De Santiago-Juárez pide explicaciones a los que han cambiado de postura en el modelo de financiación tras el acuerdo del PP en 2008

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, asegura que Castilla y León nunca ha cambiado de postura en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica y considera que “los que deben explicar su cambio son otros”.

En una entrevista que publica en su edición de hoy 'Diario de Burgos', explica que la Junta sigue defendiendo el compromiso que adoptó el Partido Popular en la famosa declaración de San Millán de la Cogolla, celebrada en 2008 cuando Mariano Rajoy era jefe de la oposición, en la que todos los presidentes autonómicos del PP decidieron que el tamaño, la densidad de población y el envejecimiento se tuvieran en cuenta, “no por un capricho de Castilla y León ni por un asunto identitario de esta Comunidad, sino porque cuando se dan esas características es mucho más costoso prestar los servicios a la población”.

De Santiago-Juárez cita también de los pasos que sigue su Gobierno para que estas características tengan más peso en el modelo. En primer lugar, recuerda que buscan alianzas con Asturias, Galicia y Aragón, “con peculiaridades parecidas”. Aún así, reconoce que también hay movimientos en las comunidades más pobladas para que la distribución de fondos sea per cápita, pero aboga por alcanzar un “equilibrio, porque ellos también tienen su parte de razón”. En todo caso, advierte que de continuar con esos movimientos corre peligro el principio de solidaridad, que es “constitucional”. “Se rompería toda la estructura de la que nos hemos dotado”, alertó.

Respecto a la reforma local del Gobierno, entiende que otras administraciones pidan más financiación, “pero las funciones las tiene que desarrollar quien mejor pueda hacerlo”. “Parece sensato, por ejemplo, que el mantenimiento de los consultorios locales los hagan los ayuntamientos, en vez de que la Junta asuma esa red de 3.600, sobre todo porque eso sería insostenible”, sostiene de Santiago-Juárez quien, sin embargo, no oculta que si al final traspasan a las administraciones regionales esas funciones que pertenecen por ley a los municipios “tendrá que venir siempre financiación, porque si no se deteriora el modelo”.

Ley de Ordenación del Territorio

Esta reforma local del Ejecutivo central tendrá que convivir en el tiempo con la Ley de Ordenación del Territorio regional, de la que el consejero de la Presidencia reconoce que “lleva algo de retraso” porque ahora la Junta está volcada “en mejorar todavía más la ley estatal”. A su juicio, ambas son “compatibles, pero no están en sintonía, porque la estatal”, aunque se trabaja para que corregirla, “es muy poco sensible con territorios con las características de Castilla y León”.

En la entrevista también rechaza las posiciones de aquellos que “en cuanto saltó la crisis buscaron chivos expiatorios, primero contra los bancos y luego las comunidades autónomas”. No obstante, sí admite que “no todas las comunidades se han comportado igual”, ya que algunas “se han gastado unos dineros en cosas que la Junta entiende que no son prioritarias y ahora se están viendo los resultados”.

Uno de esos ejemplos es Canal 9, la televisión pública valenciana, cerrada esta semana. “Se veía venir por los problemas de déficit y deuda, pero lo que me gustaría destacar es que a raíz de lo que ha pasado con Canal 9, muchas comunidades han dirigido la vista al modelo que tenemos implantado en Castilla y León. Yo creo que es bueno que exista una televisión de ámbito autonómico, porque cohesiona y vertebra el territorio”, sentencia el consejero, quien recuerda que la Junta tuvo la posibilidad de crear un televisión pública similar a la de otras comunidades pero lo desechó ya en época de bonanza.

En este sentido, asevera que el Gobierno regional prefirió no dedicar tanto dinero a ese fin, pero sin renunciar a una televisión regional, por lo que se creó un nuevo modelo. “Gracias a la generosidad de dos empresarios, que ya tenían dos redes que cubrían el territorio, y al apoyo de todos los grupos políticos que cada año aprueban el contrato-programa”, subraya el consejero, quien relata que la ayuda que la Junta da a RTVCyL es para cubrir acontecimientos vitales para la comunidad. “Éstas son las garantías del funcionamiento de RTVCyL y lo que ha hecho que muchas comunidades se fijen en este modelo de gestión”, asegura.

