La reforma laboral ha afectado a 3.344 trabajadores leoneses

La reforma laboral, concebida como una herramienta para agilizar el mercado laboral, está a punto de cumplir un año y la primera conclusión que ofrece es que no se está cumpliendo su objetivo primordial, aunque sí ha servido para que la pequeña y mediana empresa de León pudiera ajustar con más precisión los costes, sobre todo por reducción de jornada y por suspensión temporal de actividad.

Con los datos del tercer trimestre cerrados a fecha de 30 de noviembre, la aplicación de la nueva ley ha afectado de forma directa a 3.344 trabajadores de León ya que los conflictos que superan un número determinado de puestos de trabajo en juego se tramitan en Valladolid, tal y como ha subrayado a iLeon.com Asunción Martínez, jefa de la Oficina Provincial de Trabajo

Además aquellos expedientes que afectan a empresas que operan en varias provincias con una misma actividad, como ha sucedido en el ámbito de la minería con las explotaciones de Uminsa y sus subcontratas, se gestionan directamente desde el Ministerio.

Antes de entrar en reflexiones sobre los datos, Asunción Martínez responde a la paradoja de por qué el número de afectados por esta nueva ley que sobre el papel flexibiliza el mercado laboral no refleja el aumento progresivo del paro; no es necesario presentar expediente cuando se trata de menos de diez trabajadores, directamente se traslada al trabajador la decisión de rescindir su contrato laboral.

Costes

Asunción Martínez ha recordado que así queda establecido en el artículo 52-C de la nueva norma laboral que estipula esta condición, no hace falta expediente cuando se invoca causas económicas, organizativas, técnicas o de producción para poner fin a la relación entre empresa y trabajador.

¿Para que ha servido la reforma?. Para la responsable de esta Oficinal de Trabajo sobre todo para que la pequeña y mediana empresa pudiera ajustar al céntimo los costes de producción, sobre todo por medio de la suspensión temporal de actividad y en especial con la reducción de jornada.

Si las cosas están como están es debido a una situación económica que se traduce en una falta de acceso al crédito que está estrangulando a la empresas, que en el ámbito de León son mayoritariamente negocios familiares y de pequeñas dimensiones.

El 30 de octubre ha entrado en vigor el reglamento que debía dar luz a muchas de las interrogaciones que había debajo en el aire la propia ley. Luces y sombras, dice Asunción Martínez porque en algunos casos el reglamento ofrece soluciones, pero en otros complica aún más la tramitación.

Hasta ahora la Oficina sólo tenía la obligación de trasladar una única comunicación del expediente al antiguo INEM ahora SEPES; el nuevo reglamento eleva a tres las comunicaciones precisas, una cuando se abre el periodo de consultas, otra cuando se adopta la decisión y una última cuando llega el expediente de la inspección de trabajo.

No obstante con el nuevo reglamento en la mano la Oficina de Trabajo no puede requerir o advertir a las partes si el expediente carece de alguno de los trámites necesarios, e incluso convierte en agua de borrajas el periodo de consulta si ambas partes cierran un acuerdo durante este intervalo.

Juzgados

Pero la ley y reglamento, y de ahí que muchos empresarios mediten mucho la aplicación de un ere de extinción laboral, se han topado con un muro que a medida que se tiene conocimiento de nuevas resoluciones es cada vez más infranqueable; de todos los expedientes cursados en toda España los juzgados sólo han dado la razón a una empresa de Alcalá de Henares y el rechazo, en buena parte por defectos de forma, significa que los trabajadores despedidos deberán reincorporarse y deberán recibir los atrasos que les correspondan desde la fecha de extinción de contrato.

Por eso, según ha explicado Asunción Martínez, muchos empresarios añoran la anterior autorización administrativa que no daba pie a decisiones judiciales que han puesto en tela de juicio la eficacia de una reforma que debía servir para mover el mercado laboral.

En todo caso, ha apuntado Asunción Martínez a modo de conclusión, la reforma no se ha traducido en una puerta abierta a despidos masivos, ha servido para sortear la situación económica a las pequeñas empresas que aún aguantan el tsunami financiero y si ha perjudicado, el perjuicio llega tanto a trabajadores como a los empresarios.

De todos los expedientes incoados desde esta Oficina Provincial de Trabajo, la mayoría se computan en el apartado de suspensión de actividad –y la actividad se retoma cuando repunta el negocio como ha pasado con la pizarra- y la reducción de jornada; la suma de ambos ha afectado a casi 2.500 trabajadores de los 3.344 que se han vivido en primera persona la aplicación de la nueva ley.