El Gobierno aprueba una norma 'ad hoc' para reabrir la central nuclear de Garoña
El Gobierno dio hoy luz verde al Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura del Combustible Nuclear Gastado y de los residuos radiactivos, norma que permitirá a Nuclenor, titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), solicitar la renovación de su licencia antes del 6 de junio, por lo que se abre la puerta a que la planta pueda volver a operar, según anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Con este decreto se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva comunitaria sobre gestión de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado, regula las actividades de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa, y modifica el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
Esta norma, de julio de 2011, establece un marco comunitario para la gestión “responsable y segura” del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, explicó la vicepresidenta.
Asimismo, el Gobierno ha completado y actualizado a través del real decreto la normativa por la que se regulan las actividades de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.
En concreto, se incluyen los principios generales para la gestión de los residuos, precisa las responsabilidades asociadas a dicha gestión por parte de la sociedad estatal mercantil encargada de la gestión de los residuos radiactivos generados en España y establece el contenido del Programa Nacional de Gestión de Residuos, denominado 'Plan General de Residuos Radiactivos'.
Además, la norma incorpora también modificaciones del reglamento de 1999 sobre instalaciones nucleares y radiactivas, por las que establece la posibilidad de que el titular de una instalación nuclear pueda solicitar una renovación de su autorización de explotación.
Esta solicitud podrá pedirse siempre y cuando no haya objeciones por temas de seguridad nuclear, protección radiológica o por el cierre radiactivo derivado de alguna de estas circunstancias, explicó la vicepresidenta.
Valoración de la empresa
Nuclenor calificó de “muy positiva” la reforma del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas aprobada hoy en el Consejo de Ministros, cambio normativo introduce la posibilidad de solicitar la renovación de un permiso de funcionamiento después de la declaración de cese de actividad, y asegura que valorará las “nuevas condiciones para solicitar la renovación del permiso de funcionamiento de Santa María de Garoña al Ministerio de Industria, Energía y Turismo”.
La reforma permitirá que las centrales nucleares españolas que hayan cesado su actividad por razones que no sean de seguridad puedan solicitar la renovación de su permiso de funcionamiento en el plazo de un año desde el cese de la operación. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evaluará las condiciones de las centrales que lo soliciten y establecerá los requisitos para la renovación de los permisos de funcionamiento de las instalaciones nucleares.
Garoña se encuentra parada desde el 16 de diciembre de 2012 y desde el 6 de julio de 2013 en situación administrativa de cese de actividad por razones ajenas a la seguridad nuclear y la protección radiológica. Durante este tiempo, según la empresa, se ha mantenido la totalidad de la plantilla y se han continuado desarrollando las actividades necesarias para mantener la instalación en las mejores condiciones “que garantizan su seguridad y su capacidad para volver a funcionar”.
Rechazo de las organizaciones ecologistas
Ecologistas en Acción calificó de “escandaloso” la aprobación del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas en el Consejo de Ministros celebrado hoy, y aseguró que se trata de un cambió para favorecer Nuclenor, a la vez que abre un importante “boquete en la seguridad al permitir que las instalaciones soliciten su reapertura abreviando los procedimientos habituales que daban mayores garantías. La merma de seguridad se producirá por la reducción de plantillas y por la rebaja de los protocolos de seguridad para ahorrar gastos”.
Esta modificación, según la asociación naturalista, abre la puerta a revertir el cierre cuando este supuestamente se produzca “por motivos económicos” y no de seguridad. “Pero resulta claro que la forma de llevar cualquier instalación a los niveles de seguridad requeridos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es invertir más dinero. En efecto, Garoña tendría que invertir más de 130 millones de euros para realizar los cambios requeridos por las pruebas de estrés y del propio CSN”.
Al mismo tiempo, desde Ecologistas en Acción se considera que Garoña es la “moneda de cambio” que la industria nuclear española está usando para conseguir mejorar el régimen legal de las centrales nucleares.
“El sector nuclear presiona para que se elimine el impuesto sobre los residuos de alta actividad y para que se prolongue la vida de las plantas a 60 años. Dos extremos que resultan muy problemáticos porque el impuesto fue propuesto por la Comisión Europea y la vida útil de una central la debería dictaminar el CSN, y no el Gobierno”.
