Ratificada la sentencia que anula la composición y sueldos del gobierno municipal de Ponferrada
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) desestima el recurso de apelación presentado por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada contra el fallo del Juzgado de los Contencioso Administrativo número tres de León por el que se anulaba el pleno extraordinario urgente del 30 de marzo de 2013 y sus acuerdos, entre los que se incluían la aprobación del reparto de áreas y retribuciones y la toma de posesión del concejal de Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP), Sergio Gallardo, en sustitución de Ismael Álvarez, que presentó su renuncia como edil tras la moción de censura que dio el gobierno municipal a Samuel Folgueral.
Así lo recoge la sentencia que este viernes han dado a conocer los concejales del PP, Reiner Cortés y Neftalí Fernandez. “La primera consecuencia de esta sentencia es de orden político”, subrayó Cortés, que apuntó a que pone de manifiesto “que estamos gobernados por unas personas que han utilizado en favor de sus propios intereses todos los instrumentos habidos y por haber en este Ayuntamiento”. En este sentido, insistió en que desde el primer momento ellos advirtieron que ese pleno fue convocado “de una manera ilegal” y “vulnerado nuestros derechos fundamentales como representantes públicos de forma dolosa” y, recalcó, “con el único objetivo de ponerse unas retribuciones y dedicaciones exclusivas”.
El TSJCyL desestima las alegaciones presentadas por el bipartito y refrenda punto por punto la sentencia del Contencioso Administrativo en la que declaraba la nulidad de dicho pleno por entender que no estaba justificado el carácter extraordinario y urgente invocado por el bipartito para su convocatoria, sin respetar la comunicación con al menos dos días hábiles de antelación para su celebración en Sábado Santo. Esta sentencia es firme, recalcaron los populares, que advirtieron que su ejecución podría implicar la devolución de toda las retribuciones percibidas por el alcalde y sus concejales, que ascenderían a los 900.000 euros.
“Todo ello porque se empeñaron en un acto de soberbia a seguir adelante con esa decisión que ya advertimos que era ilegal”, apostilló Cortés, que considera que el fallo judicial pone a Folgueral “en su sitio”. A este respecto, apuntó a que otras consecuencias que tendrá que asumir el bipartito tras confirmarse que ese pleno “no es válido” es que, a su parecer, tendrían que ser revisados algunos de los acuerdos adoptados tanto en los órganos colegiados -cuyos representantes fueron designados en esa sesión- y en el pleno, especialmente en aquellos casos en los que se requería la mayoría absoluta para su aprobación. “Tomo posesión un concejal que a los efectos, en este momento, ya no es concejal tampoco, con esta sentencia firme incluso la toma de posesión de Sergio Gallardo queda anulada y Folgueral cuenta hoy con un concejal menos”, apostilló Cortés.
El concejal popular lamentó que esta sentencia llegue al final del mandato y no pueda solicitar un pleno para que el alcalde dé las oportunas explicaciones, mientras su compañero, Neftalí Fernández, advirtió que instarán la ejecución de la sentencia y que seguirán adelante “hasta sus últimas consecuencias”, vigilantes en su cumplimiento aunque ya no formen parte de la Corporación municipal a partir del 24 de mayo. Asimismo, Fernández recalcó que el bipartito debería asumir personalmente el pago de las costas procesales, que estimó en unos 3.000 euros. “En un acto de despedirse a la francesa, deberían asumir ese pecado y como penitencia asumir las cosas de su bolsillo”, recalcó.
Ante el anuncio del alcalde, Samuel Folgueral, de recurrir esta nueva decisión judicial, Reiner Cortés insistió en que se trata de un sentencia firme del TSJCyL. “Que el señor Folgueral no se monte películas y que no siga tomando el pelo a los ciudadano”, señaló el edil popular , que insistió en que “todas las consecuencias que se deriven de esta sentencia es culpa del alcalde y de su equipo, que debe devolver todo lo que han cobrado presuntamente de manera irregular”.
“Acatamos y respetamos”
Por su parte, Samuel Folgueral, señaló que es una resolución judicial que “nosotros acatamos y respetamos”, aunque están estudiando la posibilidad de recurrirlo. A este respecto, subrayó que ese pleno fue convocado “con el visto bueno de los servicios técnicos de la casa, es decir, la secretaria municipal no nos puso ningún reparo, por lo tanto se entendía legal”, al tiempo que criticó la actitud del PP con una labor de oposición “indigna y destructiva”.
“El Partido Popular en la oposición desde que no ha seguido gobernando el Ayuntamiento de Ponferrada no ha hecho ni una sola propuesta por la ciudadanía, se ha dedicado a andar continuamente oponerse haciendo una labor de oposición totalmente indigna”, insistió el alcalde, que entiende que la ejecución de la sentencia no tendrá efectos por el llamado Principio de Apariencia del Funcionario Público.
