El PP de Castilla y León aspira “sacar algo más” del 30% de las propuestas de la Junta a la reforma local
El Grupo Popular en el Senado considera que lo más importante de la reforma local para los intereses de Castilla y León se ha conseguido, pero trabaja y lo hará hasta el final para “sacar algo más” del 30 por ciento restante, relativo al área de servicios sociales, donde se ha pasado de uno a dos años para la asunción de esas competencias por parte las comunidades.
Así lo explicó en declaraciones a Ical el portavoz del grupo en la Cámara Alta, diputado por Ávila y coordinador del grupo de senadores de Castilla y León, Antolín Sanz, que también mantuvo el optimismo en que se pueda mejorar la ley en la tramitación que inicia ahora en el Senado. “Hay que aplicar el diálogo y el sentido común”, defendió.
El proyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración pública llegó ayer a la Cámara Alta, tras su aprobación en el Congreso con las enmiendas incluidas por el Grupo Popular, y se ha fijado hasta el 20 de noviembre para la presentación de enmiendas, con posibilidad de ampliar hasta el día 26. El Senado prevé su aprobación en pleno el 9 de diciembre, según el calendario marcado.
“Hay cuestiones puntuales que resolver en el ámbito de los servicios sociales y de las entidades locales menores”, precisó el senador abulense, que confirmó que habrá enmiendas de su grupo. Entre las mejoras, apuntó al “reconocimiento firme” de las entidades locales menores en el artículo 3 de la ley (donde figuran las entidades locales que gozan de tal condición).
En estos momentos, como ocurriera cuando el texto llegó al Congreso, Antolín Sanz trabaja con el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, diputado por Salamanca y secretario general del grupo en la Cámara Baja, con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, para la mejora de la ley hacia los intereses de Castilla y León.
“El 70 por ciento se ha incorporado, pero se sigue trabajando, también en contacto con la Junta”, explicó Sanz, en relación a las propuestas que realizó el Gobierno de Juan Vicente Herrera para mejorar una ley que desde el primer momento han considerado que no beneficiada al amplio mundo local de Castilla y León.
Entre las propuestas recogidas, está el plazo de tres a un año, como pidió la Junta, para que las entidades locales menores presenten sus cuentas. Además, los consultorios locales pasan a las diputaciones provinciales en convenio con los municipios y no serán asumidos por las comunidades. Otro de los cambios, corresponde a las competencias en educación en centros locales, que no se traspasarán a las autonomías hasta la aprobación de la financiación de las entidades locales.
De esta manera, el apartado pendiente está en los servicios sociales de proximidad que ahora se prestan a través de los CEAS, pero su desdoblamiento, como recoge la ley, obligaría a la Junta a crear una red paralela con un gasto de 51 millones. El Ejecutivo de Herrera pidió un plazo de cinco años para su asunción y el Congreso acordó pasar de uno a dos años. Esta es una de las “cuestiones puntuales” en la que el PP tratará de “sacar algo más” en el debate en el Senado.
