La cuestión berciana: el planteamiento provincial
Quienes crean que el rechazo del Ayuntamiento de Ponferrada, de 30/12/2020, a la moción del PRB a favor de la creación de la provincia de El Bierzo, o que dirigentes del Consejo Comarcal hayan expresado su voluntad de no reivindicarla durante este año de conmemoración de la creación de la provincia de “Villafranca del Vierzo” (octubre de 1821), afectan a la Cuestión berciana están en un error. En realidad, esos rechazos -como el reciente de Cistierna a la moción pro-Autonomía Leonesa- solo guardan relación con el seguidismo servil e interesado de los cargos locales de los partidos estatales, estrictamente interesados en que Madrid cuente con ellos en las listas para las próximas convocatorias electorales, sin importarles que con sus actos el pueblo al que dicen representar se vea extremadamente perjudicado, como así lo prueban todos los análisis económicos, demográficos y laborales más recientes; desde luego, a estos personajes (sin ánimo de ofender) la historia no los absolverá. Algo que se la refanfinfla, ignorantes del momento histórico que, a su pesar, están viviendo, anunciador de cambios que no son capaces de percibir; ignorantes, también, de que, en las próximas elecciones, no bastará con ir en la lista, si los partidos estatales no reconducen su postura sobre la creación de una Autonomía Leonesa.
No obstante, lo primero que hay que dilucidar es si existe o no la Cuestión berciana. Evidentemente, no podemos tratar la causa berciana como Asunto, puesto que todavía estamos en una fase en la que predominan los planteamientos sobre las soluciones. Aun así, los planteamientos que en torno al futuro de la comarca de El Bierzo se vienen poniendo en mesas de debates políticos, editoriales y artículos periodísticos, informes técnicos de carácter económico y sociológico, ensayos antropológicos, históricos y culturales, entrevistas, tertulias, etc., ¿son suficientes para establecer que existe verdaderamente una Cuestión berciana?
Son muchas las razones para una respuesta afirmativa. Ciertamente, hoy, nadie discute la singularidad territorial de la comarca de El Bierzo en todas y cada una de las dimensiones que anteceden a la pregunta. Así, El Bierzo es una comarca natural con historia y cultura propias; unas peculiaridades lingüísticas notorias -no siempre bien entendidas y que han llevado a algunos a posiciones políticas que no necesariamente se derivan de ellas y, en algún caso, consecuencia de interpretaciones erróneas, del tipo “en El Bierzo se habla el gallego y no el leonés”, esgrimidas como aval de la propuesta política de la Quinta provincia-; un capital territorial propio y bien diferenciado a lo largo de su historia, con desarrollos económicos muy dependientes de monocultivos que han producido altibajos de todos bien conocidos, y un largo etcétera que puede resumirse en que existe una identidad berciana que a lo largo de la historia ha exigido un reconocimiento político diferenciado de su singularidad, de notable acierto cuando a lo largo de la historia ha tenido carácter de provincia (no siempre asimilables a las actuales, salvo la de 1821) y una soberana tomadura de pelo en el caso del inefable Consejo Comarcal, creado sin tapujo alguno para quebrar políticamente a la provincia de León, labor en la que hoy se afanan los dirigentes de la Junta que lo creó, para especial regocijo de los carguillos bercianos que conducen directamente a sus bolsillos los escasos recursos que llegan a la institución. Hasta aquí, cualquier desacuerdo no puede obedecer más que a sesgos tendenciosos al servicio de intereses espurios que solo perjudican al pueblo berciano. Sin embargo, sí que caben muchos planteamientos para la Cuestión.
Sin duda, el más conocido es el de convertir la comarca en provincia, exhibido por el bercianismo político fundamentalmente. Este argumento fue un elemento central en el reciente acuerdo de la moción pro-Autonomía Leonesa del Ayuntamiento de Torre del Bierzo. Como es sabido, la exigencia bercianista al apoyo a la Autonomía Leonesa residía en El Bierzo provincia, dejando en manos de los bercianos el marco territorial en el que la provincia debiera integrarse. Si se analiza esta posición, lo primero que uno entiende es que, dada la identidad de la otra parte (UPL) y el sentido de la moción, el marco debiera ser el de la nueva Comunidad Autónoma Leonesa, de ahí que resulte un tanto extraño el sentido de una consulta a los bercianos que hipotéticamente pudiera resultar en la integración en otras Comunidades Autónomas, o seguir en la que ya está como décima provincia.
