Podemos quiere que la Constitución garantice una sanidad “universal, pública y gratuita”

Leticia Pérez / ICAL El portavoz de Podemos en las Cortes, Pablo Fernández, presenta y registra una iniciativa en las Cortes y valora la actualidad política

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El Grupo Parlamentario Podemos pedirá el apoyo de las Cortes regionales para impulsar la modificación de la Constitución Española con el objetivo de que se blinde la sanidad “universal, pública y gratuita” en la Carta Magna y se la considere un derecho fundamental, tal y como señaló en la presentación de la propuesta su portavoz, Pablo Fernández.

El objetivo, sostuvo Pablo Fernández, es que sea reconocida la “tutela y protección” de la sanidad en la Constitución y se la equipare a los derechos fundamentales, como es el caso de la educación. Un impulso que pueden llevar a cabo los parlamentos regionales a través del artículo 24,8 del Estatuto de Autonomía y los 166 y 167 de la Constitución para modificar los artículos 43.2 y 53.2. Una propuesta que, añadió, es “de total sentido común” más con lo que a su juicio es “el deterioro de la sanidad pública en Castilla y León” y viendo “los recortes, las privatizaciones, la desigualdad en el acceso y al amparo de las movilizaciones sociales”. “Es un anhelo y demanda de la ciudadanía”, remachó.

El portavoz de Podemos recordó que la Constitución no sólo se puede modificar para “entregar la soberanía a los bancos”, sino que también debe hacerse para mejorar la calidad de vida de las personas.

Además, confió en que el resto de grupos se sumen a la propuesta porque no hay precedentes en las Cortes de Castilla y León pero sí en otros parlamentos como el de Asturias. “Si PP, PSOE, Ciudadanos y Mixto siempre han defendido la sanidad no tendrán incoveniente en las que las Cortes sean pioneras en la defensa de la sanidad pública y se sitúen a la vanguardia” y se daría “un paso cualitativo en defensa de la sanidad pública, universal y gratuita”.

En concreto, el artículo 43.2 pasaría de ser “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto” a “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Una ley orgánica establecerá los derechos y deberes de todos al respecto y garantizará, en todo caso, una sanidad universal, pública y gratuita”.

Mientras, el artículo 53.2 pasará de recoger que “cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30” a “cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14, la sección primera del capítulo segundo y los apartados 1 y 2 del artículo 43 ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumatoriedad y, en su caso, a través del recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30”.

De aprobarse, continuó, sería “un paso y un avance enorme” en la Democracia del país y situaría a Castilla y León “a la vanguardia”, por lo que volvió a apelar a la “coherencia de todos los grupos”. “Seríamos un ejemplo para toda España, que se hable en positivo de Castilla y León y no por la nefasta gestión política”, incidió.

En materia sanitaria, consideró Pablo Fernández, tanto el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, como el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, deberían asumir responsabilidades por la polémica surgida en torno a las listas de espera en el Hospital de Burgos. Un asunto que calificó de “enorme gravedad” y demuestra una “gestión catastrófica” el hecho de que se coaccione y se den instrucciones para modificar los datos de las listas de espera. “Es algo deplorable” y las responsabilidades deberían asumirse por Herrera y Sáez.

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