La Junta limita a 8 años el mandato de todos los presidentes de las instituciones de la Comunidad
La Junta de Castilla y León limita a ocho años el mandato de todos los presidentes de las instituciones propias de la Comunidad Autónoma, establece la incompatibilidad entre ser procurador y alcalde o concejal de un municipio de más de 20.000 habitantes y otorga un reconocimiento en el Estatuto de Autonomía del modelo territorial asentado en las unidades básicas de ordenación y las mancomunidades de interés general.
Así lo recoge en el borrador de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León remitido a los grupos de las Cortes con el objetivo de iniciar los trabajos en la segunda quincena de enero, como manifestó hoy el presidente del Ejecutivo, Juan Vicente Herrera, durante su comparecencia y reunión con los altos cargos en las que marcó las líneas de trabajo de este semestre.
En su propuesta de borrador, conocida por Ical, plantea limitar a ocho años el mandato de los presidentes de las Cortes y de la Junta, pero añade también la de los titulares de las instituciones propias de la Comunidad: Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas, Consejo Económico y Social y Procurador del Común. Además, un consejero no podrá estar más de ocho años en la mismo departamento y los alcaldes y concejales de municipios de más de 20.000 habitantes no podrán ser procuradores.
Estas son las propuestas recogidas en el bloque de regeneración democrática, donde también figura, conforme al pacto con Ciudadanos, que la Junta estará formada por un máximo de diez consejeros, además de por un presidente y los vicepresidentes. Sin embargo, no plantea la reducción del número de procuradores, ni limitar su mandato, ni aforamiento, como contempla la proposición no de ley del PP, aprobada hace un años en las Cortes sólo con sus votos.
Municipalismo
Como planteó el presidente de la Junta en su discurso de investidura, en su propuesta de reforma, dedica un amplio apartado al reconocimiento del municipalismo en el Estatuto de Autonomía, dado que la Comunidad se organiza territorialmente en municipios y provincias, pero añade un nuevo apartado en relación a las competencias propias que establece la legislación básica del Estado y las de la Comunidad.
La propuesta más novedosa en este bloque es el reconocimiento en un nuevo Estatuto del modelo territorial, cuyo despliegue ha iniciado la Junta, basado en las unidades básicas de ordenación y las mancomunidades de interés general. Así, añade un nuevo artículo sobre las mancomunidades de municipios y las mancomunidades de interés general urbanas y rurales.
Además introduce la regulación de la Conferencia de Ciudades, aunque la parte más novedosa es la que plantea un nuevo capítulo al actual título tercero, relativo a la organización territorial, en el que incluye la ordenación del territorio y las unidades básicas de ordenación como espacios funcionales delimitados geográficamente, que constituyen la referencia espacial de la Comunidad, junto con las áreas funcionales, que pueden ser estables o estratégicas.
El actual Estatuto de Autonomía recoge la figura de la comarca, si bien en su propuesta refleja que por una ley de las Cortes se definirá el procedimiento para que las mancomunidades de interés general rurales puedan solicitar su institucionalización como comarcas, como ya refleja la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio.
El último bloque de la reforma se refiere a los avances sociales y es la propuesta más breve. El cambio más importante se refiere a que los Presupuestos Generales de la Comunidad deberán garantizar al menos un 80 por ciento del gasto no financiero disponible por las consejerías de la Junta y sus organos autónomos a los servicios sociales. Además, plantea que una ley de las Cortes regulará la Red de Protección a las personas y familias, en la que se incluirá el derecho a una renta garantizada.
El pasado mes de julio, en su discurso de investidura, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ofreció un gran pacto para la reforma del Estatuto de Autonomía, que centró en “blindar” los servicios sociales, fortalecer el papel de las entidades locales e incorporar medidas de calidad y regeneración democrática, entre ellas la limitación de mandatos.
En ese mismo mes, el 22 de julio, Herrera firmó un acuerdo con los portavoces de los grupos de las Cortes -excepto Grupo Mixto- para avanzar en la reforma del Estatuto, en un nuevo modelo de financiación, de ordenación territorial y reindustrialización de la Comunidad.
Precisamente, en septiembre se produjo una primera reunión entre el consejero de la Presidencia y los portavoces parlamentarios de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos para iniciar el trabajo de reforma, en la que se acordó crear tres bloques y que fuera la Junta quien hiciera un primer borrador que remitiría a los grupos, lo que hizo a finales de noviembre.
Una vez que los grupos tienen la propuesta, el objetivo es reunirse en la segunda quincena de este mes para iniciar el trabajo, dado que todos ellos, Juanta y grupos políticos, acordaron emplazarse después de las elecciones generales celebradas el pasado 20 de diciembre.
