Un informe de la Junta avala al compatibilidad de la reforma local del Gobierno y la ordenación territorial
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, aprovechó una reunión con los delegados territoriales de la Junta para dar a conocer las conclusiones de un informe que constata la “completa compatibilidad” de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León y la recién aprobada ley estatal de racionalización y sostenibilidad de la administración local. A este respecto, esta misma semana, la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios popular y socialista mantuvieron una reunión en la que se valoró tal compatibilidad normativa.
El encuentro de la Comisión de Coordinación Territorial sirvió para dar a conocer la reforma de la administración autonómica aprobada recientemente y el avance de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio han sido dos de los asuntos destacados. La Junta de Castilla y León aprobó, en su Consejo de Gobierno de 30 de enero pasado, un acuerdo con 65 medidas para la reforma de la administración autonómica.
El objetivo último es simplificar procesos, incrementar la coordinación interna de la administración y avanzar en la racionalización, la eficacia, la eficiencia y la transparencia del funcionamiento de la Junta. En el encuentro se han repasado las medidas y el calendario fijado para la realización de todas ellas.
Decreto alojamientos rurales
Además, la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, participó en la reunión para informar sobre la entrada en vigor del nuevo decreto por el que se regulan los establecimientos de alojamiento de turismo rural en la Comunidad.
Solicitó la colaboración y la implicación de los diferentes servicios territoriales de cada una de las provincias para aclarar las dudas que puedan tener los titulares de los alojamientos de turismo rural sobre la aplicación del decreto y de los criterios para la categorización de los alojamientos de turismo rural. En este sentido, les ha solicitado que, desde las distintas provincias, promuevan jornadas informativas a tal fin dirigidas al sector empresarial.
Las novedades introducidas por este decreto exigen, asimismo, la adopción de medidas para garantizar la seguridad jurídica y la correcta información tanto a los titulares de los establecimientos como a los turistas, dando solución a las dudas que puedan surgir con los cambios introducidos.
Por ello se ha puesto en marcha también un foro de normativa de turismo que consiste en una herramienta 'intranet' de coordinación y colaboración interna entre la Dirección General de Turismo, a través del Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, y las secciones de turismo de los nueve servicios territoriales que ofrece un espacio de colaboración y almacenamiento de documentos, información e ideas que servirá de ayuda al grupo de profesionales que tiene que aplicar la nueva normativa.
Castilla y León se ha convertido en la primera Comunidad que regula los alojamientos de turismo rural por categorías a través de un decreto pionero elaborado en colaboración con el sector y sobre la base de un consenso nacional en esta materia.
Una de las principales novedades de esta normativa es la catalogación de los alojamientos de turismo rural dentro de las figuras de casa rural, hotel rural y posada, y su categorización en cinco niveles distintos en función de sus instalaciones, equipamientos y servicios identificados con estrellas verdes.
La nueva normativa, que permitirá una mayor y más eficaz comercialización e internacionalización del turismo rural de la Comunidad, pretende promover la calidad y la excelencia del turismo rural en Castilla y León, favorecer la iniciativa, innovación y competitividad del tejido turístico empresarial, elevar la confianza del cliente en la oferta y en la calidad de los servicios y reforzar los derechos de los clientes.
Todos los establecimientos de turismo rural existentes en la actualidad tienen que categorizarse presentando la correspondiente declaración responsable en el plazo de un año desde la entrada en vigor del decreto, el próximo 3 de marzo de 2014.
