La Junta envía a las Cortes el mapa de la nueva ordenación territorial
El proyecto de ley que recoge el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio inicia la fase de aprobación en las Cortes, con la que se quiere cerrar el modelo de ordenación territorial de Castilla y León. El texto, que aprobó hoy el Consejo de Gobierno, deberá contar con dos tercios de los votos favorables de la cámara autonómica para culminar con “éxito” un proceso que arrancó en octubre de 2011.
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, compareció, tras la reunión del Consejo de Gobierno, para informar de los detalles de esta norma que se remitirá este jueves o mañana al parlamento, donde confió que el trámite de aprobación culmine “con éxito” en el “arranque” de la primavera, que situó entre el 21 de marzo y el 20 de abril, a través de una negociación “en profundidad” y con “rigor” con el Grupo Socialista, que dirige el portavoz y secretario autonómico, Luis Tudanca, y con el voto “en bloque” y “sin fisuras” de los procuradores 'populares“.
El texto, sobre el que también se negocia con el resto de grupos parlamentarios, aprueba los conocidos como mapas rurales, que agrupan una población de 900.000 personas, y flexibiliza la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, aprobada por acuerdo entre PP y PSOE en septiembre de 2013, y modifica la norma que recogía las Áreas Funcionales Estables, formadas por los 15 municipios de más de 20.000 habitantes y sus alfoces, a los que ahora se le unirá Benavente (Zamora) y se sumarán dos municipios a las existentes en Burgos y Aranda de Duero. También otorga un tratamiento singular a la comarca de El Bierzo y un “trato igual” a las nuevas mancomunidades de interés generales y las “clásicas” que funcionaran adecuadamente.
De Santiago-Juárez insistió en que “lo menos importante” son los mapas y puso el acento en los ciudadanos, ya que aseguró que este modelo persigue garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, dependientes de la Junta, especialmente, en el medio rural, así como facilitar “herramientas”, como son las mancomunidades, para gestionar los denominados servicios de “proximidad” que corresponden a las entidades locales. “Unidos son más fuertes y unidos lo pueden hacer mejor”, dijo el vicepresidente.
También el consejero remarcó que la norma desbloquea la puesta en marcha del Plan de Convergencia Interior, puesto que la norma establece seis meses para delimitar las áreas funcionales estratégicas, y otro medio año para aprobar el decreto que regulará el Fondo Autonómico de Compensación, cuyos objetivos son corregir los desequilibrios demográficos y económicos, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía.
Modelo territorial
El modelo territorial que propone la Junta recoge 193 unidades básicas de ordenación y servicios, de las que 16 son urbanas y 177 son rurales, que estarán formadas de media por 12,8 municipios y una población de 6.460 habitantes. Además, once serán interprovinciales -dos en Burgos, Palencia y Valladolid y una en el resto excepto en Zamora-, que dependerán de sus diputaciones provinciales. Además, estas instituciones podrán seguir prestando servicios delegados como en el caso de Soria, donde se encarga de la recogida de basuras.
También, las unidades que cuentan con dos centros de salud los mantendrán como ocurre en nueve casos, -cinco en León, dos en Burgos, una en Segovia-. También garantiza un trato similar para las mancomunidades de interés generales y las “clásicas” , siempre que sean eficientes, presenten sus cuentas y presten servicios. Lo mismo ocurrirá con las históricas de Villa y Tierra de Segovia.
De la misma forma, el consejero de la Presidencia remarcó que presta una “atención especial” a la comarca de El Bierzo, que en 2015 celebró su 25 aniversario, con un “tratamiento singular” y similar al de las mancomunidades, para lo que se modifica la Ley de Ordenación, que calificó de “municipalista y autonomista”, ya que no permite entidades de este tipo con más de cinco unidades básicas, si bien se permitirá que sume siete de forma excepcional. Además, De Santiago-Juárez sostuvo que se confirma que este modelo ha “fracasado” en Castilla y León, ya que los ayuntamientos no han cedido competencias, de forma que el Consejo Comarcal solo gestiona las transferidas por la Junta.
Otra de las novedades de la ley es que las 2.222 entidades locales menores podrán recibir de forma directa la parte correspondiente a los tributos propios de la Comunidad siempre que acuerden con sus municipios la prestación de servicios.
Mapa rural
El nuevo mapa rural prevé 20 unidades básicas en Ávila con 253 municipios; 24 en Burgos, con 370; 26 en León, con 212; 16 en Palencia, con 191; 26 en Salamanca, con 363; 13 en Segovia, con 193; 13 en Soria, con 183; 21 en Valladolid, con 223, y 18 en Zamora, con 244. La provincia leonesa es en la que cada área tiene menos población de media -8,15 habitantes- y la burgalesa, la que más -15,42-.
Final del camino
El titular de la Presidencia remarcó que el proyecto de Comunidad que supone la ordenación del territorio de Castilla y León, con sus 94.000 kilómetros cuadrados, sus 2.248 municipios y 6.000 núcleos de población, es “complejo”. Por ello, De Santiago-Juárez destacó que el Ejecutivo afrontó más de cinco años un proceso en el que remarcó ha primado la “pedagogía” y la negociación con los agentes sociales, económicos y las fuerzas políticas.
En especial, agradeció la disposición del PSOE para alcanzar acuerdos en estos años en los que la Junta ha tenido que pactar con los exsecretarios generales Óscar López, Julio Villarrubia, la gestora liderada por Jesús Quijano y el actual líder del PSCyL, Luis Tudanca. De Santiago-Juárez se mostró “optimista” sobre las posibilidades de que se alcance un nuevo acuerdo y aseguró que no se arrepiente de haber fijado la necesidad de que los mapas se aprueben con el voto favorable de dos tercios de las Cortes.
Las cuentas, explicó el vicepresidente, salen sumando los apoyos de PP, Ciudadanos y Podemos, si bien insistió en que la Junta mantiene una negociación en serio con los socialistas, si bien recalcó que habla con todos los grupos, así como con dirigentes del PSOE. El consejero insistió en que espera que en unos tres meses se cierre un modelo que se abrió en octubre de 2011 con la constitución de la mesa de ordenación en la que se sentaron diferentes organizaciones y dirigentes políticos con el objetivo de que todo el mundo se sintiera “cómodo y bien” y no se viera afectado por los vaivenes electorales.
Posteriormente, recordó el consejero, se aprobó en septiembre de 2013 la ley que recoge la “filosofía” y los criterios de la ordenación territorial y en noviembre de 2014 la norma sobre las áreas funcionales estables y un mes después la Ley de Medidas Tributarias para 2015 que incluyó en un capítulo la cesión de tributos a los municipios. Más tarde, en abril de 2015, vio la luz el decreto que regula las mancomunidades de interés general. Ahora, las Cortes iniciarán el debate de un nuevo proyecto de ley, formado por diez artículos, cuatro disposiciones adicionales, tres finales, una derogatoria y un anexo, que podría aprobarse, según los cálculos de De Santiago-Juárez, antes de que termine abril.
