El Gobierno indulta a una funcionaria leonesa que falsificó un documento oficial en su propio beneficio
El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este lunes, 14 de julio, recoge el indulto parcial María de los Ángeles Quiñones Fernández, funcionaria de la Junta de Castilla y León condenada a una pena de prisión de tres años y dos de inhabilitación por falsificación de documento oficial en beneficio propio en unos hechos ocurridos en 2009.
El indulto parcial firmado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, rebaja la pena de prisión a la funcionaria hasta los dos años, un hecho que podría suponer que no ingrese en prisión dada la habitualidad de la Justicia en que no ingrese en prisión personas con dos años o menos de pena y sin antecedentes, como es el caso. El indulto era solicitado por la Audiencia Provincial de León en la propia sentencia de condena de abril de 2013 atendiendo a la afección del caso y a su condición de madre reciente.
El decreto de indulto, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, está condicionado a que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años desde este lunes, fecha de publicación del real decreto. Además, deja subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia, que eran inhabilitación especial para desempeñar funciones como auxiliar administrativo de la Junta de Castilla y León por el tiempo de dos años y una multa de seis meses a una cuota diaria de seis euros (poco más de 1.000 euros).
El Gobierno explica en el decreto que “atendiendo a las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de julio de 2014” para dictar el indulto a la funcionaria leonesa.
Falsificó el registro de entrada en un asunto personal
En la sentencia se considera probado que la condenada -adscrita al servicio territorial de agricultura y ganadería de León, con destino en la Sección Agraria Comarcal de Astorga (en adelante la SAC), en la que desempeñaba, entre otras, funciones de registro de entrada y salida de documentos- presentó en diciembre 2009 en el registro de la Delegación Territorial de León un escrito solicitando la revisión de una solicitud de ampliación del período de subsidiación de los planes estatales de vivienda, en el que alegaba que ella misma había presentado la solicitud de ampliación en octubre de 2009 en el registro de Astorga en el desarrollaba sus funciones, acompañando con la copia de la solicitud copias de documentos falsos elaborados por ella misma.
La documentación supuestamente presentada por la acusada en su registro de Astorga nunca llegó a su destinatario el servicio territorial de fomento de León, habiendo sido confeccionada simuladamente por la acusada utilizando en el oficio de remisión un número de registro de salida fecha y hora, que correspondían a una solicitud de valoración de situación de dependencia presentada en el registro de Astorga por una tercera persona, y como número de registro de entrada, fecha y hora que correspondía a una solicitud de talonario de documento sanitario presentada por otra tercera persona.
La ahora indultada negó los hechos en la vista en la Audiencia Provincial aunque la prueba documental obrante en las actuaciones fue fundamental para su condena. La Junta de Castilla y León ejecutó la sentencia de dos años de inhabilitación desde el pasado 10 de marzo, por lo que hasta el 2016 no podrá volver a ocupar un puesto de funcionaria en la Adminstración autonómica.
