El alcalde de Puebla de Lillo imputado por corrupción seguirá cobrando 30.000 euros siendo tránsfuga del PP
Aferrado al cargo de alcalde y al sueldo de 30.000 euros por una dedicación municipal no completa, que le permite la Ley. Así permanecerá, casi sin opciones de sorpresa de última hora, el alcalde de Puebla de Lillo, ex diputado provincial del PP y elevado cargo de confianza de Isabel Carrasco y Marcos Martínez Barazón, Pedro Vicente Sánchez, ahora que ha cursado su baja de esta formación política, arrastrando a otros tres concejales populares, a raíz de su condición de investigado -imputado- por la Audiencia Nacional a causa de la investigación de la trama corrupta destapada hace dos años por la Operación Púnica.
En la situación actual, a la que el PP ya se resigna, Sánchez permanecerá como alcalde no adscrito apoyado por tres concejales también no adscritos, toda vez que ayer llegara la renuncia de todos ellos a su pertenencia al Grupo Popular que hasta ahora les aglutinaba, lo cual supone su inmediata expulsión, ha explicado el presidente provincial popular, Eduardo Fernández. Una “pesadilla” que ya tuvo un antecedente idéntico tanto en Valderas, tras la escandalosa gestión de su alcalde, Eloy Rubio, y en Cuadros, que incluso tras las elecciones municipales del año pasado sigue gobernado por el ex presidente de la Diputación, también imputado por Púnica tras su fulminante detención en octubre de 2014.
El problema estriba en que Pedro Vicente Sánchez y sus tres ediles son mayoría frente a los tres que quedan: el edil del PSOE, el de IU-Lillo en Común y la única concejala del PP que no se irá de esta formación, Ruth Quintanilla. Ella sola conformará el Grupo Popular en Lillo, según ha manifestado en firme ante su partido, lo cual “le hemos agradecido”, mantiene Fernández. Y eso a pesar de que su nombre también llego a la sede del PP como la del resto que pedían su baja del partido, aunque al parecer esta maniobra se hizo a espaldas de ella.
El caso es que los 4 votos de Sánchez y sus concejales acólitos hacen imposible la presentación con garantías de triunfar de una moción de censura que le descabalgue del poder municipal. Y de este modo, con la Ley en la mano, podrá mantener las mismas condiciones económicas que tenía desde su toma de posesión en junio del pasado año 2015, en este caso las máximas que le permite la llamada 'Ley Montoro' de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: una dedicación parcial del 75% de hasta 30.000 euros por ser un minúsculo municipio de menos de 1.000 habitantes.
Eduardo Fernández pide “perdón” a los votantes
En nombre del PP, Eduardo Fernández insiste en defender su actuación “categórica y firme desde el primer momento” en este caso como en el precedente de Cuadros, porque “seguimos siendo conscientes de que ante una imputación tan grave no se puede mirar para otro lado”. Y de paso pide “perdón a los votants del PP en Puebla de Lillo, que nos votaron por abrumadora mayoría” hace un año, por lo que “me avergüenza” que “por una situación así se cinco concejales nos vayamos a quedar con uno”.
