El Procurador del Común exige garantías de acceso al agua potable para los colectivos más vulnerables
El Procurador del Común, Javier Amoedo, pide que los colectivos más vulnerables no se vean privados de un derecho fundamental como el agua potable por causas económicas. Se trata de una actuación de oficio, para la que ha tenido en cuenta que, debido a la crisis económica, existía un elevado número de personas y familias que no pueden hacer frente a las facturas de algunos suministros básicos en sus hogares, especialmente la luz, el agua o el gas.
Así, señala que aunque en Castilla y León, en general, no existen dificultades de accesibilidad física al abastecimiento domiciliario y, salvo supuestos extremos de infravivienda, todas las personas reciben el suministro en su hogar, el agua es salubre y los suministros proporcionados. Sin embargo, los problemas se concentran en la accesibilidad económica al suministro, de manera que familias que atendían puntualmente sus recibos ahora no pueden hacerlo.
Además, se daba la circunstancia añadida de que la acumulación de deudas y el impago pueden suponer para las personas afectadas un sobreesfuerzo económico a la hora de intentar recuperar el servicio, de ahí que muchas entidades sociales y también los ayuntamientos estén destinando parte de sus recursos a cubrir los recibos de este suministro básico que los usuarios no pueden pagar, evitando así la suspensión del servicio y los costes, que en ocasiones, vienen asociados a esa reconexión.
Con el fin de analizar cuáles eran los protocolos de actuación y con el objetivo de evitar que más personas sufran el fenómeno de la pobreza hídrica, el Procurador del Común decidió iniciar esta actuación de oficio. Por eso, se solicitó información a todos los municipios de más de 2.500 habitantes de Castilla y León, para analizar la situación existente y comparar, en su caso, las soluciones que se estaban adoptando.
De los 104 ayuntamientos a los que se remitió la petición de colaboración, sólo 12 no han remitido la información. Además, se contó con los informes y estudios realizados por ONG´s y asociaciones tales como Cruz Roja o Cáritas. De acuerdo con la OMS, son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubran las necesidades básicas de la población y que no surjan problemas sanitarios para las personas abastecidas ni para terceros.
Diez recomendaciones
Tras recibir la información, se concluyó que una buena parte de los ayuntamientos aplican protocolos de actuación aislados, pero no siguen un patrón que garantice este derecho básico en situación excepcionales. Por ello, tras analizar los datos se ha remitido a todos los ayuntamientos esta resolución con diez recomendaciones que incluyen que “se debe tener presente para la adopción de cualquier medida en relación con el suministro de agua potable el reconocimiento del mismo como derecho humano y como componente esencial de otros derechos fundamentales, imprescindible para la vida y la dignidad humana”.
Así, añade que las ordenanzas o reglamentos locales deben definir y regular el derecho a un suministro básico de agua potable y que este suministro básico debe contar con un precio asequible en unos determinados parámetros de consumo y no puede ser inferior al mínimo de suministro recomendado por persona y día por la OMS. También que el derecho a un suministro básico de agua potable debe ser reconocido a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En esta misma línea, entiende como “indispensable”que se arbitren unos protocolos de actuación en el intercambio de información entre los servicios sociales competentes y el departamento municipal que se ocupa del suministro de agua potable o en su caso con la empresa concesionaria, para detectar y prevenir situaciones personales que puedan derivar en un problema de pobreza hídrica.
El Procurador del Comón destaca que deben valorar la introducción en la ordenanza de exenciones o bonificaciones en el precio del agua que atiendan a la capacidad económica del obligado al pago. En la medida de lo posible se deben individualizar los consumos con la exigencia de la instalación de contadores individuales, para lo que se pueden arbitrar incentivos económicos o facilitar periodos máximos de adaptación.
Por ello, el Procurador del Común recomienda en los reglamentos del servicio todos los presupuestos para que la decisión sobre la suspensión del suministro domiciliario, de adoptarse, sea siempre razonable y proporcional y facilitar el pronto restablecimiento del servicio incluyendo medidas tendentes a la recuperación inmediata del mismo. Asimismo, indica que se deben facilitar las medidas de fraccionamiento incluso para deudas muy pequeñas, para evitar que se acumulen mayores importes y, en la medida de lo posible, excluir de la factura del agua todos los conceptos que no estén relacionados con el servicio, como la tasa de basura u otros, ya que cuando se pagan otros conceptos en más fácil incurrir en una situación de impago que puede acarrear un corte del servicio.
