Urgen que la Junta ponga más plazas de Infantil para niños de 0-3 años
El Procurador del Común ha emitido una resolución en la que insta a las consejerías de Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades a llevar a cabo los estudios oportunos para determinar las necesidades educativas de los menores de cero a tres años de la comunidad y, en función de la demanda existente para ese nivel, “adoptar las medidas oportunas para mejorar la oferta de plazas en las escuelas de Educación Infantil de primer ciclo de titularidad autonómica a favor de un incremento progresivo de la escolarización en este nivel educativo”.
La institución que dirige Javier Amoedo plantea que, si es necesario, se deberían coordinar las políticas de cooperación administrativa o con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. Ello, añade, sin perjuicio de las ayudas que pudieran concederse a aquellas familias que por una insuficiente oferta pública, deban acceder a recursos de carácter privado.
Además, plantea la conveniencia de que se valore la posibilidad de completar la orden que regula el proceso de admisión en las escuelas para cursar el primer ciclo de Educación Infantil en Castilla y León, para incorporar la situación de desempleo de los progenitores dentro de las circunstancias a valorar y puntuar en el baremo de la situación laboral, con la finalidad de garantizar el acceso igualitario para todos los niños a estos recursos, evitando así un trato diferente en las posibilidades de escolarización en esta etapa educativa.
En su resolución, argumenta que el criterio existente de valorar la situación laboral de los padres a la hora de conceder una plaza puede suponer un perjuicio para las familias cuyos progenitores están en paro y que sus hijos no puedan acceder en condiciones de igualdad a las escuelas de titularidad pública en la comunidad. Por ello, ve la necesidad de considerar la posibilidad de incluir la situación de desempleo dentro del baremo de valoración de la situación laboral de los progenitores.
Configurada la Educación Infantil como una etapa más del sistema educativo, apunta, la responsabilidad de la administración educativa en este ámbito “resulta ineludible, debiendo facilitar la escolarización de los niños cuyos padres se encuentren en situación de desempleo en condiciones de igualdad respecto a los que cuentan con una actividad laboral”.
Señala además que no pueden obviarse los inconvenientes que pueden surgir para esos padres a la hora de compatibilizar las exigencias derivadas de la permanencia en situación de desempleo, tales como la realización de cursos o programas de formación, con las propias responsabilidades familiares.
