La Junta enmienda la reforma local porque su aplicación costaría 382 millones más a las arcas autonómicas

La Junta de Castilla y León considera que la aplicación tal y como está del proyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como reforma local, supondría un coste de 382 millones de euros más a las arcas autonómicas, al asumir competencias municipales en sanidad, educación y servicios sociales. El Ejecutivo de Juan Vicente Herrera afirma que no se niegan a aceptar funciones, pero con la financiación adecuada, y pide que se corrijan cuestiones que no benefician a la Comunidad.

El Consejo de Gobierno acordó este jueves, por primera vez, remitir propuestas de enmiendas a la reforma local para su presentación por los grupos del PP, PSOE e Izquierda Plural en el Congreso y el Senado, texto que también se envía al Gobierno central, según explicó el consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior a la reunión ordinaria del Gabinete, en la que se mostró optimista en que sean recogidas y presentadas.

“Nosotros hemos cumplido, lo intentamos hasta el último momento por su repercusión negativa en los ciudadanos de Castilla y León”, afirmó el consejero portavoz, después de recordar que hay elementos de la reforma local que no les gustan, pese a que algunos se han correguido desde que presentaron un informe critico al anteproyecto el pasado mes de marzo, aunque creen que no es suficiente.

El conjunto de enmiendas -once- se dirigen a modificar plazos y funciones de las entidades locales que pasan a la autonómica. Además, incluyen una consideración en la que explican que la asunción de centros educativos municipales supondría 100 millones de euros, aunque el proyecto deja esa materia sin plazos y a la espera del nuevo modelo de financiación y de la Ley de Haciendas Locales.

En sanidad, la Junta quiere que la construcción, mantenimiento y conservación de los consultorios locales se incluya en el artículo de las competencias propias de los municipios, ya que la Comunidad tiene 3.600 atendidos en este momento desde el ámbito local, en algunos casos por concejales, aguaciles y personal de manera altruista, explicó el consejero portavoz, que estimó en 30 millones de euros su paso a la Junta.

Según De Santiago-Juárez, este traspaso va en contra del principio de la ley de que no se aumente el gasto público en la prestación de los servicios por parte de las administraciones, de ahí que también piden la supresión o en caso contrario que se matice la disposición transitoria primera sobre la asunción de competencias de los municipios.

En servicios sociales, la Junta quiere que las funciones de los CEAS sean completas, ya que en caso contrario se duplicarían funciones para las labores de proximidad y los distintos a los centros residenciales y tendría que contratar personal. En este momento, esas funciones realizadas por 1.500 personas de las diputaciones y municipios de más de 20.000 habitantes suponen 51 millones, que pasarían, según su estimación, a 102.

En la atención residencial, piden que se puede atender de forma más eficiente en una red pública a los largo del terrtorio, si bien para evitar la duplicidad de gastos o la eliminación de servicios requieren que el periodo de adaptación pase de uno a cinco años al menos, lo mismo que se plantea para sanidad. “Eso no se consigue en un año, en Castilla y León hay 9.900 plazas, 240 centros y un presupuesto 226 millones de euros”, precisó.

Otra de las enmiendas se refiere a la ampliación de tres meses al 31 de diciembre de 2014 para que las entidades locales menores rindan cuentas, el plazo que se plantea, según señaló el portavoz, es la fecha que recoge el proyecto para las empresas públicas municipales. En Castilla y León existen 2227 entidades locales menores, en su mayoría concentradas en Burgos, León y Palencia.

El impacto de la reforma local, tal y como está planteada en algunos aspectos, deriva de la configuración territorial. La foto de Castilla y León es la extensión, baja población y la dispersión, así como el carácter municipalista, el 27 por ciento de los existentes en España, el número de entidades menores y los 6.160 núcleos de población.

“El Gobierno de Castilla y León no tiene miedo a gestionar los servicios, pero no sin dinero”, recalcó el consejero portavoz, quien volvió a censurar que algunas instituciones quieran deshacerse de servicios, aunque sí entendió que pidan más financiación. “No entiendo que haya administraciones que estén encantadas de quitarse servicios”, subrayó.

De Santiago-Juárez afirmó que la Junta “ha querido ir hasta el final para que se corrijan cuestiones que no benefician a Castilla y León” y se mostró optimista de que los grupos presenten sus propuestas, aunque añadió que conseguirlo depende de la otra parte. “Una cosa es que no guste y otra que vaya en contra de la ley”, respondió sobre la petición de IU de que se presente un recurso de insconstitucionalidad. “Lo lógico es que se acepten las enmiendas, no se pide más financiación”, concluyó.