León vive un segundo terremoto, esta vez en la montaña, que alcanza una magnitud de 3,2
La Junta desvela el interés de algunas empresas catalanas por instalarse en Castilla y León

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, desveló este viernes el interés mostrado por algunas empresas catalanas, de tamaño medio, por instalarse en Castilla y León, si bien rehusó facilitar los nombres de las compañías. Además, enmarcó estos movimientos en las decisiones que están adoptando entidades financieras, como el Banco Sabadell, o la que estudia Caixabank, ante una declaración unilateral de independencia.
Del Olmo se refirió a esta cuestión minutos antes de participar en la Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León. La consejera apostó por dar “apoyo” en estos momentos al Sabadell o La Caixa, dos entidades que aseguró tienen “mucha relación” y “muy buena” con la Junta, puesto que acuda a ellas, entre otras, para financiar su endeudamiento.
En ese sentido, la titular de Economía rechazó hacer una “diferenciación” por tener origen catalán y destacó que operan en todo el territorio español. Pilar del Olmo señaló que el proceso independentista, que celebró el pasado domingo un referéndum, declarado ilegal, llevó a estas dos entidades a importantes pérdidas en la Bolsa española, lo que advirtió suponía una descapitalización bursátil millonaria.
Asimismo, la titular de Economía recalcó que los traslados de empresas desde Cataluña a otros territorios son una “consecuencia” de la “sin razón” e “ilegalidad” del proceso secesionista. A su juicio, los promotores del proceso independentista no calcularon el impacto de sus decisiones y que “muchas empresas hicieran lo que están haciendo” estos días.
Además, Del Olmo explicó que los bancos, especialmente, no pueden enfrentarse a una situación de inseguridad jurídica y verse fuera del paraguas del Banco Central Europeo (BCE), a pesar de que la independencia de Cataluña “no sería tal”, puesto que sería fruto de un proceso ilegal, al margen de la Constitución española.
Finalmente, la consejera de Economía y Hacienda recordó que las entidades deben defender a los depositantes que confiaron en ellos ante las “dudas” generadas en las últimas semanas.