Nace la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación con el consenso de PP, PSOE y Podemos
Las Cortes alumbraron este miércoles, con el consenso de PP, PSOE y Podemos, la abstención de Cs y en contra del Mixto (IU y UPL), la ley por la que se crea la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación de Castilla y León, como un foro de encuentro al más alto nivel entre la Junta, que ostentará la Presidencia de la misma, y las entidades locales para tratar “asuntos de Comunidad” y similar al existente en España entre el presidente del Gobierno y los de las autonomías.
En el pleno, el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, desgranó el contenido del proyecto de ley por la que se crea la Conferencia como órgano de representación política entre la Junta y las entidades locales y expresó la voluntad de celebrar su sesión constitutiva en el primer trimestre de 2019. Además, la nueva norma regula el Estatuto de los concejales, que entrará en vigor tras las próximas elecciones locales, y el acceso a la información y regular el acceso y medios de comunicación a las sesiones de los plenos.
De Santiago-Juárez defendió que el lenguaje inclusivo recogido a través de enmiendas no se olvidó en el proyecto de ley porque hay un párrafo en tal sentido en la disposición de motivos y, aunque valoró el acuerdo de los grupos en la tramitación, afeó a la oposición no que no re recoja en la redacción de una proposición no de ley sobre los veterinarios.
El proyecto de ley, que ha cambiado el propio nombre de la norma por acuerdo de los grupos para denominase bajo la neutra fórmula de “Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación”, llegó al plenario con 61 enmiendas vivas de las 119 que fueron registradas, de las que 37 fueron transaccionadas. De ese bloque pendiente, 16 corresponden al Grupo Socialista; 24, a Podemos; seis, a Ciudadanos; nueve, a IU y cinco, a UPL.De 61 enmiendas vivas de las 119 que fueron registradas, 37 fueron transaccionadas. Ninguna se aceptó por los ponentes del PP, con duras criticas de Juan José Sanz Vitorio a Ciudadanos y a UPL, por no votar a favor de la ley.
Sin embargo, fruto de la negociación PP y PSOE presentaron una transacción, que supone la retirada correspondiente del Grupo Socialista, por la que los presidentes de las Juntas comarcales podrán asistir con voz pero sin voto, contar con un representante a propuesta de la FRMP y tener voz y voto en asuntos de la Conferencia que les atañan.
La socialista Gloria Acevedo, que se mostró “muy orgullosa de que las Cortes abran por primera vez el lenguaje inclusivo en las leyes, defendió 16, entre ellas que exista un representante de la Federación de Entidades Menores de Castilla y León o que la Conferencia se reúna dos veces al año, no una. ”No es nuestra ley, pero en favor del consenso, vamos a votar a favor“, anunció.
La réplica corrió a cargo del procurador del PP Juan José Sanz Vitorio que se preguntó por qué el Grupo Socialista mantenía enmienda por un lenguaje inclusivo si están ya recogidas, si bien agradeció el “ejemplar” diálogo de los grupos para acercar posiciones en una ley de la Junta, que, como explicó De Santiago-Juárez, se recoge en el discurso de investidura del presidente de la Junta y en una posterior proposición no de ley del Grupo Socialista.
De Podemos en el pleno se debatieron otras 24 enmiendas, presentadas por la viceportavoz, Natalia del Barrio, donde figuran el modelo comarcal que defiende este grupo o la transparencia que recomienda en la ley el Consejo Consultivo, que no prosperaron, aunque la ponente avanzó el voto a favor por “responsabilidad y sentido común”. El 'popular' Jorge Domingo Martínez agradeció el consenso en ponencia y comisión y los cambios introducidos para mejorar el texto.
En nombre de Ciudadanos, José Ignacio Delgado defendió seis enmiendas, que recibieron la réplica por parte de Juan José Sanz Vitorio, quien agradeció la voluntad de este grupo en la mejora de la normativa. “Es increíble que no voten a favor cuando de diez enmiendas se les han aceptado seis”, afeó, pero culpó a las directrices de Cs, no al procurador, sino “al dolor que produjo algunas respuestas al portavoz de su grupo”.
