La última treta judicial de Victorino Alonso para esquivar la cárcel y pagar por arrasar un yacimiento neolítico
El empresario minero leonés Victorino Alonso da una vuelta de tuerca al caso del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, en Aragón, al intentar conservar la finca de caza donde se ubicaba y por cuya destrucción fue condenado a 2 años de cárcel y a pagar una multa de 25 millones de euros.
La finca de caza estaba a nombre de una sociedad vinculada al propio Alonso, que fue condenada a pagar solidariamente los 25 millones de euros, pero el magnate minero intenta ahora una treta para quedarse la finca. Según informa Eldiarioaragón.es, Alonso ofrece ahora al Gobierno de Aragón la cueva para hacer frente a la responsabilidad civil y la valoran en casi 109 millones, cuando los mismos peritos la tasaron en menos de un millón en sede judicial.
Según la pretensión de Alonso, que denuncia la asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés)(Apudepa) que consiguió la condena tras una larga batalla judicial, “como consecuencia de las facilidades que se le están otorgando al reo por parte del Juzgado de Huesca, éste ha apoyado la tasación de tres arqueólogos que dicen que el valor arqueológico de los restos del expolio de la cueva ascienden a casi 109 millones de euros”, aunque la valoración del Gobierno de Aragón fue de 2,3 millones de euros y, además de la cueva, se incluía la finca de Bastarás de alrededor de 500 hectáreas.
Alonso ha ofrecido el yacimiento arrasado como pago de la condena, pero según fuentes jurídicas consultadas por eldiarioaragon.es, “el ofrecimiento inicial fue del yacimiento y las fincas del coto de caza, sobre las que pesa una sanción de retirada del vallado. La valoración que se hizo por el Departamento de Desarrollo Rural y Patrimonio del Gobierno de Aragón fue de unos 2,3 millones. Ahora, solo el yacimiento se valora en casi 109 millones por unos 'arqueólogos de prestigio' que desconocen que el yacimiento es 'de dominio público' porque lo dice la Ley de patrimonio cultural, es decir, ya es de titularidad pública, incluso aunque se encuentre en terrenos privados. Carece de sentido ofrecer como pago una cosa que no es de uno mismo. Lo único que podría ofrecer sería el terreno en el que se encuentra el yacimiento, y un acceso al mismo, pero eso no vale 109 millones, ni mucho menos”.
En el mes de marzo pasado la Audiencia Provincial de Huesca ratificó que Alonso no debía entrar en prisión por este atentado arqueológico ya que las anteriores condenas del empresario por fraude fiscal ocurrieron muchos años atrás, en concreto en diciembre de 1993, enero de 1994, diciembre de 1994 y enero y diciembre de 1996, y por lo tanto “cometidos 21 años antes”. Pero en septiembre de este año la Audiencia Provincial de León condenó a Alonso a dos años y medio de prisión, de los ocho que le pedía la Fiscalía, como autor responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por arrasar durante años un monte con la explotación minera a cielo abierto de El Feixolín en Laciana. Una condena no firme y recurrida.
El polémico empresario es 'insolvente'
Victorino Alonso pagará durante 3 años 17.538 de su pensión como su parte de la indemnización de los 25,5 millones de euros al ser considerado 'insolvente'. Actualmente jubilado el juzgado ratificó que debía realizar pagos parciales aunque distaran mucho de la cifra final de la condena.
La acusación popular de Apudepa solicitará al juzgado de lo penal de Huesca que se levante la suspensión de la condena que impuso a Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento de la cueva de Chaves e ingrese en prisión debido a la acumulación de condenas penales el empresario.
En sus redes sociales la entidad Apudepa asegura que el valor de la cueva arrasada es de cero euros ya que “A día de hoy no tiene restos arqueológicos reconocidos por los profesionales”. Recuerdan que “El nivel paleolítico se excavó hasta 1998 y del neolítico se excavaron solo 110 m2, el resto fue expoliado por su propietario en 2007”.
Alonso usó el coto de caza como dación en pago al Gobierno de Aragón para afrontar parte de esa multa. Pero el Gobierno aragonés no podrá tomar posesión de esa finca hasta el 2030, porque el coto de caza se alquiló meses antes de celebrarse el juicio contra él a una empresa con la que estaba vinculado, según publicó El Heraldo de Aragón. La jugada actual de Alonso es intentar mantener todo el coto de Caza menos la finca del yacimiento que valora en 109 millones aunque en el juicio los expertos aseguraron que apenas quedaban restos tras la 'limpieza' que hicieron bajo las órdenes de Alonso.
La Finca de Bastarás objeto de la polémica está situada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, en la provincia de Huesca, que fue creado en 1990 y ocupa una extensión de 47.453 hectáreas y 33.286 más de zona de protección.
