León baja las consultas a Amilivia
El Consejo Consultivo aprobó 597 dictámenes en 2014, un 32,3 por ciento menos que el año anterior, debido principalmente a la reducción de las consultas del ámbito sanitario, que pasaron de 245 a 87, un 64,5 por ciento menos, un “termómetro que expresa la situación de la sanidad pública en la Comunidad”. Según el balance general de la institución presidida por Mario Amilivia, al que tuvo acceso Ical, en el undécimo año de trabajo de este ente se tramitaron 619 consultas, de las que se aprobaron 597 dictámenes y la emisión de 96 resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL). Con estos dictámenes, la institución alcanza ya los 12.601 en su registro histórico de actividad.
Los datos permiten, aseguró Amilivia, “continuar siendo el Consultivo autonómico de mayor productividad” a pesar de ser el de menor composición -tres consejeros- y el “único que ha asumido y ejerce nuevas competencias desde el año 2012”, en relación al Tribunal de Recursos Contractuales.
En 2014, por primera vez, la provincia de León dejó de ser la que más consultas envía al Consejo Consultivo. El primer puesto lo ocupa ahora Burgos, con 111 dictámenes, uno de cada cinco. En segundo lugar se sitúa Salamanca, con 87, el 14,6 por ciento del total, y en tercera posición León, con 84, el 14 por ciento. Comparativamente, en 2013 la provincia de Burgos generó 136 dictámenes, la de Salamanca 123 y la de León 171.
El descenso de dictámenes en 2014 se centró con carácter general en las consultas de responsabilidad patrimonial, por ejemplo las que deben remitir preceptivamente las administraciones locales, incluidas las diputaciones provinciales y las nueve capitales de provincia de la Comunidad. Especialmente, según destacó el presidente, la aplicación en su primer año completo de las cuantías mínimas de responsabilidad patrimonial sobre las que debe pronunciarse el Consultivo (igual o superior a 6.000 euros cuando se dirijan a la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y 3.000 en las presentadas frente a las administraciones locales) es lo que ha reducido la remisión de consultas en las que se reclaman indemnizaciones por daños generados como consecuencia del normal o anormal funcionamiento de las Administraciones autonómica y local.
Por todo ello, el Consultivo insistirá en hacer llegar a todas las entidades locales, especialmente a algunas de las capitales de provincia, la obligación de someter sus decisiones al dictamen del Consejo en aquellos supuestos en que aquél resulte preceptivo, ya que de lo contrario las decisiones que se adopten “estarían viciadas de nulidad”, así como la posibilidad de solicitar también dictámenes con carácter facultativo.
Su presidente, el leonés Mario Amilivia, destaca que preside el Consultivo autonómico de mayor productividad a pesar de ser el de menor composición y el único que ha asumido nuevas competencias desde el año 2012.
A la productividad se añaden, en un ámbito distinto al que les es propio al Consejo Consultivo, las 96 resoluciones dictadas también en 2014 por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que aprobó ya 202 de este tipo desde el inicio de su actividad en marzo de 2012 (31 en 2012; 75 en 2013 y 96 en 2014), un incremento constante que, a juicio de Amilivia, “puede ser síntoma de la paulatina recuperación económica, lo que está permitiendo también que su labor sea cada vez más conocida y reconocida”.
Actividad
Los 597 dictámenes aprobados en 2014 derivaron de consultas de carácter preceptivo, a excepción de cuatro de carácter facultativo: consulta planteada por el Ayuntamiento de Ponferrada (León) sobre la asignación económica a los concejales no adscritos; otra formulada por el Ayuntamiento de Morales de Rey (Zamora) sobre la delimitación territorial y separación patrimonial de la entidad local menor de Vecilla de la Polvorosa; consulta del Ayuntamiento de Burgos sobre una indemnización por jubilación anticipada, y otra más del Consistorio salmantino sobre una prórroga del plazo de la concesión del contrato de servicio para la explotación de suministro de agua y saneamiento.
El órgano consultivo despachó once asuntos en Pleno (nueve anteproyectos de ley y dos proyectos de legislación delegada); 268 en la Sección Primera y 318 en la Segunda. Todo ello, cumpliendo los plazos establecidos.
Un total de 308 de los dictámenes aprobados derivaron de consultas iniciadas por la Administración local, mientras que 286 lo fueron por parte de la Administración de la Comunidad autónoma y tres más por las universidades de Valladolid, Burgos y León.