Pero si hay algo que se echa de menos en el acuerdo es que no se menciona el tipo de consulta ni la entidad convocante: ¿un referéndum consultivo al amparo del Art. 92CE, que solo puede convocar el rey a propuesta del presidente del Gobierno y de los que solo ha habido dos desde la aprobación de la Constitución: sobre la permanencia de España en la OTAN y sobre la Constitución Europea en España? Desde luego, no podrá ser al amparo de la LO 2/1980, de 18 de enero, sobre distintas modalidades de referéndum, destinada a regular la convocatoria de referendos de iniciativa autonómica y de reforma de estatutos de autonomía. O quizá piensen en promover iniciativas ciudadanas al amparo del Art. 11.5 del Estatuto de CyL, que exige tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 149.2CE. Aunque, tal vez, sea en el Art. 18 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, que recoge el derecho de los vecinos a solicitar consulta popular en los términos previstos en la Ley, así como en el Art. 71, que permite al amparo de la legislación estatal y autonómica que los alcaldes, previo acuerdo del Pleno, puedan realizar consultas populares. Claro que hay un par de condiciones que dificultarían esta iniciativa: que los asuntos sean de competencia municipal y de carácter local -donde no encaja crear una provincia-, y que, previamente, la haya autorizado el Gobierno del Estado.
Es verdad que el presidente de la Junta de CyL, en virtud del Art. 27.1.e), bien por propia iniciativa o a solicitud ciudadana, puede proponer la celebración de consultas populares en el ámbito de la CA sobre decisiones políticas. El problema es que solo podría realizarse para decisiones relativas a materias de su competencia, entre las cuales no está la de crear una nueva provincia, por ser ésta una competencia estatal. Desde luego, aquello que sí está en condiciones de tramitar la Junta, en virtud de la DA3 del Estatuto, es la segregación de enclaves, algo que entraría en otros planteamientos de la Cuestión berciana, como sería que la comarca de El Bierzo se segregara de la CA de CyL para integrarse en la CA de Galicia o de Asturias, eso sí, previa reforma de sus EEAA, dado que éstos no contemplan la hipotética integración de ningún enclave.
Así pues, mucho me temo que la aspiración del bercianismo político de convertir a El Bierzo en provincia no sea tarea fácil jurídicamente hablando, siendo que la capacidad de generar un conflicto político que abriera camino a la Ley Orgánica que se precisa para la creación de la provincia resulte más que dudosa, en la medida en que el recurso a las encuestas demoscópicas o las manifestaciones callejeras ofrecerían pocas garantías de generarlo. Desde luego, el bercianismo político tiene mucho más fácil proseguir, a iniciativa propia, con las mociones pro-Autonomía Leonesa a semejanza de la moción de Torre del Bierzo, donde va incorporada esa aspiración provincial. ¿Por qué no lo hace CB en Ayuntamientos donde tiene representación?, ¿es que ya no cree que la iniciativa que votó en Torre haya sido acertada?, ¿es por eso por lo que ha resuelto apostar por la Quinta provincia gallega, mientras Valdeorras trata de acercarse a El Bierzo por lo mal que les van las cosas en Ourense? Cuando los proyectos políticos titubean, las huidas adelante nunca traen nada bueno.
A este cúmulo de dificultades para un planteamiento provincialista de la Cuestión berciana, habría que añadir otras consideraciones que, para mí, lo desaconsejan completamente. Y versan sobre la naturaleza de esta entidad territorial. Las provincias tienen su origen en los departamentos franceses de inspiración napoleónica creados al servicio de una concepción centralista imperial del estado. El éxito de las provincias en España, cuya creación no estuvo exenta de dificultades y hubo de pasar por varias tentativas antes del RD de 1833 de Javier de Burgos (que, dicho sea de paso, no es la Ley constitucional que el Art. 11 de la Pepa exigía para el cambio de la organización territorial reflejada en el Art. 10), ni se le presuponía la duración que finalmente ha tenido, precisamente vinculada con el servicio que la provincia ha prestado a la voluntad centralizadora que siempre ha tenido el Estado español desde 1812, salvo, claro está, los periodos republicanos de vocación federal.
¿Y qué pintan las provincias en el Estado Autonómico? Pues muy poco, salvo en constituirse en reservorios para la inoperancia política bien gratificada a través de las Diputaciones, única y verdadera justificación de su pervivencia, así como de recurso permanente del que echar mano desde posiciones involucionistas centralizadoras. Hoy, el poder financiero y competencial está en las Comunidades Autónomas y no en las provincias, ¿qué sentido, pues, tiene crear una nueva que no sea el de servir al engorde de la política estéril y de apoyo a esas hipotéticas involuciones centralizadoras?, ¿o es que sus promotores ya salivan anticipando los jugosos ingresos personales que les proporcionaría la nueva Diputación de El Bierzo?
Desde luego, existen otras alternativas de mayor alcance financiero y competencial para la comarca de El Bierzo, como la que recientemente expuso en su Informe el grupo Iniciativa Autonómica Leonesa, que la convertía en distrito autonómico supra comarcal y le confería una importante capacidad de financiación (500 millones de euros) y competencial (una vicepresidencia y tres consejerías de alcance autonómico, en el caso de un modelo uniprovincial para la Autonomía Leonesa, pendiente de ampliación a toda la Región), así como la creación de 500 empleos al servicio de la administración pública.
Pero este es otro planteamiento, que, junto con algún otro, se irán desgranando mientras el litigio territorial de El Bierzo esté en fase de Cuestión hasta que se convierta en Asunto.
José Luis Prieto Arroyo es profesor universitario y escritor
