El PP rechaza el “gran pacto” por la I+D+i pedido por toda la oposición al no incluir al Gobierno

Miriam Chacón / ICAL Votación en el Pleno de las Cortes

Ical

El Grupo Popular rechazó, en el pleno de las Cortes, la “consecución de un gran pacto” en I+D+ como planteó el PSOE y respaldó el resto de los grupos de la oposición al no incluirse en el mismo al Gobierno central. Los socialistas, según explicó Fernando Pablos, registraron la creación de una comisión parlamentaria no permanente para escuchar a las partes implicadas.

El socialista Fernando Pablos planteó una moción para que las Cortes “trasladen certidumbre” ante contratos en prácticas de unos 10.000 investigadores, a las universidades, a los centros de investigación y las empresas que innovan. Se refirió, como contexto, a que se incumple el objetivo del 1,5 por ciento en inversión I+D sobre el PIB en la evaluación intermedia de la Estrategia de Investigación para una Especialización Inteligente (Ris3) de Castilla y León.

Es en un contexto de “muchas necesidades” presentó su texto y añadió que los socialistas quieren que se escuchen a todos los afectados en una comisión no permanente en las Cortes y se llegue a un pacto. “Queremos que hoy digamos a quienes generan conocimiento que nos vamos a poner de acuerdo en que donde hoy hay sombras va a haber certidumbres”, solicitó.

Pablos mantuvo el texto inicial de la moción, pese a que la popular Isabel Blanco presentó una alternativa para apoyarle, en la que sólo dejó instar a la Junta a la “consecución de un gran pacto” en I+D+i, pero sin recoger que se abran cauces de participación para que todos los grupos puedan valorar y recoger las opiniones de científicos, universidades, centros públicos de investigación y empresas.

La procuradora del PP Isabel Blanco argumentó la paradoja de que la Junta como parte afectada no estaría en la comisión permanente para escuchar a los implicados y preguntó si se pide para cobrar dietas, ya que consideró que “no es necesaria ni sabe con qué motivo se pide”, por lo que no respaldó ese punto de la moción. “No es necesario gastar más dinero para hacer algo que ya se hace”, aseveró.

“Estamos de acuerdo porque se trabaje por un gran pacto en el que participen todos los agentes implicados, sindicatos, universidades, centros, Junta y Gobierno central”, explicó. “Queremos un gran pacto, una realidad, no se quiere un brindis al sol”. Por ello, defendió la presencia del Gobierno porque destinó 2.512 millones en los presupuestos de 2016 y la Junta 167 millones de euros.

Apeló la procuradora a la aseveración del exministro socialista Ángel Gabilondo de que es indispensable que exista un pacto territorial para lograr un pacto en la educación ya que estamos en el Estado de las Autonomías e insistió en la presencia del Gobierno en ese gran acuerdo.

Pablos expresó la “sorpresa” por que se plantee que se quiere crear una comisión no permanente para “cobrar dietas” cuando no está en el texto y criticó el “desprestigio” al trabajo de la Cámara y de los investigadores. “Les escuchan pero da igual lo que les digan, no les hacen ningún caso”, criticó. “Se plantea una opción de mirar al futuro de pasar una página negra para la ciencia, pero dicen que lo hagan otros. Los grupos no estamos aquí de palmeros del Gobierno”, concluyó.

El procurador afirmó que su grupo ha registrado la petición para crear una comisión no permanente en las Cortes en la que se escuche a todas las partes.

La moción recibió el apoyo de José Sarrión (IU), igual que Belén Rosado (Ciudadanos), que recordó que es uno de los puntos del acuerdo de investidura de Juan Vicente Herrera y que el incremento del gasto en I+D+i será una de sus propuestas en la negociación de los próximos presupuestos. “Un gran parto sería la solución para marcar el mínimo que tendríamos que invertir”, concluyó.

También, Podemos, a través de la procuradora Lorena González, expresó el apoyo a la propuesta socialista, si bien incidió en la reducción en el gasto tecnológico año tras año y subrayó que sólo los proyectos incluidos en una línea prioritaria europeas con contratos con el sector privado se subvencionaron. González preguntó por qué hay 88 millones para la educación privada por encima de lo presupuestado y sólo 1,5 para proyectos de investigación.

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