León sigue encabezando las quejas al Procurador del Común con 525 en 2014
El procurador del Común, Javier Amoedo, pidió hoy una nueva reforma de la ley refundida de la renta garantizada de ciudadanía para que sea compatible con cualquier prestación de una administración pública y se agilicen los plazos para no dejar sin protección a los posibles beneficiarios durante un periodo de seis meses.
En el pleno monográfico dedicado al Procurador del Común y el primero de este periodo de sesiones, Amoedo sentenció que la reforma realizada, que afectó a poder compensar con la renta un subsidio por desempleo inferior a la cuantía de ésta, es “insuficiente” y reclamó una revisión más en profundidad del texto.
Según el defensor de los ciudadanos de la Comunidad, cualquier ciudadano que tenga reconocida una prestación contributiva o no contributiva con cargo a una administración pública de cuantía inferior a la renta debe poder compatibilizarla con esta ayuda de la Junta de Castilla y León.
En la presentación del informe de 2014, año en el que recibió 2.052 quejas, un 38 por ciento menos que en el ejercicio anterior, el alto comisionado parlamentario incidió en una nueva reforma de la ley reguladora de la renta garantizada de ciudadanía, de cuya revisión ha hecho bandera la institución que preside.
Amoedo detalló una modificación del artículo 28.4 para eliminar el “rigor” que implica, a su entender, dejar “sin la debida prestación” por un periodo de seis meses desde la fecha de resolución de extinción en determinados supuestos a aquellas personas que carecen de los medios económicos para atender sus necesidades básicas.
Al respecto, explicó que han planteado alternativas en sus resoluciones, entre las que enumeró la reincidencia en el cumplimiento de las obligaciones, sustitución por la pérdida de un porcentaje de la misma durante una o varias mensualidades, limitación del tiempo de duración de la sanción a un mes desde la resolución del procedimiento de extinción.
“Se ha insistido en la necesidad de cambios normativos que permitan agilizar los procedimientos de la renta garantizada de ciudadanía, la disminución de los plazos previstos para resolver y si fuera necesario la debida dotación de medios personales”, explicó el Común.
Otro de los cambios que planteó Amoedo se refiere a que no se elimine la prestación a un ciudadano extranjero por una visita a su país, sino que la causa de pérdida de la ayuda se produzca en caso de residencia efectiva en la Comunidad. Además, rechazó que se deniegue la misma a personas con propiedades, usufructo o cualquier derecho sobre un inmueble y pidió que se flexibilice la normativa para que no sea así.
Sanidad y servicios sociales
El procurador planteó la necesidad de garantizar la presencia suficiente de profesionales de la sanidad en todas las franjas horarias, la exigencia de una evaluación específica antes de cerrar camas hospitalarias en verano. En educación, se refirió a la eliminación de irregularidades en los procesos de la admisión de alumnos y a la exigencia de finalizar las obras en los colegios, así como a la actuación de oficio en el caso de los menús escolares.
En el ámbito de urbanismo, el defensor de los ciudadanos requiere a los ayuntamientos que garanticen la finalización de las obras de urbanización y avisa que de no ser así podrían dar lugar a una responsabilidad patrimonial. Además, observa “cierta pasividad” de la administración en la supervisión de “cláusulas abusivas” en contratos de compraventa y recuerda que solicitó la apertura de un plazo extraordinario al Ministerio de Fomento para nuevas ayudas al alquiler y a la Junta que motivara las denegaciones.
El procurador del Común se refirió a un “déficit de transparencia” en el ámbito de la Función Pública y evidenció el alto porcentaje de nombramiento de funcionarios interinos y el mantenimiento de comisiones de servicios por plazos superiores a los contemplados.
Por áreas, la mayor parte de las quejas tiene relación con el medio ambiente (377), seguido del régimen jurídico de las corporaciones locales, bienes y servicios municipales (376), del área de Fomento (243), de la función pública (193) y de hacienda (178). Justicia (32), cultura y turismo (32) y agricultura y ganadería (38) fueron los apartados donde menos reclamaciones se registraron. En sanidad y consumo se contabilizaron 106 y en educación, 82.
En cuanto a su procedencia, el mayor número de quejas proviene de la provincia de León, con 525, el 26 por ciento del total, seguida por Burgos con 479 (23 por ciento) y Valladolid con 204 (diez por ciento). En el lado opuesto se situó Soria con 53 quejas (tres por ciento), por detrás de Zamora con 86 (cuatro por ciento); Ávila con 123 (6 por ciento); Segovia con126, (6 por ciento); Salamanca con 134 (siete por ciento) y Palencia con 138 (siete por ciento). Las quejas procedentes de ciudadanos de fuera de Castilla y León fueron 177, el 9 por ciento del total.