Los dictámenes de responsabilidad patrimonial, aquellos que son consecuencia de las reclamaciones de indemnizaciones a la administración, aglutinaron un año más el grupo más numeroso de ellos, 433, es decir, el 72,5 por ciento (11.065 dictámenes desde 2003). El segundo grupo por cantidad es, al igual que sucedió en 2013, el de revisión de oficio de los actos administrativos, con 65 -20 más- (con 507 desde el inicio de la actividad del Consejo); y el tercero, con 29, corresponde a los dictámenes de carácter jurídico-normativo (18 sobre proyectos de decreto, nueve sobre anteproyectos de ley y dos sobre legislación delegada), aquellos mediante los cuales se coadyuva a la mejora tanto jurídica como técnica de los textos normativos que emanan de Castilla y León.
Durante el ejercicio se dictaminaron nueve anteproyectos de ley: el de Industria de Castilla y León; de Medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo; la modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León; de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; aprobación del Estatuto del Consumidor; anteproyecto de ley de transparencia y participación ciudadana; de medidas tributarias y de financiación de las entidades locales vinculada a los ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León; de Patrimonio Natural de Castilla y León; y la ley de declaración del Parque Natural de Babia y Luna (León).
Desde el inicio de su actividad ,el Consejo ha aprobado 384 dictámenes de este tipo que han contribuido “a la mejora de la calidad normativa de la Comunidad, tanto en cuanto a la importancia de la memoria justificativa de los proyectos normativos como sobre el contenido de las normas y la técnica”.
Sentido de los dictámenes
En cuanto al sentido de los dictámenes, 302 de ellos fueron desestimatorios; 65 estimatorios y otros tantos se estimaron de forma parcial. En cuanto al resto, o bien no procedía la emisión de dictamen, se declaró la nulidad o caducidad del mismo, o bien fueron asuntos sobre observaciones a las consultas sobre anteproyectos de ley y reglamentos ejecutivos y revisión de oficio de los actos administrativos.
En un total de 438 ocasiones, es decir en un 73,3 por ciento del total de las consultas, existió plena coincidencia entre la propuesta de resolución administrativa y el sentido final del Consejo en los dictámenes, todo ello sin perjuicio de la decisión adoptada finalmente por la Administración. La coincidencia en sentido estimatorio se produjo en 34 ocasiones; el desestimatorio se dio en 297 casos y la coincidencia en otros supuestos tuvo lugar en 107 ocasiones.
La elevación de las cuantías mínimas para el dictamen de las consultas sobre responsabilidad patrimonial, en línea con las establecidas por la mayoría de los consejos consultivos del país, supuso el “lógico y esperado” descenso en las consultas del ámbito escolar, el de las referidas a los accidentes por la irrupción de animales en las carreteras o los causados por la fauna, que se han reducido en este último año a 10, 28 y cuatro dictámenes, respectivamente. Materias sobre las que el Consejo “ya ha asentado durante todos estos años una doctrina suficientemente contrastada, lo que ha permitido, además, centrarse en asuntos de mayor transcendencia”.
También, la recuperación de las antiguas competencias en materia de urbanismo ha generado la aprobación de siete dictámenes sobre esta materia, cuatro correspondientes a ayuntamientos de la provincia de León (la capital, Camponaraya, Prioro y Riaño) y uno de Segovia, Burgos y Soria.
La mitad, de la Administración local
En el balance de actividad de 2014, un total de 308 consultas dictaminadas (el 51,6 por ciento del total) fue remitido por la Administración local; 286 (47,9 por ciento) por la autonómica y tres por las universidades. Por consejerías de la Junta de Castilla y León, las que más registraron fueron las de Sanidad, con 125, y de Fomento y Medio Ambiente, con 93; seguidas de las de Educación con 21; Economía y Empleo con 17; Presidencia con ocho; Hacienda con siete; Agricultura y Ganadería, Familia e Igualdad de Oportunidades con seis; y Cultura y Turismo, tres.
Las consultas remitidas al Consejo por las capitales de provincia generaron 143 dictámenes, la práctica mayoría de ellos relacionados con expedientes sobre responsabilidad patrimonial. Por el número de informes, el Ayuntamiento de Burgos vuelve a ocupar el primer lugar con 44, el de Segovia le sigue con 31, por delante de Salamanca, con 29, Palencia, con 15, León, con 14, Ávila, con siete y, finalmente, Soria, con tres.
