La Junta empuja su paquete de rebajas fiscales por 36 millones en el IRPF, tasas y otras medidas para el medio rural

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. / Eduardo Margareto / ICAL

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La Junta de Castilla y León aprobó este jueves en la reunión del Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Rebajas Tributarias en Castilla y León, que calculan que tendrá un impacto sobre las arcas autonómicas de 36 millones de euros al año, lo que supone unos 144 millones en una legislatura completa.

Esta norma, que se envía para su tramitación a las Cortes, incluye la reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como de otros tributos, tasas, junto a medidas para el medio rural.

En la comparecencia posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó que la mayor parte de los 36 millones que supondrá esta rebaja fiscal, se corresponde con la aplicada en el tipo mínimo de la tarifa autonómica del IRPF, que pasa del 9,5 al nueve, al suponer 20 millones, lo que convierte a Castilla y León en la segunda Comunidad con este impuesto más bajo.

No obstante, admitió que el proyecto de ley llega ahora a las Cortes para su tramitación, por lo que evitó avanzar si se cumplirá el calendario previsto, ya que anteriormente se preveía su aprobación antes de que acabara 2022. En cualquier caso, el consejero señaló que sus efectos serán retroactivos al 1 de enero de este año y añadió que ahora el texto queda en manos de los grupos parlamentarios, a los que corresponde la presentación de las enmiendas a la totalidad o parciales.

El consejero de Economía defendió que en un contexto de incremento de tipos de interés, precios y aumentos de impuestos, la Comunidad opta por una rebaja del IRPF, así como por diversas tasas y la denominada “fiscalidad rural”. Así, se contempla la supresión del Impuesto autonómico sobre la eliminación de residuos en vertederos, al haber aprobado el Estado un tributo en esta materia.

De esta manera, el consejero subrayó que Castilla y León mantiene un único impuesto verde, el referido a la afección medioambiental por la generación de electricidad, que conlleva una recaudación de 60 millones, mientras otras comunidades cuentan con entre ocho y diez.

Asimismo, Fernández Carriedo indicó que la rebaja que se aplicará en el IRPF es del 5,3 por ciento y destacó que las familias de Castilla y León tendrá menos dificultades para llegar a fin de mes, se envía el mensaje de que no se suben los impuestos y se expresa la apuesta por el mundo rural, con bonificaciones y medidas fiscales sobre la natalidad, el emprendimiento o la actividad agraria.

Todas estas modificaciones fiscales se anunciaron al inicio de este mandato en el que se adoptaron diferentes medidas para hacer frente a un contexto de crisis, vinculado con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Fernández Carriedo defendió que Castilla y León ha demostrado que se pueden bajar los impuestos y mantenerse en cabeza en la calidad de los servicios públicos prestados y recordó que en el primer año la supresión en la práctica del Impuesto de Sucesiones y Donaciones fue de 153 millones, lo que conllevó un aumento de la recaudación, sin embargo, en materia de ganancia patrimonial.

Medio rural

En relación a las medidas destinadas al medio rural, se apoya la natalidad con un incremento de las cuantías deducibles por nacimiento o adopción de hijos e hijas cuando el contribuyente resida en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Los importes serán de 1.420 euros por el primer hijo, 2.070 euros por el segundo y 3.300 euros por el tercero y siguientes. Esto supone un incremento de más del 40 por ciento respecto a las cuantías generales previstas en la deducción autonómica por nacimiento y/o adopción. De esta manera, Castilla y León seguirá manteniéndose como la primera comunidad con los importes más elevados en este aspecto.

Además, se pretende mejorar el tipo reducido aplicable en el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados a la adquisición de inmuebles que se destinen a ser sede social o centro de trabajo en el medio rural cuando esta adquisición esté vinculada a la creación de empleo. Desde la entrada en vigor de la Ley, el tipo impositivo reducido en estos supuestos se reducirá del tres por ciento aprobado en el 2021 al dos por ciento, lo que supone una mejora sustancial respecto al tipo general del ocho por ciento o del incrementado del diez por ciento. Esta medida de apoyo al emprendimiento rural permitirá atraer y mantener negocios y empresas al medio rural.

Como medida de apoyo al sector agrario en el medio rural y para facilitar y estimular la continuidad de la actividad agraria y el relevo intergeneracional, desde la Junta se reducirá de forma significativa la tributación por el cambio de titularidad de explotaciones agrarias. Así, se aprueba en el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados un tipo reducido del cuatro por ciento aplicable a la transmisión de explotaciones agrarias para aquellas personas que ejerzan la agricultura profesional y cumplan los requisitos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de explotaciones agrarias. Esto supondrá una mejora sustancial respecto al tipo general del ocho por ciento o del incrementado del diez por ciento.

Además, como medida de impulso y refuerzo a la actividad agraria en el medio rural, también se aprueba una bonificación del 100 por 100 de la cuota para los arrendamientos de fincas rústicas, de forma que se equipare su tributación a la de los arrendamientos de inmuebles urbanos.

Para impulsar las actividades de caza y pesca como motor de desarrollo económico en las zonas rurales, se pone en marcha una bonificación del 100 por 100 a la tasa general por licencias de caza y pesca, así como a la específica de caza con galgo desde la entrada en vigor de la ley y durante el ejercicio 2023.

Tasas de la Comunidad

En el ámbito de las tasas de la Comunidad, se contempla una bonificación de la tasa en materia de transporte por carretera y por la prestación de servicios veterinarios; la exención temporal de la tasa por acreditación de competencias profesionales, de la referida a la expedición de certificados de profesionalidad, así como la rebaja de las cuotas y simplificación de los tramos de valor de la inversión de las tasas en materia de industria, por inscripción de establecimientos industriales y control de industrias.

Además, se prevé la congelación de tasas y la modificación de las ayudas en el ámbito familiar para beneficiar a los contribuyentes con rentas más bajas, anticipando el importe vía ayuda y se prevé un régimen transitorio para los contribuyentes que generen el derecho en este ejercicio 2022, así como para aquellos que lo generaron en alguno de los tres ejercicios anteriores.

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