Castilla y León y Asturias analizan problemas comunes como minería y despoblación

ICAL Los consejeros de la Presidencia y Hacienda de la Junta de Castilla y León y del Gobierno del Principado de Asturias, José Antonio de Santiago-Juárez(2D), y Pilar del Olmo(3D); y Guillermo Martínez(2I) y Dolores Carcedo(I), respectivamente, mantienen un encuentro de trabajo

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La Junta ha considerado que la minería es un “buen ejemplo” de que dos comunidades, Castilla y León y Asturias, “defienden a sus ciudadanos por encima del color político del Gobierno de España”. Así lo aseguró el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, quien mantuvo un encuentro en Valladolid con su homólogo del Principado, Guillermo Martínez.

Ambas comunidades, que no son “dudosas” en materia minera, han sido críticas con la política energética desarrollado desde Madrid, en un problema “que empezó en la última etapa del Gobierno socialista y continúa ahora”. “Ambas hemos seguido de la mano”, espetó de Santiago-Juárez, en referencia a la relación de Castilla y León y Asturias al respecto, para añadir que a las dos les gustaría que el Ejecutivo central siguiera una política “mejor” para sus intereses, “siempre desde la lealtad crítica”.

Las dos comunidades coincidieron en sus posiciones y lamentaron la postura del Gobierno en el sector del carbón. En este sentido, el consejero de Castilla y León señaló que, hasta donde él conoce, las negociaciones entre el Ministerio de Industria y los sindicatos por el nuevo plan del carbón “no van mal”. Pero recordó que aún está pendiente el plan de cierre a partir de 2018 sin ayudas y la liquidación de las subvenciones de 2012 a Grupo Alonso.

Sobre este último apartado, recordó que la Junta siempre “ha sido crítica por no entender que una ayuda de 2012 se pueda bloquear porque en 2013 no esté la empresa al corriente de los pagos de la Seguridad Social”. Este grupo minero sostiene cientos de puestos de trabajo en León y en la zona suroccidental de Asturias.

También está pendiente, dijo de Santiago-Juárez, la convocatoria de ayudas de este año. Todo ello lleva a ser “críticos” con la gestión del Gobierno en un sector que “tiene futuro y es importante para las cuencas mineras”, por lo que demandó el mantenimiento de las ayudas, petición en la que ambas comunidades se encuentran “en sintonía”.

Igualmente Guillermo Martínez explicó que el Gobierno del Principado siempre ha sido “contundente” por la afección que estas medidas tienen sobre el empleo y la repercusión “negativa” en las comarcas mineras, “sin ofrecer alternativas”. Martínez lamentó que el departamento de José Manuel Soria no haya dado ejemplo en la negociación con los representantes de los trabajadores y reprochó también la liquidación de ayudas al Grupo Alonso.

Despoblación y otros asuntos comunes

Los ejecutivos autonómicos de Castilla y León y Asturias acordaron además impulsar una estrategia interterritorial para presionar al Gobierno central y a Bruselas, a través del Comité de las Regiones, con el objetivo de atajar a largo plazo el problema de la despoblación, una cuestión en el que ambas comunidades comparten estrategias y medidas y que es considerada un “asunto de Estado”, tal y como aseguró José Antonio de Santiago-Juárez.

Para poder incrementar esa presión, a través de “una especie de lobby”, los dos gobiernos autonómicos plantearán una batería de iniciativas y convocarán una reunión en otoño en la ciudad de Oviedo que contará con la presencia de Galicia y Asturias, las otras dos comunidades españolas con bajo dinamismo demográfico que pertenecen a la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos, y que cuenta en su seno con cinco territorios alemanes, de un total de 40, que también presentan problemas de pérdida de población. De hecho, la Junta presentó en octubre de 2011, ante este cuadro de expertos, la Agenda para la Población.

