El Procurador del Común reordenará su estructura para asumir el Comisionado de Transparencia
El Procurador del Común, Javier Amoedo, asumirá las funciones del Comisionado de Transparencia, cuya creación figura en el anteproyecto de ley elaborado por la Consejería de la Presidencia, que tiene previsto llevar al Consejo de Gobierno de este jueves. El texto atribuye al defensor de los ciudadanos de la Comunidad velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Es una de las novedades del anteproyecto de la ley de transparencia, acceso y reutilización de la información pública y participación ciudadana en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León, con el que la Consejería de la Presidencia completa el listado de textos legislativos que envía a las Cortes en esta legislatura.
Para el ejercicio de esas funciones, el Procurador del Común reordenará su actual estructura a fin de disponer de una unidad administrativa diferenciada, pero será con sus medios y no podrá tener rango superior a servicio. De esa manera, al estar formada por personal al servicio de la institución, no supondrá un incremento de gasto, según se recoge en el anteproyecto de ley, consultado por Ical.
El Comisionado de Transparencia tendrá entre sus funciones evaluar el grado de aplicación de la ley para lo que presentará una memoria anual en la comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León, en la que incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas en materia de publicidad activa y acceso a la información, que se hará pública en el Portal de Gobierno Abierto.
Además, se creará una Comisión de Transparencia, formada por el Comisionado, que la presidirá, el adjunto al Procurador del Común y un miembro de la unidad administrativa de la institución. Ambos órganos gozarán de autonomía, independencia y objetividad que otorga al Procurador del Común su ley reguladora.
En la normativa, se recoge que en los dos meses siguientes a la toma de posesión los altos cargos de la administración de Castilla y León y de las empresas del sector público tendrán que presentar en el registro su declaración notarial de bienes patrimoniales, igual que en el mes de enero del último año de la legislatura.
El Registro de intereses tendrá tres secciones: una de declaraciones notariales de bienes patrimoniales, otra de declaración de compatibilidad con las actividades que se van a desempeñar, cuyo contenido será público, y una tercera en la que se inscribirán la declaración de la renta de las personas físicas.
El contenido de las declaraciones de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la administración autonómica se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad, si bien se omitirá la localización de los bienes inmuebles y los datos que permitan la identificación de vehículos.
Precisamente, el Portal del Gobierno Abierto se publicarán las relaciones de puestos de trabajo, los puestos de personal eventual, las convocatorias de proceso de selección de personal, los convenios colectivos, los textos de las resoluciones judiciales, el gasto público realizado en las campañas de publicidad institucional, el volumen de endeudamiento de la Comunidad, la relación de bienes inmuebles o el número de vehículos oficiales, entre otros datos.