“Nos vamos a abstener porque es la ley del PP y hay cuestiones que se han quedado en el tintero”, argumentó Delgado, que se refirió a matices en la regulación de los miembros no adscritos, mientras que Sanz Vitorio se dirigió a destacar el “aprecio” al procurador y a cargar en contra de Ciudadanos.
José Sarrión (IU) se desmarcó de los halagos vertidos por las ponentes de PSOE y Podemos sobre el espíritu que ha vivido la tramitación y anunció el voto en contra al considerar que se trata de un órgano -la Conferencia- que “no va a aportar gran cosa”. “La nada es la nada”, remató, si bien lamentó no estar de acuerdo con el “elemento mollar de la ley”.
Por último, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, preguntó si el objetivo es crear un órgano similar a la Conferencia de Presidentes ante su escaso resultado y afirmó que su partido “no se encuentra” en esta ley por dejar fuera a las juntas vecinales, lo que les “impedirán llegar a ningún acuerdo”. “No ha entendido usted la ley”, aseveró Sanz Vitorio, que subrayó que lo principal de las enmiendas del leonesista está recogido y le acusó de que el “único responsable” de que las pedanías no estén con voz y voto es el propio procurador por su “falta de valentía y por sus cuatro conocidos en León que no le permiten votar a favor”.
Funciones
Entre las funciones de la Conferencia, figuran las de analizar las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales, que tengan trascendencia autonómica o que excedan de los intereses de una sola entidad local; intercambiar y coordinar la información sobre las actuaciones programadas por las administraciones públicas; potenciar y promover la suscripción de convenios interadministrativos entre la Junta y los gobiernos locales o aprobar su reglamento de organización y funcionamiento interno.
Los titulares de la Presidencia de la Junta, de la Federación Regional de Municipios y provincias, de la Consejería competente en Administración local, de las alcaldías de más de 20.000 habitantes, de las diputaciones provinciales y un vicepresidente o vicepresidenta de la FRMP para representar a las entidades locales de ámbito rural serán los miembros de la Conferencia, que se reunirá una vez al año convocada por su presidente o presidenta. Además, habrá un Comité Permanente que se podrá convocar de forma ordinaria cada seis meses.
Los acuerdos se adoptarán por consenso de todos los miembros presentes de la Conferencia, siempre que asistan dos terceras partes de los miembros y las recomendaciones se tomarán con el voto favorable de su presidente y dos terceras partes de los miembros presentes. El titular de la Consejería competente informará de los contenidos en las Cortes, al menos una vez al año.
Grupo Mixto
La segunda parte de este proyecto de ley regula el Estatuto de los miembros de las entidades locales y la información en los Plenos. Entre las enmiendas a este apartado, se acepta una de UPL sobre la constitución del Grupo Mixto, aunque no en los términos en los que estaba formulada, pero sí se elimina el párrafo que requería una representación de, al menos, un diez por ciento del total de los miembros de la entidad local con un mínimo de dos miembros para constituir este grupo.
Conforme a la nueva redacción, el grupo mixto estará integrado por aquellos miembros de la entidad local que no se incorporen a algún grupo político en los plazos que para su constitución se determinen reglamentariamente, y no les corresponda ostentar la condición de miembros no adscritos.
Por otro lado, los miembros no adscritos, aquellos que no se hayan constituido en el grupo constituido por la formación que presentó su candidatura o que hubieran sido expulsados por un acuerdo mayoritario del grupo político mediante votación, podrán integrarse en el grupo mixto.
Además, los miembros de las entidades locales que tengan baja por riesgo durante el embarazo, que disfruten del permiso de maternidad o paternidad, así como aquellos que padezcan enfermedad prolongada grave que clara y justificadamente impida su asistencia personal a la sesión, podrán asistir a distancia a las sesiones plenarias mediante videoconferencia u otro procedimiento similar.
La ley recoge que los miembros de las entidades locales que incumplan reiteradamente con el deber de asistencia a los plenos, sin justificación suficiente, serán sancionados con una cantidad equivalente a la indemnización dejada de percibir por cada falta de asistencia.
