El Pleno del Ayuntamiento de León recupera competencias con el apoyo de todos los grupos, incluido el PSOE

Carlos S. Campillo/ICAL. José Antonio Diez en un pleno del Ayuntamiento de León

Antonio Vega

Giro de última hora en el Ayuntamiento de León en el pleno ordinario de este mes de mayo celebrado en el edificio de San Marcelo en modelo mixto, con concejales asistiendo de forma presencial y otros de forma telemática.

Uno de los principales puntos era la petición de los grupos PP, Ciudadanos y UPL de revocación de algunas competencias que se habían llevado del Pleno a la Junta de Gobierno local aprobadas en julio de 2019, al constituirse el nuevo equipo de gobierno bajo la alcaldía de José Antonio Diez (PSOE).

Los socialistas sorprendieron a todos los partidos apoyando la propuesta de la oposición (PP y Cs) y de su apoyo habitual (UPL). El concejal de Podemos-Equo también apoyó la moción alegando que su grupo ya se mostró en contra de la cesión de competencias. Por todo ello la moción que pretendía una censura política al equipo de gobierno municipal finalmente fue aprobada por unanimidad, eso sí entre duros reproches de los partidos por las motivaciones de la misma.

Partido Popular y Ciudadanos defendieron la avocación de las competencias, firmadas junto a UPL, como resultado de la pérdida de confianza en la gestión de José Antonio Diez y la falta de información durante la pandemia de la Covid-19, según relataron sus representantes en su turno de intervenciones. En el fondo de la decisión salió a relucir la polémica por las obras de la peatonalización de la avenida Ordoño II.

El portavoz del PP, Fernando Salguero, reprochó que las competencias se asumieron pero que el equipo de gobierno lleva “75 días sin información, 100 días desde la pandemia, y hemos estado clamando en el desierto por la información”.

Carlos González-Antón, en nombre de Ciudadanos, aseguró que “las competencias que se recuperan es lo de menos, el tema es por qué se quitan”, asegurando que “No tenemos ni la duda ni la confianza con el alcalde ni con el equipo de gobierno” para reprochar al alcalde que “usted prometió unas cosas que no está cumpliendo”.

El PSOE aseguró, por su parte, que la devolución de las competencias “no supone ningún problema”, señalando que ya en el pleno que las otorgó el alcalde dijo que se devolverían cuando los grupos las reclamaran, “aunque podemos no compartir la argumentación”. Los socialista reprocharon a populares y liberales su “falta de lealtad” durante la pandemia y resaltaron que José Antonio Diez cumplía su promesa de devolverlas si se reclamaban.

Por su parte UPL señaló que ellos siempre se mostraron en contra de el traspaso de esas competencias y mantenían su misma postura, no sin reprochar a PP y Cs que cuando gobernaban “aplicaron su propio rodillo y se atribuyeron estas competencias ya entonces votamos en contra”, en referencia a lo sucedido en 2015 bajo el mandato de Antonio Silván.

El concejal expedientado de Podemos-Equo, Nicanor Pastrana, aseguró que siempre ha defendido que la delegación de funciones suponía una merma del funcionamiento y que la “acción política ha de ejercerse de manera responsable, constructiva y propositiva.”

Las competencias que se quitan a la Junta de Gobierno y pasan al Pleno municipal son:

  • 1. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria.
  • 2. La contratación de la redacción y la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y aun cuando no estén previstos en los Presupuestos.
  • 3. La autorización o denegación de compatibilidad del personal al servicio del Ayuntamiento y de los representantes locales para un segundo puesto o actividad en el sector público y la resolución motivada en relación a la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas, de conformidad con lo previsto en la normativa sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
  • 4. La solicitud de subvenciones a otras administraciones públicas y aceptación de las concedidas cuando la normativa general o la específica aplicable al caso requiera el acuerdo plenario para ello.
  • 5. El establecimiento y modificación de precios públicos conforme establece el art. 41 de Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
  • 6. Delegar las facultades que, en materia de contratación, atribuye al Pleno la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

La presentación de una moción sorpresa del PSOE que insta a la Junta de Castilla y León a asumir el coste de los servicios sociales provocó la protesta airada de Partido Popular y Ciudadanos, retirada finalmente para su votación en otra ocasión.

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