La reunión mantenida en Valladolid sirvió para analizar los resultados del protocolo de colaboración suscrito entre los dos gobiernos en 2008, que en un principio no contaba con el “grave problema demográfico”, como coincidieron en definir, pero que se añadirá a partir de ahora, junto a otros como la sanidad, asuntos competenciales, protección civil, violencia de género y financiación autonómica, motivo por el que en el encuentro también estuvieron presentes las dos consejeras de Hacienda de sendos ejecutivos, que abordaron las características de dispersión, envejecimiento y baja densidad de población de cara al futuro modelo.

De Santiago-Juárez señaló que la idea de esta reunión de trabajo, centrada en la demografía, surgió del Gobierno del socialista Javier Fernández, que hasta el momento únicamente ha puesto en marcha medidas e iniciativas independientes en el medio rural contra la despoblación, mientras que la Junta, recordó el consejero de la Presidencia y portavoz, aprobó una estrategia y ahora cuenta con un Agenda, estudiada ya por el Principado, según señaló Guillermo Martínez.

Ambos consejeros coincidieron en que es necesario “despolitizar” la despoblación, “porque es un asunto que hay que atajar a largo plazo”. “La oposición del PP en Asturias y la del PSOE en Castilla y León no lo entienden y piden a los dos gobiernos que lo arreglen en un año”, consideró de Santiago-Juárez.

Entre las dos comunidades cuentan con el 36 por ciento de los municipios de España (11 por ciento de Asturias y una cuarta parte de Castilla y León), una característica que identifica a ambas con el problema de la despoblación. Por ello, dijo el consejero castellano y leonés, “las características que encarecen la prestación de servicios en el territorio no son caprichos”.

Pero también hubo tiempo para abordar la situación actual de la Variante ferroviaria de Pajares, afectada por embalsamientos de agua y debilitamiento de una de las laderas. Al respecto, el consejero asturiano demandó al Gobierno de Mariano Rajoy que “cumpla los plazos para concluir la obra”, dado que en mayo se comprometió a tener elaborado en julio un calendario de actuaciones. “Es una obra vital para el desarrollo de Asturias”, remarcó.

Las estrategias interautonómica y española se deben completar con la europea, según ambos gobiernos. Castilla y León y Asturias abordar esta singularidad demográfica con las regiones de otros países de Europa con características similares. Por ello, ambas comunidades autónomas han trabajado, tanto en el Parlamento Europeo como en el Comité de las Regiones, para presentar enmiendas a los futuros reglamentos que regularán los fondos estructurales durante el periodo 2014-2020. El objetivo de las enmiendas ha sido que los futuros fondos de cohesión recojan la especificidad demográfica de los territorios europeos y ello se refleje en el reparto de ayudas y fondos de la UE.

Además, a este respecto, cabe recordar que ya en el artículo 174 del Tratado de la Unión Europea se fija como objetivo de la política de cohesión económica, social y territorial favorecer a las zonas que presentan mayores dificultades orográficas y poblacionales para su desarrollo.

Los acuerdos entre Asturias y Castilla y León han desarrollado proyectos en ámbitos como la asistencia sanitaria, la atención a la dependencia, la educación, las infraestructuras, la seguridad y protección civil, y el carbón y la eficiencia energética. A modo de ejemplo, las líneas de actuación en materia sanitaria incluían la atención a las urgencias y emergencias, el transporte sanitario y la colaboración en atención primaria, atención especializada, salud mental y psiquiátrica, tarjeta sanitaria, formación de personal y nuevas tecnologías. Desde 2008, los resultados obtenidos se traducen en 365 pacientes de León atendidos en el Hospital de Arriondas y 447 pacientes de Asturias atendidos en hospitales de Castilla y León.

La colaboración en seguridad y protección civil entre ambas comunidades se desarrolla con fluidez: los equipos de rescate de ambas comunidades intervienen en áreas limítrofes y hasta el momento se han registrado 21 rescates en zonas montañosas. En cuanto a la atención de llamadas de urgencia a través Emergencias 112 se han atendido 3.270 llamadas, intercambiadas entre centros autonómicos.

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