El PSOE denuncia que los juzgados confirman la discriminación del ERE del Ayuntamiento
Una tercera sentencia, correspondiente a una trabajadora de las bibliotecas municipales, ha confirmado que el Ayuntamiento de León discriminó a trabajadores en el expediente de despido colectivo que emprendió el pasado año. Este fallo judicial, que confirma la nulidad del despido y obliga a la inmediata readmisión de la trabajadora municipal, destaca que fue despedida para favorecer a otras personas de la plantilla del Ayuntamiento de León, por razones que la sentencia no entra a valorar pero que, según el PSOE, demuestran que las razones objetivas de coste económico de los servicios no estaban justificadas.
El portavoz socialista José Antonio Diez destaca que, desde el primero momento, el PSOE denunció que el alcalde había elegido sin criterios objetivos qué servicios o personas quedaban en el paro y para ello se utilizó el traslado de servicios para salvar a determinadas personas del expediente de regulación de empleo. Asimismo, se determinó sin criterios de justicia el cierre de servicios que eran rentables en beneficio de otros claramente deficitarios. “Y todo esto con un importantísimo coste económico para los leoneses”, recuerda Diez.
El responsable socialista agrega que “ni pagando el alcalde es capaz de gestionar bien el personal” y explica que Emilio Gutiérrez contrató a una empresa de abogado para que tramitaran los despidos, con un coste superior al millón de euros entre indemnizaciones a los trabajadores y coste de la externalización de los trámites.
Diez solicita al alcalde qué explique qué razones llevaron a la elección de unos trabajadores y no otros entre los afectados por los despidos ahora que, como siempre denunció el PSOE, los juzgados demuestran criterios personales a la hora de incluir o sacar nombre de la plantilla para los despidos.
Las tres sentencias condenatorias que han recaído estos días sobre el Ayuntamiento tendrá un coste superior a los 90.000, correspondientes a los costes de tramitación de los despidos y el pago de la Seguridad Social de las trabajadoras durante el periodo transcurrido desde el despido hasta el fallo judicial.