Los ayuntamientos de Valladolid y Zamora no remitieron ninguna consulta a lo largo de los últimos doce meses. En contraste, en el caso de algunos de los ayuntamientos de la provincia de Valladolid, Medina del Campo generó ocho dictámenes, Arroyo de la Encomienda cinco, Íscar y Zaratán tres, Tordesillas dos y La Cistérniga, Laguna de Duero y Mayorga, uno. Por su parte, en Zamora, los ayuntamientos que mayor número de consultas generaron fueron los de Galende con cuatro, Argujillo con dos y Morales del Rey, Benavente, Villalcampo, Mayalde, Fuentesaúco y Alcañices con una. La mayoría de ellas sobre asuntos sobre el mal estado del mobiliario urbano y de algunos servicios municipales
En cuanto a las diputaciones provinciales, la de Valladolid ocupa el primer lugar con cinco dictámenes, seguida de las de León y Palencia, con tres, respectivamente, y las de Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora, con una. Las consultas de las corporaciones provinciales tuvieron su inicio por reclamaciones a causa de accidentes producidos por el mal estado de la red de carreteras, siniestros por la irrupción repentina de animales en las vías de circulación y, en menor medida, por asuntos de contratación administrativa.
Responsabilidad patrimonial
Los dictámenes de responsabilidad patrimonial que derivan de las reclamaciones de indemnizaciones a la administración, supusieron 433 dictámenes, casi tres de cada cuatro. En comparación con la estadística del año 2013, en la que más de un tercio de todos los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial aprobados derivó de consultas sobre reclamaciones por asistencias sanitarias -245 dictámenes de un total de 742-, el balance de 2014 refleja una contención en el número de estos informes y un incremento de todos los referidos a las reclamaciones en el ámbito de la Administración Local. Así, el 46 por ciento de los 433 dictámenes de este tipo aprobados en 2014 tuvieron su origen en reclamaciones por caídas a causa del mal estado de las aceras, alcantarillas, etcétera. A los que se suman 110 iniciados mayoritariamente en el ámbito municipal –a excepción de una decena de ellos en el ámbito de la Autonómica- por consultas por reclamaciones de daños por fugas de redes de saneamiento, en festejos taurinos y otro tipo de celebraciones populares, anulación de licencias, caídas en sepulturas, daños por la retirada de materiales de la vía pública, caída de árboles sobre vehículos, etcétera.
El conjunto de las indemnizaciones solicitadas en las consultas sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial dictaminadas por el Consejo sumó en 2014 un total de 24,78 millones de euros, lo que supone un descenso frente a 2013 debido a la disminución global del número de consultas por la aplicación de las cuantías mínimas para este tipo de expedientes, y en particular por el descenso de las dictámenes del ámbito sanitario, que son las que habitualmente contienen las reclamaciones indemnizatorias más elevadas.
A lo largo del anterior ejercicio las reclamaciones en el ámbito sanitario –todas en las que intervino el Consejo- sumaron once millones. Se trata de las consultas remitidas desde la Consejería de Sanidad por parte de quienes creen que ha existido un supuesto de mala praxis o cualquier otro daño o perjuicio derivado de la atención sanitaria. Pese al ajuste de este tipo de consultas, el 20 por ciento del conjunto de las indemnizaciones reclamadas a las administraciones por supuestos de responsabilidad patrimonial correspondió a este tipo de expedientes.
Destacan en segundo lugar, en cuanto a las cuantías, igual que en años anteriores, los 110 dictámenes englobados por el Consejo en la categoría de 'otras causas', que derivan fundamentalmente del ámbito de la Administración Local, a excepción de algunas procedentes de la Junta. Son, como ya se ha referido, reclamaciones de daños por las redes de abastecimiento y saneamiento de agua, accidentes en celebraciones populares, caídas en instalaciones municipales, perjuicios por la anulación de licencias, etcétera, que sumaron 8,5 millones.
Los dictámenes sobre accidentes por el mal estado de las calzadas ocupan el tercer lugar en cuanto al volumen de indemnizaciones solicitadas, 2,3 millones de euros. El 97 por ciento de ellos fueron generados por consultas de las administraciones locales. Seguidos de los de actividad profesional (1,4 millones); mobiliario urbano (786.545 euros); accidentes por atropellos de animales (239.411 euros) y en el ámbito escolar (223.165); reclamaciones por perjuicios derivados de procesos de provisión y selección de plazas (212.382 euros) y daños de la fauna (48.695 euros).
Burgos, Salamanca y León encabezan la estadística de responsabilidad patrimonial por provincias, con 76, 72 y 64 dictámenes, respectivamente. En la primera de ellas, el mayor número de consultas se iniciaron por reclamaciones a causa del mal estado del mobiliario urbano (20), del ámbito sanitario (19) y de 'otras causas' (19). En la provincia salmantina destacaron 'otras causas' (31), seguidas de los daños por el mobiliario urbano (19); y en León, las sanitarias (19), mobiliario urbano (13) y el mal estado de las calzadas (13) coparon la estadística. En cuanto al resto de las provincias, en la de Valladolid el mayor número de ellos fueron por reclamaciones sanitarias (15) y en la de Palencia por asuntos de actividad profesional (14).
