El Comisionado de Transparencia decidirá sobre el acceso a la información de cargos públicos locales
La Comisión de Transparencia de Castilla y León se declaró competente para resolver las reclamaciones de los concejales y otros cargos representativos locales en materia de acceso a información, que hasta ahora se canalizaba a través del Procurador del Común, cuya resolución se podía aceptar o rechazar. Con este nuevo criterio, las resoluciones serán vinculantes y por tanto de obligado cumplimiento ya que las del Procurador del Común no lo son.
El órgano colegiado adscrito al Procurador del Común modifica así el criterio actual, con la pretensión de “garantizar a los cargos representativos locales el acceso a la información en los mismos términos, cuando menos, que a cualquier ciudadano, para lo que se basa en la aplicación supletoria de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”, señala en un comunicado.
De esta forma, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, en la línea de algunos otros órganos autonómicos de garantía del derecho a la información pública, pretende facilitar el acceso a la información de los miembros de las entidades locales, en cuanto presupuesto esencial del derecho constitucional de participación en los asuntos públicos por medio de los representantes políticos.
