Los trabajadores del servicio de recogida de basuras de León suspenden la huelga de manera temporal

Vertedero provincial de San Román de la Vega

No habrá huelga del servicio provincial de recogida de basuras de León, al menos por ahora. Los trabajadores han votado a primera hora de esta mañana suspender la primera jornada de parón prevista para este mismo lunes. Lo han hecho en base al principio de acuerdo alcanzado este pasado domingo en el que el Consorcio Provincial de Recogida de Basuras, Gersul y el comité de empresa de la UTE Legio VII se comprometieron a llegar a un punto de encuentro económico que incluya la actualización de sus salarios, pendiente desde 2013, y que rondaría el total de los 5 millones de euros.

En asamblea y por unanimidad, los trabajadores de León y del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega han decidido ya dar un plazo de unas semanas en el que esperan que sus peticiones puedan quedar resueltas. Está previsto que los de Ponferrada hagan lo propio a lo largo de la mañana.

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ya adelantaba este pasado domingo durante su participación en la Fiesta de la Rosa del PSOE de Ponferrada la aprobación de una partida de dos millones de euros para que la concesionaria pueda abonar a la plantilla de 161 empleados las cantidades que se les adeudan desde hace casi una década y que ascienden a unos 1,7 millones, según sus cálculos.

Gersul maneja actualmente el sexto mayor presupuesto público de la provincia de León, solo por detrás de la Diputación, la Universidad y los ayuntamientos de León, Ponferrada y San Andrés. Cuenta este 2022 con 19,1 millones de euros y solo 4 trabajadores fijos. La mayor parte de su cuenta es para pagar los servicios de la UTE Legio VII que forman los gigantes empresariales FCC y Urbaser, con constantes disputas sobre las facturas que estos presentan.

La web de Gersul es un perfecto mal ejemplo de la falta de transparencia de algunas instituciones, donde no se pueden localizar ni presupuestos ni ningún dato esencial a los que obligan las leyes de transparencia nacional y autonómica. Su opacidad es legendaria y pese al cambio de gobierno efectuado en 2019 las formas de funcionamiento han seguido siendo similares en cuanto a épocas anteriores.

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