El Gobierno aprueba el decreto que promueve una moratoria en los desahucios
En un Consejo de Ministros adelantado al jueves por la celebración este fin de semana de la Cumbre Iberoamericana en Cádiz, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha desvelado el contenido del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno ante la alarma social provocada por los desahucios.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, Real Decreto Ley en cuya tramitación parlamentaria se espera la aportación de todos los grupos políticos, después de las reuniones durante los últimos días entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.
Entre las medidas de lo aprobado se encuentran:
Paralización durante dos años de los lanzamientos, es decir, de la fase final de desahucio, que afecten a los colectivos que no superen el nivel de rentas previsto tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Públicos), que en 2012 es de 532 euros al mes, lo que representaría familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1.597 euros; en los que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, es decir, cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5 por 100 en los últimos cuatro años; en los que la cuota hipotecaria supere el 50 por 100 de los ingresos netos; en los que se trate de un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad; y, además, se encuentren en alguna de estas circunstancias:
- Ser familias numerosas de acuerdo con la definición en la legislación vigente,
- Constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
- Ser familias con algún menor de tres años.
- Tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33 por 100 o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral.
- Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo.
- Constituir unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral.
- Estar en algunos supuestos de violencia de género.
- Creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda.
Más medidas en la tramitación parlamentaria
El Gobierno ha anunciado además que el Real Decreto Ley irá al Parlamento para aborsar otros asuntos que se han quedado en la mesa de negociación con el PSOE como el establecimiento de nuevos umbrales para la aplicación del Código de Buenas Prácticas, para poder entrar en procesos de reestructuración de la deuda, de quita o, en su caso, de dación en pago.
Asimismo, se mejorarán aspectos relacionados con las subastas y con los intereses de demora, mecanismos para dar mayor independencia a las sociedades de tasación frente a las instituciones bancarias a la hora de tasar la vivienda, la posibilidad de establecer límites en las compras de vivienda habitual para evitar de cara al futuro el sobreendeudamiento o mecanismos para evitar cláusulas abusivas en las negociaciones hipotecarias.
El PSOE
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, justificó en una reunión a puerta cerrada con los diputados del Grupo Socialista en el Congreso la negativa, de momento, a apoyar el texto del Gobierno al no recoger tres reivindicaciones del PSOE:
- Que el Decreto se amplíe a todas las familias que protege el Código de Buenas Prácticas bancarias.
- No se aborda la reforma en profundidad de la Ley Hipotecaria para que no se vuelvan a repetir situaciones como la actual.
- No se ha aprobado la obligatoriedad del Código de Buenas Prácticas bancarias.
La decisión de la Troika
Según el Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado por España para el rescate a la banca con el FMI y la Unión Europea cualquier modificación normativa sobre el sector financiero deberá contar con el visto de la Troika. Así las cosas, dependerá de la opinión de los socios europeos la aplicación final de lo aprobado por el Gobierno.
Los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad se paralizarán durante dos años
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