parcialmente para salvar su imagen y cumplir con Europa y su exigente calendario de reformas. Si la mantiene como ha llegado al Consejo de Estado es muy probable que acabe en el Tribunal Constitucional.
Otros puntos del dictamen 567/2013
El Consejo de Estado plantea al Gobierno que la asunción de competencias municipales para cumplir con eficacia y calidad los servicios que se prestan no pasa necesariamente por las diputaciones provinciales, sino que existen formulas alternativas como una mancomunidad o cualquier otra forma de asociación voluntaria de municipios. Esta es una de las observaciones que realiza el alto órgano consultivo en su dictamen al anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que prevé aprobar el Ejecutivo de Rajoy como base de su reforma local.
En su informe, el Consejo es critico con la regulación que realiza la norma elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el coste estándar, que se plantea para medir la eficiencia de un servicio y que supone la pérdida del mismo por parte de los municipios en favor de las diputaciones si no se adecua a unos parámetros mínimos de calidad.
El coste estándar requiere de una regulación más completa, de mayor claridad y coherencia interna ya que la institución consultiva estima que, tal y como figura en la normativa, limita en “exceso” las competencias y la autonomía municipal. Además, considera que el debilitamiento de los municipios se hace con un fortalecimiento de otras entidades locales y en especial de las diputaciones provinciales, sobre las que recuerda que su elección no es directa.
“La aplicación de las medidas previstas en el anteproyecto podría incluso llegar a producir un vaciamiento competencial de los municipios, si bien seguirían existiendo como entidades municipales desprovistas de cometidos que directamente las involucren en asuntos públicos”, advierte el Consejo de Estado en su dictamen.
Coste estándar
En su dictamen, el Consejo de Estado incide en que la “falta de precisión” con que se regula el coste estándar puede provocar un “considerable impacto” en la efectividad de la autonomía local tanto en su contenido como en términos cuantitativos. El alto órgano consultivo ilustra tal aseveración con el ejemplo de que la asunción de competencias y servicios por las diputaciones provinciales en los supuestos de incumplimiento de esa variable por los municipios de menos de 20.000 habitantes afectaría a un 96,19 por ciento de los municipios españoles, es decir a 7.717 de los 8.116 existentes.
“No parece que el mantenimiento de las estructuras de municipios carentes de competencias se compadezca fácilmente con los objetivos de racionalización y eficiencia que impulsa”, sostiene el Consejo, que incide en que se valore la posibilidad de recoger en el anteproyecto otras fórmulas alternativas o suplementarias a las que en él se prevén, más respetuosas con la autonomía municipal y con la estructura de la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que podrían garantizar adecuadamente la efectividad de estos principios procurando un control de costes y la aplicación de economías de escala.
En esa línea, inscribe la posibilidad de regular la asunción de competencias municipales por otra entidad como facultativa en todo caso o como medida condicionada a la comprobación, a través de los oportunos trámites debidamente identificados y regulados en la ley, de su mayor idoneidad -que no necesariamente tiene que ser la Diputación Provincial, sino que también podría ser una mancomunidad o cualquier otra forma de asociación voluntaria de Municipios.
Además del reconocimiento de las mancomunidades y las asociaciones voluntarias de municipios para prestar los servicios, reconoce las entidades locales menores, cuyo mantenimiento se reclama desde Castilla y León y sobre las que el Consejo de Estado habla de “arraigo” en muchos lugares del territorio.
