Agentes sociales y la Administración autonómica arrancan el diálogo más social de la historia
Los agentes sociales y la Administración autonómica arrancan este lunes, 28 de septiembre, el proceso de diálogo con mayor carga social de la historia que en Castilla y León dura ya 15 años y que pretende culminarse antes de finalizar el año con cuestiones como la ampliación de los beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía, la política de alquiler y el parque público de vivienda y los planes de empleo como principales retos.
Más allá de los contenidos, la estrategia de los agentes sociales pasa por que en esta ocasión el documento que hayan de firmar con los posibles acuerdos incluya también un calendario específico y claro de aplicación de cada una de las medidas que se adopten, con el fin de garantizarse que los distintos compromisos se trasladen efectivamente, y sin problemas, al Boletín Oficial de Castilla y León, según informaron a la agencia Ical fuentes del Consejo de Diálogo Social.
La Comisión Permanente del Diálogo Social se reúne mañana para dar el pistoletazo de salida a una negociación que se estructurará en tres grandes bloques: empleo, políticas industriales y política social. En el primer bloque, los agentes sociales pretenden abordar cuestiones como los distintos planes de empleo, tanto autonómicos como locales y provinciales y ligar la cuestión a un desarrollo de la estructura del diálogo social en el territorio para que el diálogo en el ámbito de la Comunidad tenga su réplica en las provincias y en las principales ciudades. Asimismo, en este bloque se incluirán cuestiones como los fondos destinados a evitar o paliar los efectos de los ERES, cuestiones sobre políticas activas de empleo y formación.
En el apartado de las políticas industriales, el Diálogo Social pretende abordar el desarrollo del III Acuerdo Marco para la competitividad y la innovación, cuyas líneas generales se definieron en 2014 y que tiene vigencia hasta 2020, así como la elaboración del Plan Director de Industria de Castilla y León.
Sin embargo, es en el ámbito social donde tienen previsto un diálogo más ambicioso ya que se pondrá sobre la mesa una reforma de las condiciones para el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía, una cuestión que los sindicatos quieren blindar con cambios legales para que quede recogido como un derecho subjetivo y, por lo tanto, de obligada prestación para la Junta, frente a la situación actual en la que se reconoce una mera prestación pública. Asimismo, está previsto que esta mesa aborde cuestiones relacionadas con las prestaciones de la Ley de Dependencia.
En este bloque de negociación se incorporarán también a la agenda cambios significativos en la política de vivienda que incluyen tanto los criterios y dotaciones en las ayudas al alquiler como la creación de un parque público de viviendas en la Comunidad.
Con este temario en sus carpetas, los sindicatos presentes en el Diálogo Social pretenden modificar algunos aspectos de los posibles acuerdos para que queden recogidos perfectamente y con fecha concreta los plazos para la puesta en marcha de cada una de las medidas. “El año pasado el diálogo fue fluido y muy rápido, pero otra cosa es que a la hora de poner en marcha algunas líneas aparecieron problemas y dificultades, por lo que esta vez queremos imprimirle otro planteamiento”, aseguraron fuentes sindicales. En este sentido, valoran que en la negociación, junto con el viceconsejero de Empleo, Mariano Gredilla, que coordinará el día a día, se incluya también al secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, Javier de Andrés, que de este modo garantizará las consignaciones presupuestarias.
Sin embargo, el principal objetivo del proceso será el empleo y la cimentación de iniciativas para reducir el número de parados. “Castilla y León tiene un 19 por ciento de desempleo y eso se tiene que resolver en esta legislatura”, aseguran fuentes de UGT, que sostienen que el compromiso debe exigírselo a la Administración autonómica, pero también a las locales y provinciales, “que representan el 30 por ciento del estado y tienen que contribuir a resolver estas necesidades”.
En la misma línea, desde CCOO asegura que se abre un proceso “ilusionante” por las posibilidades que surgen para reforzar el sistema de protección social y por la posibilidad de diseñar las políticas que permitan una fuerte creación de empleo, “que es lo que necesita Castilla y León”, algo que, dicen, “es posible y factible”.
