El Servicio Público de Empleo autonómico negocia con agentes sociales una redifinición de sus funciones

Ical

La Junta y los agentes económicos y sociales ultiman el decreto por el que se aprobará el nuevo Reglamento de organización y funcionamiento del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, donde se establece el objetivo de impulsar una red de fomento de la ocupación, el empleo y la actividad económica. Un reto para integrar a otros entes del sector público autonómico, al resto de administraciones públicas, a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y a entidades privadas. “La red ofrecerá una interlocución y un catálogo de servicios únicos a desempleados, trabajadores, emprendedores y empresarios, garantizando una política de empleo única en la Comunidad”, resalta el texto.

El nuevo reglamento establece también la cooperación con las agencias de colocación privadas, reduce a tres los servicios funcionales del ECYL y se fusiona el Observatorio de Empleo con la unidad de estudios, para conformar un nuevo servicio. El reglamento, en el que se destaca que el ECyL se mantiene como un organismo autónomo con personalidad jurídica propia, estará aprobado antes de que concluya el año y se estructura en tres capítulos sobre disposiciones generales, organización administrativa y participación, con 40 artículos.

El Capítulo III de la normativa, sobre participación, donde se regula la red, también resalta que tanto los agentes económicos y sociales como las entidades locales de la Comunidad, “participarán en las políticas” desarrolladas por el ECyL. Una participación que “podrá tener lugar en todos los niveles, pudiendo colaborar en el análisis previo, la planificación, la ejecución y la evaluación de las actuaciones desarrolladas”.

En este capítulo también se autoriza la cooperación del ECyL con centros y entidades de formación y con agencias de colocación privadas, en materia de intermediación. Cabe recordar que la Junta autorizó en el último Consejo de Gobierno del mes de agosto, más de 3,33 millones de euros destinados a la contratación de agencias de colocación que se coordinen con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para incrementar la inserción en el mercado laboral de personas desempleadas .

Tres colectivos serán prioritarios: desempleados inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del Ecyl y perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía; desempleados con una inscripción de entre tres y seis meses como demandantes de empleo en la oficinas de empleo; y jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de la Garantía juvenil y desempleados menores de 25 años. El objetivo es insertar 1.443 trabajadores desempleados en los ocho meses efectivos de la duración del contrato.

El borrador del reglamento, al que ha tenido acceso la Agencia Ical, reduce a la mitad los servicios de la Secretaria Técnica Funcional, y crea un único Servicio de Formación para el Empleo y Cualificaciones, que fusiona los anteriores de Programas de Formación e Inserción Profesional; Programas autonómicos de Formación Profesional Ocupacional, y Formación Continua. Asimismo, el Servicio de Fomento del Empleo unifica los de Fomento del Empleo de Ámbito Local y el de Promoción de Empleo e Inserción Laboral; y se mantiene un único Servicio de Intermediación, Orientación y Ocupación (en la actual regulación se denomina de Orientación e Intermediación Laboral).

En la nueva reglamentación también desaparece el Observatorio Regional de Empleo, conforme a las directrices marcadas por el Gobierno que preside Mariano Rajoy, dentro del informe CORA de reforma de las administraciones públicas. Éste se fusiona con la unidad de estudios, para conformar el Servicio de Estudios y Prospectiva del mercado de trabajo.

Por último, resaltar que la disposición final primera autoriza a las consejerías de Economía y Empleo y de Hacienda a las adaptaciones oportunas de las estructuras orgánicas de los servicios centrales y periféricos del ECyL, así como a las “modificaciones precisas en relación de puestos de trabajo” de los mismos.

El reglamento establece que los órganos de dirección son el presidente, el vicepresidente y el gerente. Asimismo, los órganos de gestión del ECyL se estructuran en los servicios centrales, con las secretarias Administrativa y Funcional; los servicios de Estudios y Prospectiva del mercado de trabajo; Asuntos Generales; de Programación Presupuestaria y Gestión Económica; de Formación para el Empleo y Cualificaciones; de Intermediación, Orientación y Ocupación; y de Fomento del Empleo; la Asesoría Jurídica; la Intervención General y la Tesorería Delegada; y en los periféricos, con gerencias en cada una de las provincias.

El Consejo General de Empleo se establece como el órgano consultivo superior de participación colegiado, tripartito y paritario, que “informa, propone y promueve las líneas de actuaciones” del ECyL. Las comisiones ejecutivas provinciales constituyen el órgano de participación del mismo nivel provincial.

Justificación

El nuevo reglamento expone en su justificación que las circunstancias económicas y sociales “han cambiado”, con el desempleo como su “más directa consecuencia”, lo que “hace necesaria una redefinición del Servicio Público de Empleo, que responda a las necesidades actuales de trabajadores y empresas”. Al respecto, cabe recordar que el 29 de enero de 2014, el seno del Diálogo Social, cerró el acuerdo para la reforma del ECyL, que ahora se desarrolla.

El documento defiende que el ECyL “debe prestar un completo catálogo de servicios de orientación, intermediación y fomento del empleo en sus diversas vertientes”. Así, con el reto de hacer posible la “transición” del organismo hacia su constitución como un proveedor de servicios en la Comunidad, “se hace necesaria una reforma de su organización, que la dote de cohesión al servicio de sus objetivos”.

Un acuerdo casi cerrado

El secretario de Empleo y Formación de CCOO Castilla y León, Saturnino Fernández, destacó que “de entrada no hay ninguna dificultad” para la aprobación del reglamento; porque “cumple casi en la totalidad, lo pactado en el acuerdo suscrito en enero de reforma del ECyL”. “La reforma del Servicio Público de Empleo va a adecuadamente tras siete meses de negociaciones”, dijo, para agregar que “visto el proyecto, quitando cuatro matices, básicamente lo vamos a dar por válido”.

En este sentido, preciso que quieren que la Administración regional aclare cuándo va a negociar la RPT (plantillas) y “cómo va a quedar”. Asimismo, pedirán aclaraciones sobre “algún tema menor”, como la referencia en la introducción del reglamento de su carácter consensuado y la desaparición de algunas referencias a que los agentes preferentes de cooperación con el ECyL son los sindicatos, aunque ya se reconoce en el artículo 5 de la Ley que regula el servicio.

Otros aspectos que CCOO pretende clarificar es qué va a ocurrir con las unidades provinciales del Observatorio de Empleo, que transfirió el Gobierno, en materia de personal y de elaboración de informes. Además, aseguró que se debe abrir el reglamento a un mayor número de centros de FP en el futuro y apostó porque se creen al menos las tres comisiones de trabajo que existían hasta la fecha, sobre formación, intermediación y fomento del empleo.

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