Los fiscales piden más prevención y vigilancia en zonas de elevado riesgo de incendios, como León
Los fiscales de incendios forestales de la Comunidad han pedido tanto a los ayuntamientos como al Seprona la adopción de medidas preventivas y que se intensifique la vigilancia en las zonas de elevado riesgo de incendios, en especial en los momentos de mayor peligrosidad y en provincias que, como León, se llevan estadísticamente la palma todos los años.
Estas han sido algunas de las peticiones que pusieron sobre la mesa en la reunión convocada por la fiscal superior de la Comunidad para fijar las pautas comunes de actuación para la actual campaña de incendios forestales.
En este encuentro decidieron dirigirse a las delegaciones territoriales de medio ambiente de la Junta de cada provincia y a los ayuntamientos para que adopten “medidas adecuadas” en relación a los puntos señalados como de alto riesgo, como es el caso de vertederos, líneas eléctricas, líneas de ferrocarril, zonas recreativas, zonas de campamentos infantiles y juveniles o terrenos forestales de riesgo.
También se dirigieron al Seprona para que intensifique sus funciones de vigilancia y control en los momentos y lugares de mayor riesgo, así como que los atestados que impliquen riesgo de incendio forestal sean remitidos a la Fiscalía de Medio Ambiente de cada una de las provincias, incluidos los atestados en los que no hay autor conocido para disponer de una información “global” que permita hacer una valoración que sirva en el futuro para impulsar actuaciones que eviten la provocación de nuevos incendios.
Los fiscales valoraron las actuaciones en relación a construcciones ilegales en suelo no urbanizable de carácter forestal, así como la conducta de quema de pelusas, una práctica que puede tener “graves consecuencias”, además de que pueden ser constitutivas de delito de incendio castigado con elevadas penas privativas de libertad según las circunstancias, el lugar, el riesgo para las personas o la afectación a masas forestales.
El año pasado el Ministerio Fiscal abrió 115 diligencias de investigación en Castilla y León frente a las 84 de un año antes, lo que supuso un incremento del 37 por ciento. De ellas, 27 lo fueron por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente; 26 por delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo; 12 por delitos sobre el patrimonio histórico; 23 por delitos sobre la protección de la flora y la fauna; 20 por incendios forestales y siete por malos tratos a animales domésticos.
Un 27% menos sentencias en 2018
Además, se incoaron 306 nuevos procedimientos, es decir, un 2,6 por ciento más que en el año 2017, cuando se incoaron 298. Se formularon 50 escritos de acusación por parte de la Fiscalía, un 5,6 por ciento menos, y el delito más calificado fue el de protección de la flora y la fauna. En cuanto al número de sentencias en 2019, se dictaron 70 frente a las 89 del año anterior, lo que supuso un descenso del 27 por ciento. De ellas, 45 fueron condenatorias frente a las 66 del año 2017, y 25 absolutorias.
El año pasado no se produjeron grandes incendios forestales y fue muy notable el número de fuegos, algo que se atribuyó fundamentalmente a las condiciones meteorológicas favorables existentes, con un invierno más frío y húmedo de lo normal, una primavera fría y extremadamente húmeda, y un verano no excesivamente caluroso. El más importante, de hecho el tercero mayor a nivel nacional, se produjo el 12 de mayo en Santa Colomba de Curueño, en la provincia de León, que afectó a 645 hectáreas de monte y monte bajo, probablemente intencionado.
