IU tacha de “robo” y “golpe a la democracia” la reforma local aprobada por el Gobierno

Santiago Ordóñez y Manuel Domínguez Chico en rueda de prensa este sábado en León.

ileon.com

El Coordinador Provincial de Izquierda Unida, Santiago Ordóñez, ha explicado en rueda de prensa este sábado la posición de su partido ante la reforma de la administración local aprobada por el Gobierno este viernes en el Consejo de Ministros, una ley que consideran “reaccionaria y antiayuntamientos” y “aún más dañina” que la reforma previa propuesta.

“Estamos ante un golpe de Estado contra la democracia y la desaparición de facto de cualquier autonomía de los municipios para actuar con una mínima autonomía” indican desde la coalición que lamentan que se mantenga la amenaza de disolución de las Juntas Vecinales a pesar del reciente informe del Consejo de Estado.

“Si esta Ley se aprobase las Diputaciones tendrían capacidad plena para decidir y gestionar o decidir como se gestionarán los servicios de recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua, accesos a los núcleos de población y pavimentación de las vías. Lo que significa que los municipios menores de 20.000 habitantes y las juntas vecinales perderán toda capacidad para decidir en estos aspectos.” valoran desde la coalición en León.

El reforzamiento de las Diputaciones en su capacidad para gestionar servicios, recaudación de tasas e impuestos y en materia de toma de medidas contra los ayuntamientos y juntas vecinales que tengan déficit es según IU “la intervención definitiva de los ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda, que junto y en coordinación con las Diputaciones, podrá impugnar cualquier acuerdo municipal o de junta vecinal que incumpla la ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cualquier ayuntamiento o junta vecinal que sufran la imposición de un Plan de Ajuste o Económico Financiero podrá sufrir la imposición de supresiones de servicios deficitarios, cambios de gestión que el ministerio considere, subidas de tasas o despidos de trabajadores (racionalización organizativa)”.

Según Santiago Ordóñez si esta Ley se aprueba corren serio peligro las juntas vecinales y muchos municipios debido a la aplicación del nuevo “calculo de coste efectivo de los servicios que presta”. Éste es el coste por el que se determinará la capacidad de municipio y juntas vecinales para poder dar los servicios, cuyos criterios para realizar el cálculo aprobará el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el caso de déficit se aplicarán los aspectos anteriores o se impondrá la privatización del servicio para los consistorios y las pedanías serán disueltas.

IU cree que la Ley priorizará la gestión privada y tan solo admitirá la gestión pública si no existe déficit, “según criterios arbitrario del Ministerio de Montoro. La iniciativa privada tendrá prioridad sobre la gestión pública en todos los casos”.

Además Izquierda Unida denuncia la pérdida de personalidad jurídica de las entidades locales menores, que tan solo las existentes y las que iniciaron su proceso de constitución antes del 1-1-2013 mantendrán su capacidad legal; además el anteproyecto de Ley “les roban sus servicios de abastecimiento de aguas a favor de las Diputaciones, que de no presentar sus cuentas en el plazo de 3 meses tras la entrada en vigor de la Ley serán disueltas por la Junta, que su liquidación significaría que sus derechos, obligaciones y propiedades pasarían a los municipios y sus Montes de Utilidad Pública a la Junta y por último que cualquier tipo de déficit en el ejercicio de sus competencias supondrá también su disolución”.

Izquierda Unida considera que “estamos ante el robo del 55% de la provincia de León” y la piden a la Junta que estudie la presentación de un recurso de inconstitucionalidad “sólo por la injerencia intolerable del Gobierno en las pedanías”, ya que el Consejo de Estado avaló que eran competencias autonómicas.

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