Los ayuntamientos leoneses y la Diputación tendrán que devolver al Estado 10,3 millones de euros
La liquidación definitiva de la financiación del ejercicio 2013 de las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones) dejará un importante agujero total de 10,6 millones en las arcas de todos los ayuntamientos de la provincia y la Diputación, siendo la cantidad más alta que las provincias de Castilla y León tendrán que devolver al Estado.
En Castilla y León, la cuantía arroja un saldo global a favor del Estado de casi 55 millones de euros. Los datos que maneja el Ministerio de Hacienda reflejan que la liquidación de la financiación de las diputaciones es negativa en 29,8 millones; y la de los ayuntamientos en régimen de cesión de impuestos, las capitales de provincia, en 11,87 millones; y la de los municipios del régimen general, en 12,68 millones.
Las devoluciones de las corporaciones locales ascienden a 10,6 millones en la provincia de León León; a 8,9 en Valladolid; a 7,7 en Salamanca; a 7,4 en Burgos; a 5,2 en Zamora; a 4,4 en Palencia; a 3,9 en Ávila; a 3,4 en Segovia; y a 2,5 en Soria.
El departamento que dirige Cristóbal Montoro precisa que el saldo es negativo en 6,1 millones de euros para la Diputación de León; en 4,07 millones para la de Salamanca; en 3,8 para la de Burgos; en 3,5 millones para la de Zamora; en 3,3 para la de Valladolid; en 2,8 par la de Palencia; en 2,5 para la de Ávila; y en 1,7 para las de Segovia y Soria, en ambos casos.
Por lo que se refiere a los ayuntamientos de las capitales de provincia, el saldo es negativo en 3,6 millones de euros en el caso de Valladolid; en 1,9 millones para Salamanca; en 1,6 para Burgos; en 1,4 para León; en 859.686 euros para Palencia; en 733.578 para Zamora; en 681.883 para Segovia; en 536.663 para Ávila; y en 368.929 para Soria.
En cuanto a los reintegros que tendrán que acometer los municipios de régimen general, superan los tres millones en León; 1,9 en Valladolid; 1,8 en Burgos; 1,7 en Salamanca; algo más de uno en Segovia y Zamora, en ambos casos; 880.634 euros en Ávila; 705.970 en Palencia; y 446.845 en Soria.
Flexibilidad de pago
Las medidas de sostenibilidad financiera diseñadas por el Gobierno contemplan un régimen especial de reintegros de dichos saldos deudores, que podrán fraccionarse en un período de diez años, excepcionando así el régimen aplicable con carácter general y contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, según la información de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El objetivo es flexibilizar las devoluciones consecuencia de la liquidación del año 2013 de las entidades locales, habilitando el mismo procedimiento que para las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 con un plazo de devolución de 120 mensualidades, a contar a partir de enero de 2016, y siempre que lo soliciten las propias entidades locales afectadas.
La petición deberá ser aprobada por el Pleno de la corporación local y se remitirá por el interventor o el secretario interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por medios telemáticos y con firma electrónica con anterioridad a 1 de noviembre de 2015.
El aplicativo para proceder a la solicitud estará disponible a mediados de septiembre. Cabe destacar que esta medida excepcional sólo se aplicará a aquellas entidades locales que, además de haber presentado la liquidación de los presupuestos de la totalidad de entidades integrantes de la corporación local correspondientes al ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se calcule aquélla, prevean cumplir a 31 de diciembre de 2015 con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el límite de deuda pública.
La aplicación efectiva de este régimen especial se iniciará en la entrega a cuenta de la participación en tributos del Estado del mes de enero del año 2016, siendo a partir de entonces los reintegros mensuales aplicables los que resulten de dividir el importe pendiente de reintegrar el día primero de aquel mes entre 120 mensualidades.
No podrán acogerse a este régimen especial los municipios que se encuentran en una situación de riesgo financiero o que no pueden refinanciar las operaciones de crédito en las condiciones de prudencia financiera que se fijen.
