La Junta actuará contra los bancos por cláusulas abusivas en créditos hipotecarios
La consejera de Economía, Pilar del Olmo, explicó este martes en el pleno de las Cortes que la Junta ejercerá la potestad sancionadora, de acuerdo a lo recogido la Ley del Estatuto del Consumidor y siempre que no haya prescrito la reclamación, contra las entidades bancarias que hayan aplicado cláusulas abusivas en sus créditos hipotecarios.
El procurador de Podemos Félix Díez Romero se interesó en la sesión de control del Pleno de las Cortes por las medidas que la Junta va a tomar con respecto a las entidades financieras por las cláusulas abusivas en sus créditos hipotecarios, ante una sentencia del Tribunal Supremo que avala la potestad de sancionarlas por parte de la administración, en este caso la autonómica.
“Me alegro de que la persistencia de nuestro grupo y de las asociaciones de consumidores haya dado sus frutos”, dijo Romero, al tiempo que apuntó que el 5 de abril de este año ya se pidió que se sancionara a los bancos y los consumidores no fueran a juicio “pero se dio tiempo y oxígeno a los bancos para no pagar. Sin embargo sí se sanciona quien aparca mal o infringe la ley de pesca o de caza y ya es hora de que no solo se actúe contra los roba gallinas si no contra quien ha estafado y dejado vacías las arcas de muchos impositores y personas que sufren”, agregó.
También recordó que existen más de 465 juicios pendientes por las cláusulas abusivas y “puede que no se llegue a paliar los efectos de quienes las han sufrido con sanciones lo suficientemente disuasorias”.
Del Olmo replicó que la Junta se debe regir por la ley y que las reclamaciones de afectados por cláusulas abusivas en créditos hipotecarios se remitirán al Banco de España para su informe pertinente previo y determinar si se actuó de forma incorrecta antes de sancionar. No obstante el cliente podrá seguir acudiendo a la jurisdicción civil a que le devuelvan su dinero mal cobrado. La consejera sostuvo que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) elimina “un importante obstáculo” que impedía sancionar a las entidades financieras desde la administración.
