Suspenden cautelarmente los bandos de Diez que amparaban las restricciones al tráfico en calles peatonalizadas de León
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha suspendido cautelarmente los Bandos de Alcaldía firmados por el regidor de la capital leonesa, José Antonio Diez, que amparaban las restricciones de tráfico en nuevas calles peatonalizadas en el centro de la ciudad. Los tribunales dan así la razón al Grupo Municipal Popular, que pide paralizar la ordenanza de movilidad que se estaba tramitando y abrir un nuevo proceso para definir la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al tiempo que exige la asunción de responsabilidades políticas. “Si el alcalde fuera el máximo responsable de una empresa, ya estaría despedido”, dijo este miércoles al dar a conocer el pronunciamiento judicial el portavoz popular, David Fernández. El equipo de Gobierno, por su parte, ya ha avanzado que mantendrá su hoja de ruta y llevará
La sentencia deviene del recurso contencioso presentado el pasado mes de enero por el PP para impugnar los Bandos de Alcaldía en los que se establecía una nueva regulación para calles peatonalizadas en los últimos tiempos y pedir su suspensión cautelar. Denegadas en primera instancia en un auto que los populares tachan de “desconcertante”, ahora son reconocidas por el TSJ a través de una sentencia contra la que se puede presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días.
En su valoración política, el PP califica la sentencia como un “golpe rotundo de realidad a la soberbia habitual del alcalde y una enmienda a la totalidad al proyecto estrella de este mandato”. Y es que el portavoz popular habla de una Zona de Bajas Emisiones “mal planteada”, “improvisada” y sin “soporte jurídico”, con “mucho de ideología y capricho” a través de bandos que tachó de “atajo torticero” y por la vía de peatonalizaciones como las acometidas en calles del centro de la ciudad como San Agustín, Alfonso V o Gil y Carrasco. Se trata, remachó, de proyectos “personalísimos” cuyas consecuencias se dejan notar en el centro con un “tráfico colapsado” y donde “aparcar es imposible”.
Ahora, de forma inmediata, el PP exige a Diez que “acate la decisión judicial y revierta el uso de las vías al estipulado en el contrato de obras de adecuación de las mismas: el calmado de tráfico que permita la convivencia entre viandantes y vehículos con una velocidad de circulación limitada a 10 kilómetros por hora”. A continuación, reclama la paralización de la tramitación de la nueva ordenanza de movilidad, por su contenido relativo a la ZBE, hasta retirar el punto de la sesión plenaria de esta semana. El siguiente paso, según los populares, pasaría por abrir un nuevo procedimiento con un debate “sosegado” y alejado de los “caprichos personales del alcalde”. Fernández concluyó exigiendo “responsabilidades y disculpas por la grave ilegalidad cometida” a pesar de las advertencias políticas y del Procurador del Común, que ya el pasado diciembre alertó de posibles ilegalidades e instó a revertir la situación.
La sentencia apenas unos días después de que el propio Grupo Popular achacara a José Antonio Diez "descontrol" por no aclarar si las cámaras ubicadas en las calles peatonalizadas comenzarían ya a multar el pasado viernes. Con este fallo judicial en las manos, el portavoz del PP ahondó en sus críticas al regidor sin dejar de pasar la ocasión para afear el papel de la Unión del Pueblo Leonés, “colaborador fiel” del Ejecutivo municipal al “meter en un cajón” una moción presentada en diciembre por los populares para buscar alternativas. “A ver si UPL, que se dice oposición pero que son dóciles socios de gobierno y cooperantes en la sombra de esta chapuza legal, se pone, de una vez por todas, serio con el alcalde y no repite papelones como el de llegar a tachar de negligente la gestión del alcalde un día y al día siguiente abstenerse de su reprobación”, añadió.
“No entra en el fondo”, se defiende al Ejecutivo municipal
El equipo de Gobierno no ha tardado en contestar. Y lo ha hecho confirmando que llevará este viernes a la sesión plenaria ordinaria la aprobación inicial de la ordenanza municipal al sostener que “las medidas cautelares planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no tienen ningún efecto práctico puesto que actualmente el Consistorio no ha impuesto ninguna sanción”.
“El Ayuntamiento de León se ha limitado a cumplir con la normativa actual, aprobada en 2006 por el PP, en la que se permite regular zonas peatonales a través de un bando”, añade el Ejecutivo municipal para avalar la importancia de aprobar la ordenanza de movilidad como herramienta para “regular los accesos a las nuevas calles peatonales así como a la Zona de Bajas Emisiones”.
Asimismo, el Ejecutivo municipal limita los efectos de la sentencia al hablar de una medida cautelar que “no entra en el fondo del asunto”. Y alude a la judicialización consecuencia del contencioso presentado por el PP para señalar que, “por un principio de seguridad jurídica”, se aplazó la aplicación de medidas hasta conocer la posición del TSJ.
“Ahora mismo estamos trabajando en sacar adelante la ordenanza elaborada por los técnicos y que cuenta con aportaciones efectuadas por la Unión del Pueblo Leonés”, dijo el concejal de Movilidad, Vicente Canuria. Con la aprobación inicial de esta herramienta este viernes, el Ayuntamiento espera que pueda entrar en vigor el próximo otoño hasta “dar cumplimiento, también, a la normativa europea en materia de movilidad y reducción de la contaminación en áreas urbanas”.
“Este equipo de Gobierno sigue con su plan de hacer de León una ciudad mejor que, además, cumpla con las normativas europeas para la reducción de la contaminación en las ciudades y la mejora de la calidad de vida de los residentes, una ciudad más sostenible, más accesible, más saludable y más cómoda para todos. Una ciudad del siglo XXI acorde a los modelos europeos. León ya ha iniciado ese camino de modernidad y en él seguimos”, ha expresado Canuria, quien, además, ha incidido en que se trata de poner en marcha para las nuevas zonas peatonales “las mismas medidas que llevan ya dos décadas funcionando en el casco histórico, con accesos permitidos a residentes, reparto y servicios de emergencia, entre otros permisos otorgados”.