Peso de Castilla y León en Madrid

Durante la entrevista, de Santiago-Juárez habla también del peso que la Comunidad tiene para el Gobierno central. Así, admite que en unas cuestiones “hacen caso y en otras no”. Recuerda que la Junta fue crítica desde el primer borrador de la reforma local que prevé el Gobierno de España o también por Garoña. “No es que las cosas nos gusten mucho como están, pero sin no hubiéramos mostrado nuestro rechazo ahora estarían mucho peor. En ambos casos ha habido una labor callada y constante de Herrera”, señala el consejero, quien afirma que públicamente se conoce una o dos reuniones del presidente de la Junta con José Manuel Soria, “pero ha tenido docenas”, “lo que pasa es que Herrera no busca la foto, sino soluciones”.

Al respecto, considera que tampoco se puede pretender que los planteamientos de la Comunidad “se impongan siempre al cien por cien”. “Pero peso, Castilla y León tiene mucho, aunque por diferentes motivos no tenga un reflejo en los medios de comunicación nacionales”, asevera.

Relaciones con País Vasco

También analiza que con la llegada del PNV al Gobierno vasco vuelve el asunto “de siempre, el de Treviño, que es como un Guadiana que aparece y desaparece”. Al menos, destaca que el protocolo de colaboración general entre ambas comunidades no lo han denunciado. En cuanto a la petición para anexionar el Cóndado a Álava, aseguró que “está condenado al fracaso”. “Es terrible, porque es como si nosotros mañana presentáramos una moción para derogar el concierto vasco. Le aseguro que tendríamos mucho éxito. Seguro que la decisión caía bien en Castilla y León y en otras regiones de España. Si ahora vamos a jugar a modificar el Estatuto de un territorio vecino por la vía de atrás igual jugamos todos”, expresa de Santiago-Juárez, quien considera que “eso sólo se le ocurre a un Gobierno nacionalista por no decir otra cosa, sobre todo con la crisis económica y la multitud de problemas reales”.

Sobre las relaciones con el País Vasco señala también que la inversión del Puerto de Bilbao anunciada en Pancorbo “parece que está salvada” a pesar del cambio de Ejecutivo en la región vecina.

También abordó la situación de Madrid, con la que se muestra “crítico” al no entender “que hace cuatro meses se implantase el euro por receta, que hace tres semanas lanzaran que les faltaban mil millones, que hace diez días se pidiese que el nuevo modelo de financiación tenía que estar el 1 de enero de 2014 y que de repente anuncien una bajada en el tramo del IRPF”. “No me parece coherente”, espeta.

En este sentido, recuerda que la fiscalidad en Castilla y León, en la parte que es competencia de la Junta, “es bastante mejor que la del resto de comunidades, ya que no tocaría el tramo del IRPF, ni para arriba ni para abajo, y no lo va hacer”, aunque “se han puesto encima de la mesa otras exenciones fiscales”.

Política aeroportuaria y Garoña

Tampoco deja pasar durante la entrevista la polémica surgida por la rentabilidad de los cuatro aeropuertos de Castilla y León. “La Junta está ya cansada de que surja este debate”, manifiesta el consejero, quien insta al alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, protagonista de las últimas declaraciones al respecto, a que no les envíe a ellos la propuesta, “sino que busque la dirección de AENA y la mande allí”.

En este sentido, recuerda que la Junta ha intentado que los cuatro aeropuertos tengan el máximo número de vuelos posibles. AENA entendió que Castilla y León debía tener cuatro aeropuertos, por lo que aboga “por trabajar más y con más imaginación para lograr más pasajeros”.

