IU pide una auditoría en San Andrés a quince años vista
IU de San Andrés del Rabanedo exige al equipo de gobierno PSOE-PAL que la auditoría de la deuda sea de los últimos 15 años y que sea una “auditoría ciudadana”, que cuente con la participación de los vecinos del municipio. Así, pide que se abarque todo el periodo en el que se ha generado la deuda y “no impida” investigar durante la época en que estuvo gobernando y privatizando el PSOE los servicios públicos,
“Que la ciudadanía conozca la gestión realizada, lo que se ha privatizado y lo que ha supuesto económicamente esas privatizaciones, así como no pagar en su momento incrementando a la deuda los intereses y las costas de los juicios lo que ha supuesto la creación de una deuda multimillonaria que pagaremos los vecinos y vecinas del municipio”, añadieron.
A este respecto, denunciaron que el pago de la deuda que arrastra este Ayuntamiento de San Andrés “es incompatible con cualquier proyecto democrático y social de recuperación del empleo y mantenimiento de unos servicios públicos dignos y con suficiente financiación”. Por eso, consideran que es necesario y urgente realizar una auditoría pública para renegociar esa deuda que evite el estrangulamiento futuro del municipio.
En este municipio, recalcaron, “el mal llamado período de 'auge' económico se sostuvo en una dinámica de creciente endeudamiento”. Con la llegada de la crisis y la aplicación de la “receta clásica” de la austeridad y las reformas neoliberales, advirtieron, “se ha disparado el porcentaje de recursos públicos destinados cada año a pagar los intereses de esa deuda”.
En su opinión, la auditoría debe ser un proceso colectivo y transparente para comprender “cómo se acumularon las distintas deudas, qué efectos ha tenido y sigue teniendo el endeudamiento, qué se financió, bajo qué condiciones y quién se benefició del proceso”. Desde IU recalcaron que “solo podrá ser políticamente eficaz si se cumplen esas tres condiciones”.
Esas condiciones fueron exigidas por la concejala de IU, Eloina Terrón en la reunión de la Junta de Portavoces. “Que sea una auditoría que abarque los últimos 15 años donde se ha creado la deuda; que sea una auditoría transparente y participada por la ciudadanía; y que sea una auditoría jurídica, económica y de contrataciones, que no se limite sólo a una parte estrictamente financiera”, concluyeron.
