Castilla y León es la comunidad donde más dinero se ahorran los ciudadanos en el IRPF
Los contribuyentes de Castilla y León que accedieron a alguna ventaja tributaria en el IRPF dejaron de pagar 339 euros de media, la cifra más elevada del país y muy por encima del promedio nacional de 197 euros, de acuerdo con los datos de la última declaración liquidada -la que se presentó en 2012, correspondiente al ejercicio 2011- La consejera de Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, resaltó, en declaraciones a Ical, que “somos la autonomía que más beneficios fiscales tenemos por habitante”, según los últimos datos homogéneos que facilita la Agencia Tributaria, y vaticinó que se repetirá esta circunstancia con los datos de 2013 (ejercicio 2012).
En este sentido, precisó que en la Comunidad se ha pasado de los 110.207 beneficiarios en 2012 a los 141.428 en 2013, es decir, 31.221 más, con un crecimiento porcentual del 28 por ciento; y los importes que han dejado de pagar estos contribuyentes, se elevan desde los 37,35 millones, a los 51,56, lo que supone 13,8 por encima y una subida del 37 por ciento. Esto refleja, dijo Del Olmo, que cada beneficiario ha dejado de pagar una media de 364 euros, frente a los 339 del ejercicio anterior. “Seguimos en la línea de incremento de los beneficios fiscales y seguiremos a la cabeza de España”, dijo
El análisis comparado efectuado por la Consejería de Hacienda con los últimos datos homogéneos facilitados por la Agencia Tributaria, refleja que por detrás de Castilla y León se sitúa Madrid, donde los ciudadanos dejaron de pagar 300 euros de media en aplicación de deducciones, exenciones y bonificaciones en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En tercer lugar figura Galicia, con 220 euros; seguida de Asturias (con 218 euros), Cataluña (con 203) y la Comunidad Valenciana (con 202 euros). Por contra, en la parte baja de la lista aparecen Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde la cuantía media que se ahorraron los ciudadanos en el IRPF fue de 139, 114 y 61 euros, respectivamente.
La consejera expuso que ahora que está en todos los medios la política de rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid, es preciso remarcar la apuesta de Castilla y León por los beneficios fiscales sobre todo, para las familias, y los cinco nuevos para 2014 dirigidos a incentivar la actividad económica. Además, recordó que la excepción a los transportistas del céntimo sanitario en la Comunidad madrileña es algo que Castilla y León ya aplica desde el pasado 1 de enero. “Ignacio González lo ha vendido muy bien”, expresó.
La consejera de Hacienda explicó que cuando se habla de pagar menos impuestos, esto se puede lograr por dos vías y la Junta ha apostado por una política de beneficios fiscales en favor de las familias y de la natalidad, y el año que viene, por cinco incentivos para la generación de empleo.
“La fiscalidad en Castilla y León es muy favorable a las familias y estos datos lo confirman”, dijo, para explicar que una rebaja indiscriminada del impuesto no tendría efectos hasta 2016, con las liquidaciones, mientras que las deducciones de estímulo económico impulsarán a la gente a pensar en invertir desde el 1 de enero de 2014 para beneficiarse de la misma, es decir, es de “aplicación inmediata”. “Castilla y León tiene ventajas”, sentenció.
En cuanto a las críticas a su política fiscal, Del Olmo asumió que desde siempre “unos piden que subamos impuestos y otros que los bajemos”, y desde el Gobierno regional se ha apostado por una política fiscal “equitativa” y “pegada al territorio”. El resto del grueso de sus beneficios es “que haya más población y que se beneficien las familias”. Aseveró que ahora les interesa la recuperación económica, con otros cinco beneficios en este sentido. “Aplicamos una política fiscal ponderada y pegada al territorio, aunque nunca llueve a gusto de todos”, dijo, para advertir de que “una subida indiscriminada sería letal para la economía”.
“La Junta de Castilla y León utiliza su capacidad normativa en el Impuesto sobre la Renta para contribuir al cumplimiento de sus prioridades políticas, que pasan fundamentalmente por apoyar a las familias y los jóvenes, fomentar la actividad económica y la creación de empleo y facilitar el acceso a la vivienda”, resumió.
En cuanto a los nuevos beneficios que entrarán en vigor el próximo año, reiteró que “profundizan en esta filosofía, y en especial en ayudar a los emprendedores y estimular la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i)”.
El primero de ellos responde al compromiso que adquirió el presidente Herrera durante el debate de política general del pasado 26 de junio. Se trata de la deducción para el fomento del emprendimiento empresarial, que se aplicará en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y asciende al 20 por ciento de las cantidades dedicadas a adquirir acciones o participaciones de cualquier tipo de sociedad que o bien se constituya, o bien amplíe capital. La inversión debe suponer entre el uno y el 40 por ciento del importe de la operación, y es requisito imprescindible que la empresa incremente sus trabajadores y los mantenga durante al menos tres años. La cantidad máxima que se puede deducir cada contribuyente son 10.000 euros.
La segunda novedad también afecta al IRPF, y consiste en establecer una deducción del 15% para las donaciones que sufraguen proyectos de I+D+i en Castilla y León. Es preciso que sean desarrollados por las universidades públicas de la Comunidad o por fundaciones u otras instituciones cuya actividad principal sea la investigación, el desarrollo y la innovación, que de este modo se espera que cuenten con una fuente adicional de financiación.
Con el mismo fin de favorecer la creación de tejido productivo se introducen dos tipos reducidos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Por un lado, se prevé gravar la compra de inmuebles para sede o centro de trabajo de una empresa o negocio profesional con el cinco por ciento, en vez de aplicar los porcentajes generales del 8 al diez por ciento. Por otro, se contempla un gravamen del 0,5 por ciento –un tercio del habitual 1,5 por ciento– para las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten este tipo de operaciones, así como para los préstamos y créditos hipotecarios ligados a ellas. En ambos casos las sociedades deben tener su domicilio fiscal y social en la región, es preciso que estén en funcionamiento durante los cinco años siguientes a la fecha de la adquisición y que aumenten su plantilla respecto al ejercicio anterior. Como garantía adicional, se excluye a aquellas que tengan como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.
La nueva normativa incluye un quinto beneficio fiscal que a su vez mejora otro de carácter estatal. Se trata de la reducción por donación de participaciones de sociedades, que pasa del 95 al 99 por ciento de la base imponible. Ahora bien, en consonancia con el espíritu que impregna todo el proyecto de ley, a las condiciones que impone el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la Junta ha añadido que sólo se podrá acceder a ella cuando la entidad a la que afecte la transmisión conserve su número de trabajadores durante los tres ejercicios siguientes.
