El PP culpa al Gobierno de que la Junta incumpla su promesa de no expropiar tierras agrícolas para macroparques
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado hoy en el Parlamento autonómico que la administración que gobierna el PP no es la culpable de impulsar numerosas expropiaciones de terrenos actualmente de uso agrícola para implantar en ellos macroplantas solares, a pesar de haber prometido que no lo haría, sino que la culpa es del Gobierno central.
Esta fue la respuesta que le dio hoy al procurador de Vox Ignacio Sicilia respecto a los crecientes procedimientos de expropiación forzosa de terrenos agrícolas para la instalación de macroparques fotovoltaicos, con numerosos casos y no menos quejas en la provincia de León. Carriedo justificó esa excusa de responsabilizar al Gobierno basándose en que lo que la Junta hace es aplicar las leyes estatales y es el propio texto normativo el que reconoce la utilidad pública de cada proyecto y “habilita la expropiación porque es de obligado cumplimiento”, dijo.
Sin embargo, en ese mismo Parlamento, en el mes de septiembre e igualmente a preguntas del grupo parlamentario de Vox, el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunciaba públicamente que se ampliarían con nuevas restricciones para los promotores estos casos y se libraría de ser expropiados a los terrenos de uso agrícola. “Estamos estudiando una modificación de este Decreto-ley para ampliar otros ámbitos de protección en el ámbito agrícola”, afirmó de manera literal.
A pesar de todo, se han conocido a posteriori casos, mencionados hoy por Vox, como el macroparque de La Llanada en el entorno de Villadangos del Páramo y la comarca del Órbigo, donde una de cada tres fincas serán expropiadas al no pactar su venta los actuales propietarios, y así en hasta cinco macroplantas en las que se ha permitido trocear un aparente único proyecto, ya que los impulsa todos ellos la misma empresa. Hay que recordar que Vox ha cogobernado en la Junta hasta hace escasos meses.
Hoy, Sicilia consideró que “no es aceptable que se expropien terrenos para empresas”, las cuales “ahora tienen más fácil ocupar ese territorio porque han debilitado a la masa crítica que les podía hacer frente”. “¿Cuántos puestos de trabajo darán estos parques solares a largo plazo? Les consideramos culpables, porque no defienden a los habitantes, solo los intereses particulares de las empresas que se forran, y cuando se acabe el negocio, lo dejarán todo empantanado y pringarán los que se queden”, explicó, invitando a la Junta “a potenciar la energía nuclear si tanto les importa el CO2”.
A su juicio, la Junta “no trabaja por el interés general, porque entonces tendrían más en cuenta a los agricultores y ganaderos o al turismo rural”. “Lo primero que quiere el Gobierno de Mañueco es fomentar los negocietes de las grandes compañías eléctricas para colocar a sus dinosaurios o a gente que no les vale o les estorba”, acusó el procurador autonómico de extrema derecha. Y recordó de paso que se cerró la central nuclear de Garoña (Burgos) para instalar placas solares “en la zona cerealista más importante de Burgos”. “No le vemos el interés”, comentó.
Carriedo, para terminar, dudó irónicamente de si el procurador de Vox “está proponiendo transferencias a las comunidades de esta normativa o que haya 17 legislaciones diferentes”, tratando de contraponer al partido de extrema derecha con sus constantes defensas de la aplicación de normas estatales e incluso la desaparición de las autonomías, como llevan en sus programas electorales.