También explica que sobre Garoña, ha habido un “sainete desde el principio hasta el final, pero las aguas parece que han vuelto a su cauce y volverá a abrir siempre que sea segura”. “Quien tiene que decir esto no somos los políticos, sino el Consejo de Seguridad Nuclear”, destaca el consejero, quien añade que no tiene constancia de fechas de nueva apertura, “pero parece que las cosas van bien”.

Justicia

La entrevista también aborda la polémica que rodea a la posible modificación de Burgos como capital de la Justicia regional. Tras ensalzar en esta materia el trabajo del alcalde de Burgos, Javier Lacalle, reconoció que hubo dudas “que parece que se han resuelto”. “Yo lo que puedo decir es que el Estatuto dice que la capitalidad la deberá fijar una Ley, que ya existe, que dice que la capital judicial es Burgos y que no tenemos ninguna intención de cambiar. Pero sí, es cierto que ha habido dudas, y no sé si ha sido por una errata, por dos o por más”, señala de Santiago-Juárez, en referencia a unas declaraciones del presidente del TSJ, José Luis Concepción.

También admite que el informe de los expertos “sembró malestar en Castilla y León” y por ello el regidor burgalés y el presidente de la Junta mandaron una carta al ministro de Justicia. “Las salas están bien donde están y yo creo que no hay que tocarlo. Hay alguna sala de lo contencioso administrativo en Valladolid y creo que no tiene que haber ningún cambio”, reitera el consejero, quien cree que el “peso fundamental está en Burgos y así tiene que seguir siendo”, como señala que se ha transmitido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. También asegura que tiene el compromiso del Gobierno para mantener los partidos judiciales.

En cuanto a las transferencias, recuerda que la prioridad marcada fue que antes de diciembre de 2011 se buscaría un gran pacto entre todos los agentes de Justicia como paso previo a la negociación. “Se logró una posición de comunidad con jueces, fiscales, secretarios, registradores... en la que fijamos cuáles eran las condiciones de Castilla y León”, afirma, porque “la base del estado autonómico es que la cercanía mejora la gestión, pero si no hay dinero no puede haber ninguna mejora”.

El coste efectivo que se estimó en el documento asciende a 30 millones, pero el consejero cita algunas exigencias solicitadas en aquel momento, como una serie de cláusulas legales, al igual que se ha hecho con otras comunidades. “Lo que buscábamos era garantizar que todas las infraestructuras estaban culminadas. Eso se lo dije al ministro y lo entendió perfectamente”, indica el de Santiago-Juárez.

Sobre la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anula la Doctrina Parot, el consejero acata la sentencia, “pero con mucha náusea, repugnancia y dolor”.

Futuro de Herrera

El consejero confía en que hayan desaparecido “esos movimientos de algunos que querían posicionarse para la sucesión, aunque quién sabe lo que cada uno tiene en su cabeza”. En todo caso, insiste en que lo primero es “dedicar todos los esfuerzos a solucionar los problemas de los ciudadanos”. En la entrevista se muestra en desacuerdo con unas declaraciones del propio Herrera, en las que dice que su futuro dependerá de una decisión colegiada, dialogada y compartida. “No, el presidente Herrera lo primero que tiene que hacer es una reflexión personal, sin que nadie le presione. Y cuando digo nadie quiero decir nadie: ni el partido, ni Madrid, ni la sociedad ni los medios de comunicación. Es una decisión que tiene que tomar él con sus seres queridos. Y después, cuando ya ha tomado la decisión personal, entonces sí que puede compartirla para que sea colegiada”, exclama.

En este sentido, rechaza las presiones que recibe en este apartado que se reflejan “cuando alguien dice la obviedad de que Herrera es el mejor candidato”. “Lo está haciendo porque eso ya lo sabemos. Eso es una forma de presionar. Hecha con mucho cariño, pero una forma de presionar”, espeta, para concluir que “sería magnífico” un proceso de primarias en el PP regional, porque los “partidos tienen que adaptarse a los tiempos que corren”.