UGT alerta de que 15.000 interinos de Castilla y León podrán pedir indemnización por la sentencia europea

La Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León alertó hoy de que 15.000 empleados públicos interinos de la Comunidad podrán solicitar indemnización cuando cesen en sus puestos conforme a las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, a lo que unió los contratos concadenados, especialmente en sanidad, cuyos afectados estarán en disposición de reclamar que la plaza que ocupan se convierta en estructural.

En una rueda de prensa, la secretaria general de FeSP-UGTCyL, Carmen Ámez, afirmó que el sindicato “no alarma” sino que “dice la realidad” y estimó que la administración tiene un “problema” por incumplir y vulnerar el Estatuto Laboral, a la vez que se remitió a lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Europeo de que se han vulnerado directivas europeas.

Ámez denunció “expresamente el abuso” de las plazas de interinos con una media del 30 por ciento, de ellos 6.000 en educación -25 por ciento- y 8.000 en sanidad -44 en profesiones médicas y 25 en enfermeria-, y subrayó que el próximo 8 de noviembre toman posesión los enfermeros del concurso y casi 1.500 se irán a la calle, al no tener plaza fija.

También, incidió en el “abuso” de los contratos concadenados o sucesivos, que estimó en 800 en sanidad, donde más se producen, dado que no existe una cifra de ellos en el Portal de Transparencia. En ese caso, explicó que la propuesta de UGT es que si esas plazas se necesitan, porque los contratos se repiten durante años, se convierta en estructural, cuya reclamación se puede hacer vía judicial.

Ámez manifestó que UGT está en la negociación en Madrid con la ministra de Empleo pero afirmó que “no cree” las palabras de Fátima Báñez cuando defiende el empleo creado a través de la reforma laboral. “Los empleados públicos están escaldados”, remarcó.

Junto a los interinos en educación y sanidad, la dirigente sindical se refirió a los que prestan sus servicios en la Administración General del Estado en la Comunidad, como en justicia, donde habló de 500 afectados, de ellos 108 en los centros de referencia de Salamanca y León.

“La Administración tiene un problema pero no le han generado ni los empleados públicos ni los sindicatos, sino ella por no respetar el Estatuto Laboral”, sentenció Ámez, que subrayó que hay un mes de plazo para buscar una solución y señaló que la reclamación de UGT es que la indemnización sea de 20 días por año y no de 12 al considerar que son trabajadores con los mismos derechos que los laborales fijoos.

Ámez insistió en que ninguna de las tres sentencias, relativas a personal Estatutario temporal de Madrid, personal estatutario temporal del servicio de Sanidad del País Vasco y personal estatutario eventual del Ayuntamiento de Vitoria, excluye a ninguna de las categorías de empleados públicos ni dice que no se pueda reclamar.

Por ello, UGT estudia poner en su web un formulario para que sea rellenado por los afectados, pone a disposición también su asesoría jurídica y anima a que se solicite la indemnización, además recuerda que se pueden dirigir a los delegados de las secciones sindicales para conocer su situación.

La responsable sindical concluyó que es la Junta la que tiene que valorar el coste para cumplir con la sentencia y recalcó que ello trae causa de que “no se han hecho bien las cosas”, donde se refirió a concursos no convocados e interinidades y contratos sucesivos que se prolongan durante años, de lo que aseguró que ya ha advertido UGT. “Es un desmadre, sólo les importan las unidades de gestión clínica”, zanjó.