Afiliados de Ciudadanos recurren el archivo del ‘pucherazo’ de Castilla y León
El grupo de afiliados de Ciudadanos en Burgos que llevó el pucherazo de las primarias del partido en Castilla y León a un juzgado tras archivar el caso la Fiscalía de Valladolid ha recurrido el sobreseimiento provisional de la causa, que se produjo el pasado 11 de noviembre. Los denunciantes han formulado un recurso de reforma, al que ha tenido acceso elDiario.es, basado fundamentalmente en la falta de diligencias de investigación y también en un informe de la UDEF en Murcia que apunta a que la empresa de peritajes informáticos Lazarus Technology SL, contratada por Ciudadanos para investigar lo ocurrido tanto en la Comunidad de Murcia como en la de Castilla y León, no habría jugado limpio.
El sistema telemático de voto de Ciudadanos quedó seriamente tocado tras el proceso de primarias en Castilla y León en marzo de 2019, cuando militantes cercanos al hoy vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, descubrieron que se habían validado más votos que votantes y que todos los votos de más correspondían a la candidata del aparato, la expresidenta de las Cortes, Silvia Clemente a quien se consideró vencedora hasta que se descubrió el pucherazo.
“La única diligencia practicada desde la incoación de las diligencias previas, es la contenida en la Providencia de fecha 25 de septiembre pasado en la que se acuerda dar traslado al Ministerio fiscal a fin de que informe si se siguen diligencias de investigación por los mismos hechos y estado de las mismas”, argumentan los denunciantes en el recurso. Según ellos, el juez instructor ha archivado la causa “sin practicar diligencia alguna, y basándose únicamente en el parecer de la Fiscalía” de Valladolid, que archivó su propia investigación el pasado 10 de marzo. Lazarus explicaba en su informe que no hubo intención de alterar el sistema sino una serie de cliqueos de más cuando los afiliados emitían su voto. Curiosamente, el exceso de clicks sólo se produjo a favor de Clemente y en horas intempestivas, en plena madrugada.
Las diligencias abiertas por la Fiscalía partieron de una denuncia anónima, por lo que consideran que “no parece procedente” que el instructor base su decisión en los razonamientos efectuados por el Ministerio Fiscal respecto de una denuncia distinta y que no se acompañó de documentación alguna. El archivo de la Fiscalía es irrecurrible, sostienen, pero “precisamente por la posibilidad de formular denuncia ante el Juez de instrucción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. A pesar de ello, el juez archiva las actuaciones basándose en el archivo anterior del Ministerio Fiscal, por lo que se entra en un “círculo vicioso” que causa “grave indefensión a los denunciantes”.
Lo que piden, por tanto es que el juez acuerde la práctica de diligencias “a fin de tener un conocimiento directo e inmediato” de las circunstancias contenidas en la denuncia de los afiliados, tal y como establece el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además de las diligencias que se pedían en la propia denuncia, los afiliados consideran que los peritos informáticos de Lazarus deberían ratificar su informe ante el juez. Así, recuerdan que la Fiscalía de Valladolid entendió que hubo una conducta intencionada con el fin de engañar al sistema telemático y de alterar la elección del candidato, pero consideró que ello no era suficiente para determinar que se ha producido un delito informático porque “el informe técnico descarta injerencia o manipulaciones externas en los servidores”.
Los denunciantes recuerdan, en contraposición a lo que estimó la Fiscalía, que en la denuncia era Silvia Clemente, candidata oficial del partido, la destinataria de los 82 votos fraudulentos y que “aunque no pueda señalarse en estos momentos a las personas autoras materiales de la manipulación informática, lo cierto es que actuaron en interés de un candidato concreto, en este caso Silvia Clemente, y, por tanto, siguiendo instrucciones del aparato y/o de esta última”.
