El Gobierno 'quita de en medio' a la Junta para el control financiero de ayuntamientos y pedanías

Castilla y León asumió la tutela financiera de las entidades locales el 1 de diciembre de 2007 tras la reforma de su Estatuto de Autonomía. El Ejecutivo autonómico se ocupa desde entonces de los permisos a las entidades para endeudarse en los mercados financieros cuando incurren en déficit o presentan una deuda excesiva. Sin embargo, las restricciones que ha ido introduciendo Cristóbal Montoro en el gasto de estas administraciones durante la crisis y los mecanismo extraordinarios de financiación del Estado han “liberado' prácticamente a la Junta de estas competencias.

Los datos aportados por el departamento que dirige Pilar del Olmo a Ical, son concluyentes, y reflejan que el Gobierno regional autorizó 38 operaciones de endeudamiento por 367,7 millones entre 2008 y 2010 mientras que desde 2011 y hasta este año sólo se ha pronunciado sobre cuatro peticiones por apenas seis millones, con el contador vacío en 2011, 2014 y 2015. En 2012 se dio luz verde a una operación por 1,2 millones para el Ayuntamiento de Cacabelos; en 2013, a dos por 2,5 millones para los consistorios de Benavente (2,15 millones) y Hoyos de Pinares (350.000 euros) y 2016, una para el Ayuntamiento de Ávila por 2,72 millones.

El secretario general de Tributos y Financiación Autonómica, José Agustín Manzano, resumió, en declaraciones a Ical, que los pasos dados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han “quitado campo” a la competencia de la Comunidad, pero defendió estas actuaciones y apostó porque se mantengan los mecanismos de financiación porque “lo importante es la solvencia y no dejar a entidades por detrás”. “Estos mecanismos son necesarios y muy útiles, porque permiten acudir a operaciones de financiación en condiciones muy ventajosas y que las entidades locales, sobre todo las pequeñas que no tiene capacidad de negociación, no tengan que estar pegándose en los mercados”, dijo.

José Agustín Manzano explicó que en 2008 (12 operaciones por 126,3 millones), 2009 (diez autorizaciones por 95,4 millones) y 2010 (16 permisos por 145,9 millones), el Gobierno autonómico registró una “velocidad de crucero” en su labor de tutela financiera, que debían solicitar aquellas entidades que superaban el 110 por ciento de deuda y presentaban ahorro neto negativo.

Para estas entidades que querían endeudarse a largo plazo y con “situaciones financieras especiales”, la Junta hacía un análisis económico financiero sobre la carga y en la autorización tenía en cuenta la capacidad para mejorar ingresos que suponía la actuación, por ejemplo, en infraestructuras como viviendas, con los futuros ingresos que generarían con el IBI.

Manzano recordó que con la entrada de la crisis, el Ministerio de Hacienda empezó a adoptar medidas excepcionales y en 2011 decidió que ninguna entidad local podría endeudarse durante ese ejercicio. Asimismo, desde 2012 se incorporan restricciones que han ido variando y complicándose con los años.

Junto a estas normas para limitar la capacidad de endeudamiento de las entidades locales, el director general recalcó que Hacienda decidió “fundamentalmente” desde 2013, hacerse cargo de las necesidades de financiación de las entidades locales, con fondos propios del ministerio o del ICO, en condiciones mucho más ventajosas que en el mercado.

José Agustín Manzano expuso que desde 2014, el Ejecutivo central estableció dos fondos, uno de ordenación y otro de impulso económico. El primero para las entidades con mayores dificultades, que requiere planes de ajuste; y el segundo para aquellas en mejor situación. En este sentido, incidió en que el Ministerio tomó la decisión de que “las administraciones no se podían arruinar y no se podía dejar que entrasen en suspensión de pagos”, y se crearon estos mecanismos, con la consecuencia de un “recorte en el ámbito de la competencia de tutela financiera de la Junta, cuyo campo es más pequeño”.

“Las medidas del ministerio están muy bien diseñadas, proporcionan financiación a las entidades locales que lo necesitan y en condiciones muy ventajosas, con lo que con carácter general es siempre más beneficioso y eficiente el acudir a las vías del Estado”, dijo, para defender de nuevo estos mecanismos y la “solidaridad entre administraciones”.