UGT y CCOO piden una mesa de la minería en Castilla y León que defienda el sector

CCOO y UGT en Castilla y León han remitido a todos los partidos con representación en las Cortes regionales un decálogo de propuestas para una legislatura que pretenden “arrancar” con la constitución de una mesa para el futuro del carbón y las cuencas mineras, integrada por representantes de todos los grupos, la Junta y los agentes económicos y sociales del Diálogo Social, para elaborar un posición de Comunidad que garantice la supervivencia del sector.

Los secretarios autonómicos de las centrales sindicales, Ángel Hernández y Agustín Prieto, respectivamente, presentaron hoy el documento y anunciaron que pedirán una reunión con la persona que sea investida presidente de Castilla y León, “cinco minutos después” de su toma de posesión, para debatir sus planteamientos. Hernández expuso, en este sentido, que “hubiese sido bueno tener despejada ya esta incógnita”, aunque asumió que “tres días más o menos no hubiesen solucionado nada”.

Hernández destacó que desde el respeto a las iniciativas que puedan adoptar las diferentes fuerzas políticas a título individual, lo cierto es que “la unión hace la fuerza y por separado aquí le zurran a cualquiera”, dijo. En este sentido, remarcó que el reto es crear un foro al estilo del que se constituyó para relanzar la automoción, y explicó que el reto es que se empiece a quemar carbón nacional; la elaboración de políticas para garantizar el futuro del sector más allá de 2018; y la elaboración de una plan de desarrollo económico de la cuencas mineras.

Prieto defendió que el carbón “es una riqueza bajo los pies de Castilla y León” y no se puede prescindir de su explotación. “Las cuencas no pueden quedar como un desierto industrial”, dijo, para razonar que “lejos de partidismos, es hora de que todos los representantes políticos se sienten con los agentes económicos y sociales para llegar a un acuerdo”. Para el dirigente de UGT, ésta es una “cuestión de primera importancia para esta Comunidad, que todo el mundo debería apoyar, tanto los neoliberales como los de izquierdas”.

Techo de gasto y equilibrio

Agustín Prieto abogó por un diálogo permanente con todo el arco parlamentario y demandó sensibilidad a los grupos para asumir sus planteamientos, no solo para el carbón, sino también en lo concerniente a implantar acuerdos de Comunidad sobre un suelo de gasto público y para corregir los desequilibrios territoriales.

En este sentido, los sindicatos quieren que se garantice por ley unos niveles presupuestarios adecuados para la prestación en educación, sanidad y servicios sociales, para que “no haya más recortes en el futuro”. Asimismo, reclaman más capacidad fiscal par elevar la recaudación y la progresividad, acompañado de una modificación del IRPF, la restitución del Impuesto de Sucesiones y Donaciones; y nuevos gravámenes a la viviendas vacías de entidades financieras y grandes superficies.

En materia territorial, reclaman un marco normativo que defina las unidades básicas de ordenación y servicios en el medio rural, con mapas centrados en el desarrollo económico y territorial; y la recuperación del plan de convergencia interior, con una dotación presupuestaria mínima.

Contra el paro y la pobreza

El decálogo introduce otras seis medidas del ámbito del Diálogo Social, que pretenden “eliminar el paro, la desigualdad y la pobreza que se asienta en grandes capas de la sociedad de Castilla y León”, dijo Prieto. En concreto, el documento demanda más presupuesto y programas para políticas activas de empleo por parte de todas las administraciones. Asimismo, los sindicatos quieren ampliar la Renta Garantizada de Ciudadanía; que sea compatible con otras prestaciones que no llegan a su cuantía; con el silencio administrativo en sentido positivo y la creación de la figura del defensor de esta prestación.

Otra demanda sindical pasa por una política de vivienda dirigida a evitar los deshaucios, , en la que también aparece como prioritaria la construcción de un parque público para el alquiler. Platean además en esta materia la creación de un nuevo derecho subjetivo de garantía básica de vivienda para familias y personas que no alcanzan el Salario mínimo Interprofesional.

CCOO y UGT también reclaman en su decálogo de legislatura que se recuperen los servicios públicos esenciales, con un aumento de las plantillas y los presupuestos, y el blindaje de la prestación pública frente a las privatizaciones tanto en sanidad como en educación. También reclaman que se refuerce el sistema de atención a la dependencia.

Cambio de modelo productivo

En materia económica, las centrales sindicales apuestan por un cambio del modelo productivo “dentro de un patrón sostenible y duradero”. Para ello, solicitan que se intensifique el gasto en I+D+i y un refuerzo presupuestario del III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial y la puesta en marcha del Plan director de Industria que tendrá que ser refrendado por las Cortes.

Asimismo, piden la creación de un Instituto de Finanzas de Castilla y León, que ponga disposición de las empresas desde el ámbito público, “toda una serie de productos financieros”. Hernández indicó que se trataría de un “ICO de Castilla y León” para financiar los proyectos empresariales y defendió este “instrumento financiero público” frente sus detractores porque “en España somos más papistas que el papa”, dijo, para recordar que en países como Francia, el Gobierno tiene una acción de oro en empresas como Renault y “nadie se lleva las manos a la cabeza”, en relación al intervencionismo y las reglas de la competencia.

Fortalecer el Diálogo Social

Por último, el décimo punto del decálogo apuesta por fortalecer el propio proceso del Diálogo Social en Castilla y León, extendiendo su protocolo a las nueve diputaciones provinciales y a los municipios de más de 20.000 habitantes.

Hernández expuso que el reto es que no se cambien las reglas del juego de los grandes servicios sociales que prestan y que están definidos de forma unitaria para todo el territorio; con las nuevas composiciones de las corporaciones tras las elecciones; y que “no se perviertan” sus objetivos y si se actúa sea para complementarlos y no generar agravios comparativos.