Pero, además, señalan que informe en el que basó la Fiscalía su archivo, ha sido elaborado por una empresa contratada por el partido Ciudadanos, lo que pone en entredicho su imparcialidad. “No es de recibo que se dé total carta de naturaleza a una prueba pericial contratada, costeada y presentada por quien puede ser el autor de los hechos”, afirman. Según su parecer, “es totalmente compatible la inexistencia de injerencias o manipulaciones externas, con la comisión de los delitos por parte de miembros del propio partido, es decir, cuando se han cometido desde dentro del sistema”. Para apuntalar esta acusación, señalan que es el partido quien conoce su sistema y “sus puertas traseras”, quien maneja los usuarios y contraseñas de todos los afiliados; quien tiene los datos sobre afiliados de baja y de otras comunidades y que en suma es el aparato del partido quien controla todo el sistema de votación. Por otro lado, Ciudadanos no contó con un auditor externo que controlase el proceso de las votaciones, sino que se contrató tras producirse el pucherazo.
El informe de Lazarus no ha sido ratificado ante un juez y por tanto no se ha podido someter a aclaraciones y ampliaciones a los peritos que lo elaboraron. Pero, además, la Fiscalía dijo en su informe que en todo caso se estaría ante una “tentativa inidónea impune”, una figura jurídica para referirse al intento de cometer actos propios del tipo penal pero con un resultado que no se produce porque existe algún medio que no es el adecuado. Los denunciantes no comparten esa apreciación puesto que, aunque el resultado -la victoria de clemente- se rectificase en última instancia la conducta delictiva se había producido y es “de extrema gravedad, por más que el ministerio público no lo considere así”. Recuerdan que se manipuló el sistema de votación, que se alteró la voluntad de los afiliados y que se interfirió en un proceso democrático interno del partido y, con ello, en otro público posterior.
La UDEF de Murcia: “Hay una falta absoluta de colaboración real por parte de Ciudadanos y Lazarus, que actúan de manera conjunta”
Por ello, piden que se revoque el auto y que se dicte otro en el que se acuerde continuar con la investigación y diligencias como la la ratificación del informe pericial informático. Además, el recurso ha sido ampliado hace unos días con el oficio remitido por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Murcia, por el que se da respuesta al Juzgado de Instrucción no 5 de Cartagena, que investiga el pucherazo de las primarias de Ciudadanos en Murcia. En él, la Policía informa al juzgado de que Lazarus Technology no está llevando a cabo lo que se le ha requerido judicialmente, sino lo que le encargó directamente Ciudadanos cuando se denunció el pucherazo. Tanto en el caso de Castilla y León como en el de Murcia, el partido actuó de la misma manera, contratando los servicios de Lazarus, que es quien a posteriori los facilita a los respectivos juzgados o fiscalías. “A juicio de este Grupo”, dice la Udef, “Lazarus Technology está tratando de derivar la cuestión por derroteros técnicos que se han visto frustrados al perderse las IPs por dilación en la respuesta”, aseguran al juez. Pero es que además consideran que la empresa se centra en “cuestiones superfluas donde jamás conecta las ID de usuario de los votos emitidos con los votantes reales (nombre y apellidos), ya que de facilitar tal conexión, se podría comprobar directamente con el votante concreto si realmente emitió tales votos”.
Pero aún va más allá, con un párrafo demoledor: “Ante la denuncia que inicia toda esta investigación, las averiguaciones realizadas hasta la fecha, y la falta absoluta de colaboración real por parte de Ciudadanos y de la empresa Lazarus Technology, que actúan de manera conjunta, se extraen indicios racionales de que está ocultándose un fraude en la votación”.
Dada la conexión entre los procedimientos penales de Murcia y Castilla y León, y “a los efectos de desautorizar el contenido del informe pericial aportado por Ciudadanos y elaborado por Lazarus Technology, S.L”, los denunciantes han incorporado el informe policial y pide que se de traslado del mismo al Ministerio Fiscal. Por último, solicitan que se oficie al Grupo d Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valladolid, para que, con remisión del informe de Lazarus Technology, S.L. obrante en las actuaciones, elabore informe sobre su contenido, sobre si el mismo responde a lo requerido por la Fiscalía en su día y si el mismo resulta útil para la investigación de los hechos denunciados.
