La oposición ve en el aumento de quejas al Procurador el “sufrimiento” ciudadano y el PP minimiza la cifra

Ical

La oposición parlamentaria -PSOE y Grupo Mixto- ve en el aumento de quejas al Procurador del Común, como se refleja en el informe de 2012 presentado hoy ante el pleno de las Cortes de Castilla y León, el “sufrimiento” de los ciudadanos por la política de recortes del Gobierno y de la Junta, mientras que el PP miniza la cifra y equipara el estudio a otros como el PISA o los barómetros sanitario y de dependencia.

“Los recortes del Gobierno multiplicados por los recortes de la Junta están provocando el deterioro progresivo de la actividad económica, la pérdida en cantidad y calidad del empleo, la rebaja del bienestar de la mayoría y el empobrecimiento progresivo de la sociedad, denunció la viceportavoz socialista, Ana Redondo.

Redondo, que recogió en su intervención la reapertura de las urgencias nocturnas locales como un caso de que los recortes se han revertido, llamó la atención sobre un mensaje del informe del Procurador en el que dice: “La necesaria racionalización del gasto público no puede ser pretexto para que los recortes constituyan un factor de exclusión que afecta a los más desfavorecidos en derechos tan relevantes como la salud”.

Aunque expresó la confianza en el informe del defensor de los ciudadanos de la Comunidad, José María González (IU) consideró que existe una “desconfianza” ciudadana en las resoluciones en lo relativo a la aceptación por parte de las administraciones. “Si los ciudadanos ven que se les da la razón y el problema no se resuelve, ocurre como con los parados que dejan de inscribirse”, afirmó.

González aseguró que el informe del Procurador del Común debe ser el “libro de cabecera” del Gobierno de Castilla y León y centró buena parte de su intervención en denunciar que “se liquidan” los derechos de las personas por las políticas neoliberales de la Junta y del Ejecutivo central.

Para el procurador de UPL, Alejandro Valderas, la fotografía presentada debe servir de “llamada de atención porque, aunque los temas parecen menores, son muy graves”. Como Redondo y González expresó la confianza en que los asuntos se resuelvan y no aparezcan en el próximo informe del alto comisionado parlamentario.

El portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, rebatió el número elevado número de quejas con el argumento de que si en sanidad, que ha recibido una de cada cuatro presentadas a la institución, se restan las 972 colectivas sobre las urgencias nocturnas locales, ya reabiertas, quedan 81, inferiores a las 90 de 2011. Igual argumento, utilizó para referirse a las 1.019 de medio ambiente, que pasarían a 115, sobre las 358 de 2011, si se quitan 904 del tanatorio de Laguna de Duero y de dos bares de Soria.

Por el contrario, observó que Economía y Empleo ha recibido un 4 por ciento de quejas y Agricultura y Ganadería un 2 por ciento y concluyó que es así porque en Castilla y León hay menos paro, menos deuda y la economía tuvo una menor contracción. Para el popular, el informe del Común es equiparable a los de PISA o los barómetros de sanidad y servicios sociales. Además, incidió en que los ciudadanos e quejan más a la administración local que a la autonómica y en el elevado número de resoluciones que se aceptan.

En su respuesta a los ponentes, Amoedo afirmó que “la institución vería con buenos ojos” que el informe se presente ante el pleno de la Cámara antes del verano y recordó que se registró el pasado mes de mayo, pero este año en vez de debatirse en septiembre, como es tradicional, ha pasado a octubre. También, respondió al popular que valoran el número de personas que presenta una queja porque, de no ser así, habrían recibido tres sobre urgencias nocturnas, empleados públicos y tanatorio de Laguna cuando en su conjunto representan a 10.000 ciudadanos.

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